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Ven delitos aislados

No existe “mafia inmobiliaria”, opina un jurista

En Yucatán no existe una “mafia inmobiliaria”, entendida ésta como un grupo criminal organizado, dedicado a la falsificación de documentos para la apropiación ilegal de predios, sino hechos delictivos aislados, dice el expresidente del Consejo de Notarios, Rubén Bolio Pastrana.

Sin embargo, reconoce que éstos hechos son cada vez más frecuentes, sobre todo en los últimos meses, “pues hace dos o tres años eran fenómenos excepcionales”.

En la cuarta y última parte de la entrevista que concedió al Diario, el reconocido abogado afirma que para frenar el aumento de esta práctica es necesario acelerar la firma de un convenio entre el Consejo de Notarios y el Instituto Nacional Electoral (INE), a fin de verificar la autenticidad de las credenciales de elector, cuya falsificación ha sido el principal instrumento usado por las personas que se apropian ilegalmente de predios.

En las entregas anteriores, Bolio Pastrana advirtió que el gobierno del estado había cometido un “error garrafal” en diciembre pasado, al modificar el Reglamento de la Ley del Notariado de Yucatán, pero sin derogar el artículo 37 de ese ordenamiento, que permite a los fedatarios firmar escrituras sin que los comparecientes se identifiquen con documentos oficiales, lo que deja abierta la puerta para que se sigan cometiendo los fraudes inmobiliarios. Este artículo se contrapone al artículo 49, incluido en la última reforma a la Ley del Notariado, que obliga a los notarios a cerciorarse, por diversos medios, de la identidad de las personas que comparecen ante él.

Según Bolio Pastrana, el gobierno pudo haber derogado el artículo 37, pero “inexplicablemente no lo hizo”.

Sobre este asunto, el entrevistado pide precisar que sus declaraciones sobre este tema no buscan criticar al gobierno, sino contribuir de buena fe a mejorar el servicio notarial en el estado.

Arancel de Notarios

En este sentido, el Abog. Bolio Pastrana también se refiere a otro ordenamiento que merece ser derogado o actualizado: el Arancel de Notarios y Escribanos Públicos, que data del 20 de mayo de 1939, y que es el único que existe sobre la materia y que, por lo tanto, sería supuestamente obligatorio.

Pero esta disposición es de risa, dice el entrevistado, porque, por ejemplo, establece que el notario debe cobrar diez pesos por la celebración de un contrato que no exceda de $500.

Respecto a la llamada “mafia inmobiliaria”, Bolio Pastrana, ex presidente del Colegio de Abogados de Yucatán y litigante con una larga trayectoria, afirma que no cree en la existencia de esa mafia, como “una asociación delictuosa, formada para llevar al cabo el despojo de bienes inmuebles, sino que son circunstancias, ciertas personas sin escrúpulos que lo hacen para ganar dinero, pero no como parte de una organización”.

“No es lo que técnicamente podemos llamar un grupo delictivo formal, una mafia dedicada a eso”, señala, aunque no duda que haya falsificación de documentos de identidad y de actas notariales y que existan notarios “descuidados, por llamarlos de algún modo”.

No podemos ocultar ese hecho, aunque “la verdad de las cosas”, añade, “es que yo creo que la Fiscalía General del Estado no le ha dado la importancia que tienen a las denuncias de despojo de predios con falsificación de documentos, donde se involucran a notarios públicos, abogados y otras personas, ya que es deber de esa dependencia investigar y deslindar responsabilidades”.

De acuerdo con Bolio Pastrana, para frenar la proliferación de falsificación de documentos de identidad, es necesario, entre otras cosas, tener la certeza de la autenticidad de esos documentos, principalmente de la credencial de elector y por eso urge firmar un convenio con el Instituto Nacional Electoral (INE).

Convenio

El decreto 650 por el que se modifica la Ley del Notariado de Yucatán, indica Bolio Pastrana, establece que “el Consejo de Notarios procurará celebrar un convenio de colaboración con el INE, a efecto de que los fedatarios públicos puedan cerciorarse de la identidad de las personas que comparezcan ante su fe, utilizando métodos de reconocimiento y comparación de patrones, con la información biométrica recaba por el Instituto”.

No obstante que ese decreto se emitió desde agosto de 2018, hasta ahora, señala Bolio Pastrana, “no conocemos con exactitud cómo los notarios tendremos la seguridad de que la persona que comparece ante nosotros es quien dice ser”.

Hasta donde se ha publicado, añade, sabemos que podremos autentificar las credenciales de elector con el INE, con los datos que aparecen en esa credencial. Empero, hay casos en que esa credencial tiene los datos correctos, pero una fotografía distinta a la original, por lo que ese convenio, para que sea completo, afirma, deberá cotejar la credencial que se presenta ante el notario con la que tiene el INE y no solo verificar los datos, sino cotejar los documentos y esto aún no está claro si va a suceder, dice.— HERNÁN CASARES CÁMARA

 

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