“Acuerdo conlleva riesgos”: IMEF sobre el blindado de megaproyectos

IMEF: La calidad será sacrificada por la premura
miércoles, 24 de noviembre de 2021 · 06:00

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal y EFE).— Al referirse al decreto oficial que blinda megaproyectos, el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) ponderó que acelerar las autorizaciones sin el debido tiempo y profundidad para la evaluación de los proyectos de infraestructura, eleva el riesgo de privilegiar la velocidad de su ejecución por sobre su calidad y sobre la viabilidad misma del proyecto en el mediano plazo.

Ello podría reducir su efectividad para generar el impacto económico y social deseados, lo que a la vez disminuiría la eficiencia en el uso de los recursos públicos, sentenció la instancia.

El lunes, en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación (DOF) apareció un acuerdo “en relación con los proyectos y obras del Gobierno de México considerados de interés público y seguridad nacional, así como prioritarios y estratégicos para el desarrollo nacional”.

IMEF pide al Gobierno de México reevaluar los riesgos

Sobre el tema, el IMEF consideró que la falta de procedimientos y la clasificación de proyectos de índole económica como proyectos de seguridad nacional o interés público atenta contra la transparencia y la rendición de cuentas.

En ese contexto, el IMEF se pronunció a favor de cualquier iniciativa de política pública que impulse el desarrollo económico, el interés público y proteja la seguridad nacional.

Por ello, exhortó respetuosamente al gobierno federal para reevaluar los riesgos y posibles impactos negativos del acuerdo; mediante el cual se instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a otorgar en un plazo de máximo cinco días hábiles la autorización provisional.

Los ejecutivos de finanzas del país expresaron su preocupación por el contenido del Acuerdo, al explicar que la seguridad nacional y el desarrollo económico son objetivos complementarios, pero diferentes.

“No pueden igualarse los procedimientos de gestión de riesgos a la seguridad del país con la evaluación de proyectos de infraestructura, cuyo objetivo es el impacto económico y social”, afirmaron.

López Obrador defiende su postura

Al respecto, el presidente López Obrador aseguró que el Acuerdo sirve simplemente “para agilizar trámites”, y no para evitar la rendición de cuentas. “Ni siquiera es un decreto, es un acuerdo interno para facilitar, y que podamos terminar las obras”, dijo ayer el mandatario en rueda de prensa.

El acuerdo ha sido rápidamente tachado por la oposición de incentivar la opacidad, mientras que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) anunció que ya está analizando si “vulnera el derecho de acceso a la información”.

Además, José Miguel Vivanco, director ejecutivo de Human Rights Watch (HRW) para las Américas, denunció en Twitter que “cada día es más evidente que López Obrador cree estar por encima de la ley”.

“Ordenó por decreto, que todos sus proyectos favoritos reciban permisos; sin cumplir con los estudios requeridos y que sean considerados ‘de seguridad nacional’, exentos de la ley de transparencia”, advirtió.

A su vez, la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) dijo que el acuerdo “es violatorio” a la Constitución y contra la libre competencia; “restando transparencia a las acciones gubernamentales y generando suspicacia sobre posibles actos de corrupción y promoción de intereses personales”,

Rechazo del CCE

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) opinó que el acuerdo “no está debidamente fundamentado ni motivado, además de que excede la ley en la definición de seguridad nacional, es violatorio de diversas leyes e invade las facultades del Poder Legislativo”.

“El acuerdo transgrede los derechos humanos, el medio ambiente, la transparencia y acceso a la información pública, la competencia; la división de poderes, el uso eficiente de los recursos públicos y la lucha contra la corrupción”.

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