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Vandalizan sede militar: segundo día de lucha de padres de 43 normalistas

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CIUDAD DE MËXICO (EFE).— Padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos desde 2014 en Guerrero vandalizaron ayer instalaciones de la Marina, durante su segundo día de las jornadas de lucha para exigir al gobierno el avance de las investigaciones por el caso.

Tras comenzar con su marcha en Acapulco, los padres de los jóvenes, junto con alrededor de 500 estudiantes de diferentes escuelas rurales del país, se dirigieron a las instalaciones de Octava Región Naval para exigir la entrega de los archivos de la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre del 2014, fecha en que los jóvenes desaparecieron en Iguala.

Como no tuvieron una respuesta favorable, un padre de familia y un miembro del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa la Parota abrieron a la fuerza las puertas de la base naval, logrando acceder a dichas instalaciones.

Entre los reclamos, un grupo de marinos prepararon sus armas para disparar para evitar que siguieran avanzando los manifestantes, pero minutos después los militares fueron sustituidos por efectivos de la policía antimotines.

“Prefiero morir de pie, que vivir toda una vida de rodillas”, “Nos faltan 43” y “26 de septiembre no se olvida” fueron algunas consignas que los estudiantes pintaron en las instalaciones.

El abogado de los padres de los estudiantes desaparecidos, Vidulfo Rosales, pidió hablar con el comandante y poder acceder a los archivos de la Marina para tener más información en relación con los 43 normalistas, pero se le negó la solicitud.

Dentro de la manifestación también se incorporaron los maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (Ceteg), así como asociaciones que buscan a personas desaparecidas en el estado.

El 26 de septiembre de 2014, estudiantes de la escuela para maestros rurales de Ayotzinapa fueron detenidos y desaparecidos cuando se dirigían a Ciudad de México con el objetivo de participar en una manifestación por el 2 de octubre.

Según la polémica versión del Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), la llamada "verdad histórica", los estudiantes fueron entregados al cartel Guerreros Unidos, que los asesinó e incineró en el basurero de Cocula y tiró los restos en el río San Juan.