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Controversia para revocar decreto de militares en seguridad pública

La diputada Laura Rojas

CIUDAD DE MÉXICO (EFE).— La presidenta de la Cámara de Diputados, Laura Rojas, anunció ayer que presentó una controversia constitucional en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra el acuerdo del gobierno que permite a las Fuerzas Armadas vigilar la seguridad pública.

La legisladora, del opositor Partido Acción Nacional (PAN), confirmó que pidió a la Suprema Corte el viernes revisar la constitucionalidad del “Acuerdo por el que se dispone de la Fuerza Armada permanente para llevar a cabo tareas de seguridad pública”, que el gobierno publicó el 11 de mayo.

“El acuerdo se aleja de los parámetros que establece la Constitución para el despliegue de la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad pública, dejando de nuevo al Ejército y la Marina sin un marco jurídico que le dé certidumbre a su actuación”, advirtió Laura Rojas en un comunicado.

El lineamiento, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), “ordena” a la Fuerza Armada a participar “de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria con la Guardia Nacional”, el cuerpo policiaco militar creado por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

La política tiene vigencia hasta el 27 de marzo de 2024, tiempo en el que el gobierno de López Obrador espera concluir con la formación de la Guardia Nacional.

Aunque la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) se había negado a presentar una controversia, Laura Rojas argumentó que el acuerdo “contradice” la Constitución sobre la “complementariedad” y “subordinación” de las Fuerzas Armadas a las autoridades civiles.

Al admitir que los militares ya participan en tareas de seguridad pública desde el sexenio del expresidente Felipe Calderón (2006-2012), la legisladora consideró que el acuerdo no abona a la certidumbre.

“Las Fuerzas Armadas durante más de una década han pedido que les demos un marco jurídico que dé certeza a su actuación y lo que busca la controversia es precisamente que se cumpla ese objetivo, y sobre todo, avanzar hacia el objetivo de un Mexico con seguridad y en paz”, manifestó.

Tras el anuncio, la presidente de la Cámara Baja recibió el respaldo de legisladores de otros partidos de oposición, como el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC).

Sin embargo, Laura Rojas negó que se trate de un acto político dirigido al mandatario López Obrador.

“El propósito de la controversia no es cuestionar la facultad del Presidente de la República para disponer de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, sino asegurar que éste cumpla efectivamente con los criterios que establece la Constitución”, aseveró.

CríticaColectivo

El colectivo Seguridad Sin Guerra criticó el decreto que “militariza” la seguridad nacional.

“Puerta” a abusos

El organismo independiente advirtió que lo decretado “faculta a las Fuerzas Armadas para realizar detenciones, ejecutar órdenes de aprehensión, asegurar bienes, resguardar y procesar escenas del crimen”.

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