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Campesinos denuncian que el gobierno federal busca privatizar las tierras

Un cultivo de maíz en Oaxaca. Organizaciones civiles y campesinas de esa entidad denuncian que el gobierno federal busca privatizar las tierras de uso común (Notimex)
Un cultivo de maíz en Oaxaca. Organizaciones civiles y campesinas de esa entidad denuncian que el gobierno federal busca privatizar las tierras de uso común (Notimex)

OAXACA.- Organizaciones civiles y campesinas denunciaron que el programa federal “Sembrando vida” busca dividir las tierras de uso común para sentar las bases de su futura privatización.

Esto, señalaron, mediante la erosión del tejido social y propiciado por la toma de decisiones en pequeños grupos que ignoran la existencia de las asambleas comunitarias.

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“Asimismo, lo vemos como impulso al establecimiento de plantaciones comerciales que pretenden sustituir los espacios donde se siembra la milpa”, señalaron.

Advierten de “biopiratería”

El Espacio Estatal en Defensa del Maíz Nativo de Oaxaca exigió al gobierno mexicano que deje de simular que apoya al campo.

Mejor deje en manos de los indígenas y campesinos las decisiones para que produzcan sus propios alimentos, apuntó.

Los grupos denunciaron que científicos norteamericanos, de 2006 a 2015, realizaron biopiratería con las características genéticas del maíz olotón, el cual se sustrajo de la comunidad mixe de Totontepec.

Durante una reunión el 27 y 28 de septiembre, los representantes de este organismo explicaron que bajo el disfraz de la ciencia y el desarrollo, los científicos de la Universidad de California y Wisconsin trabajan al servicio de la empresa Mars Inc.

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Esos especialistas cometieron una serie de agravios a comunidades indígenas mesoamericanas, apuntaron.

Preocupados por posibles despojos

Tales daños desembocaron en la solicitud de patentar características genéticas derivadas de esta especie de maíz que se nombra “olotón”, cuya existencia está documentada desde los años 50 en Guatemala y México.

“Vemos con preocupación los ordenamientos internacionales a los que México está empujado a ratificar, como el Protocolo de Nagoya sobre acceso a recursos genéticos, y el Convenio de la Unión Internacional para la Protección a las Obtenciones Vegetales, convenidos en el nuevo Tratado comercial con Estados Unidos y Canadá (T-MEC)”, declararon.

“Son instrumentos que legitiman el despojo de los recursos genéticos bajo un supuesto reparto de beneficios, por un lado, y por el otro la criminalización del libre intercambio de semillas para favorecer el interés de las empresas transnacionales”.

“Menosprecian que el maíz es una creación mesoamericana que tardó miles de años en producirse, y que ahora quieren apropiarse para lucrar”.

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Para ellos, esto fue un acto de biopiratería y aseguraron que los científicos de estas universidades no realizaron ningún descubrimiento.

Solo pretenden apropiarse de sus saberes ancestrales, “mostrando un desconocimiento y menosprecio de la ciencia tradicional que actualmente en nuestras comunidades se expresa como costumbre”, señalaron.

El maíz, ¿privatizado?

Los participantes en este evento sobre el maíz comunal indicaron que el trabajo en la milpa siempre ha contribuido a enfriar el planeta.

A su decir, la tecnología occidental les permite saber que el maíz olotón se alimenta del nitrógeno que capturan las bacterias que viven en el mucílago que segregan sus raíces.

Pueden manipular esta cualidad para disminuir el uso de fertilizantes hechos a base de petróleo.

Sin embargo, eso “no les da derecho a apropiarse de este conocimiento milenario, que desde la perspectiva indígena debe seguir en manos de quienes trabajan la tierra para producir sus alimentos”.

Los integrantes de esta organización también hablaron sobre las políticas públicas que el presidente Andrés Manuel López Obrador está impulsando para el campo mexicano.

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Ven con desagrado que se utilizan “políticas paternalistas con el disfraz del combate a la pobreza” para individualizar la entrega de recursos mínimos a los campesinos.

En su opinión, esto propicia la desintegración del tejido comunitario, al mismo tiempo que asestan un golpe a los derechos colectivos de los pueblos indígenas.

“Así, mientras que se promete reconocer la libre determinación de los pueblos indígenas, en los hechos se imponen programas que en aras de la transformación destruyen la comunidad”, sostuvieron.

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