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Cancillería decidirá extradición de Eugenio Hernández

Un juez federal consideró que la Secretaría de Relaciones Exteriores debería negar la extradición del ex gobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández, quien es requerido por el gobierno de Estados Unidos por “lavado” de dinero y fraude bancario.

El juez de distrito especializado en el nuevo Sistema de Justicia Penal, Eucario Adame, emitió su opinión jurídica con relación al proceso de extradición número 1/2017 seguido en contra del ex mandatario y consideró que los aspectos formales de la solicitud de extradición emitida por Estados Unidos fueron cumplidos y que los derechos y garantías de Eugenio Hernández “se instrumentaron con eficacia”. Sin embargo, explicó que por su nacionalidad mexicana el país no está obligado a entregar al ex gobernador por la naturaleza de los delitos que es perseguido en territorio estadounidense.

“Conforme a las leyes nacionales los hechos involucran probables actos de corrupción de un funcionario de gobierno de una de las entidades federativas durante su encargo y en perjuicio de recursos públicos”, justificó el juez e indicó que conforme a la Constitución esto constituye un impedimento para conceder la extradición.

“No sería adecuado a la soberanía de los estados reconocer que para una nación extranjera pudieran resultar penalmente relevantes las conductas de servidores públicos mexicanos contra bienes jurídicos como el manejo honesto y adecuado de los fondos públicos de la federación o de las entidades federativas”, agregó. Es decir, que a consideración del juez mexicano corresponde a la justicia nacional concluir los procesos judiciales en contra del ex gobernador por los actos de corrupción por los que ha sido señalado.

La opinión del juez no es obligatoria por lo que la Secretaría de Relaciones Exteriores continuará el procedimiento y será la autoridad encargada de resolver si entrega o no a Eugenio Hernández.

El ex mandatario de Tamaulipas es requerido por una corte federal de distrito para el distrito sur de Texas por los delitos de asociación delictuosa para cometer “lavado” de dinero, operar un negocio de envíos de dinero sin licencia y asociación delictuosa para cometer fraude bancario.

Con información de El Universal.

 

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