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Vetan a la empresa del hijo de Bartlett

La Secretaría de la Función Pública señaló en un boletín que la supuesta urgencia para adquirir los ventiladores en el IMSS de Hidalgo no tuvo sustento durante las fechas de la contratación

Deberá de pagar dos millones de pesos de multa

CIUDAD DE MÉXICO (EFE).— El gobierno federal sancionó e inhabilitó a la empresa del hijo del alto funcionario Manuel Bartlett quien vendió al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ventiladores para enfermos de Covid-19 con sobreprecio.

“Se comunica a las dependencias y entidades de la Administración pública federal, a las empresas productivas del Estado, así como a las entidades federativas y municipios que deberán abstenerse de celebrar contratos con la empresa Cyber Robotic Solutions”, detalló el gobierno en una circular publicada ayer en el Diario Oficial de la Federación.

La Secretaría de la Función Pública, encargada de combatir la corrupción dentro del gobierno, detalló en un comunicado que esta empresa recibió dos inhabilitaciones por 24 y 27 meses, así como dos multas que suman cerca de dos millones de pesos (89,400 dólares).

La compañía Cyber Robotic Solutions es propiedad de León Manuel Bartlett, hijo de Manuel Bartlett, director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y uno de los altos funcionarios más polémicos dentro de la administración de Andrés Manuel López Obrador.

El 17 de abril, se le adjudicó de forma directa a esta empresa una compra de 20 ventiladores para enfermos de Covid-19 destinada a la delegación del IMSS en el céntrico estado de Hidalgo a un precio de 31 millones de pesos (1.26 millones de dólares).

La Secretaría de la Función Pública confirmó que “el precio ofrecido por la empresa estuvo fuera del rango del mercado y que la supuesta urgencia para adquirir los ventiladores en el IMSS de Hidalgo no tuvo sustento durante las fechas de la contratación”.

Asimismo, la dependencia reveló que “ni uno solo de los 20 equipos entregados cumplió con las especificaciones técnicas contratadas”.

Los equipos estaban viejos y 11 de ellos estaban rotos y eran totalmente inservibles, explicó la Secretaría de la Función Pública.

El Gobierno también "investiga la posible comisión de faltas administrativas por parte de servidores públicos vinculados al proceso de adquisición".

 

 

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