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Denuncian siembra de soya transgénica en Hopelchén

Un obrero camina sobre un contenedor de soya. Organismos denunciaron la presencia de cultivos del grano que es transgénico

Acusan desacato judicial en un permiso revocado

CIUDAD DE MÉXICO.— Pese a una sentencia de la Suprema Corte de Justicia y la revocación de un permiso a la empresa Monsanto, se sigue sembrando soya transgénica en el municipio de Hopelchén, Campeche, según señala un comunicado del Equipo Indignación.

El escrito señala que por tercer año consecutivo Hopelchén es el epicentro de la ilegalidad. Se presume que para este ciclo agrícola 2018 de nueva cuenta productores y empresas incurrieron en desacato judicial por comercializar y sembrar soya transgénica del permiso 007/2012 de Monsanto, que permanece suspendido desde noviembre de 2015 por la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) mientras se realiza la consulta indígena.

La orden de la autoridad dejó sin efectos jurídicos el permiso, aunado a la revocación del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) desde el 15 de septiembre de 2017.

La denuncia ciudadana fue presentada el pasado 5 de octubre ante las oficinas del Senasica, pidiendo que realice labores de inspección y vigilancia en algunos puntos donde se presume la presencia ilegal de soya genéticamente modificada: Santa Fe, Trinidad, Las Flores, Santa Rosa, Nuevo Progreso, Rancho Santa Juliana y otros puntos de Hopelchén.

Se estima que este ciclo agrícola 2018 pretenden comercializar 120 mil toneladas de soya sembrada en más de 42 mil hectáreas, y se presume que gran parte es de la variedad transgénica. Por esta causa integrantes de las comunidades mayas campechanas y de las organizaciones Indignación y Greenpeace presentaron denuncia por la probable liberación al ambiente, siembra, posesión y/o comercialización de semillas y/o granos de soya genéticamente modificada.

La agrupación señala que por tercer año consecutivo se continúa con la siembra de soya transgénica, ya que en 2017 se sembraron más de 23 hectáreas y en 2016 fueron en 16 predios de Hopelchén, pese a la restricción legal.

En ese año Sol Ortiz, titular de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (Cibiogem), declaró sobre la existencia de soya ilegal en la audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que se realizó en Panamá y entregó un informe de inspección y vigilancia en Campeche, que se había sido solicitado de manera reiterada por las comunidades mayas y se les había negado.

“Estos hechos reiteran la incapacidad del Senasica y la Cibiogem para garantizar la bioseguridad en territorio mexicano”, señaló Maria Colin, vocera de Greenpeace.

“Lamentamos que sean las organizaciones y comunidades quienes realicen el trabajo de inspección y denuncia que les corresponde emprender a las autoridades involucradas, negándose a reconocer que hay un grave problema de descontrol y tráfico de semillas de soya transgénica en la región. Campeche es ejemplo de prácticas de siembra inseguras en materia de bioseguridad donde se opera al margen de la ley”, añadió.

Jorge Fernández Mendiburu, abogado del equipo Indignación y asesor de las comunidades mayas, afirmó que hay incapacidad del Poder Judicial para hacer cumplir sus sentencias y garantizar que no se continúe con la violación de los derechos humanos.

De igual forma, las comunidades y organizaciones externaron preocupación y desacuerdo sobre la posible llegada de la doctora Sol Ortiz, actual titular de la Cibiogem, a un cargo estratégico al interior de la Sagarpa dentro del gabinete de Andrés Manuel López Obrador.

Comunidades y organizaciones reclaman que las autoridades correspondientes actúen sin demora para la aplicación expedita de la ley y de las sanciones a todo aquel que haya incurrido en la violación de la legislación nacional y en detrimento de la bioseguridad del país, y exigieron se proceda tanto al aseguramiento del material como a la identificación de los puntos de distribución y/o las rutas de ingreso de la soya genéticamente modificada.

Las organizaciones alertaron que en caso de que las empresas y soyeros insistan en la comercialización y siembra de semillas de soya transgénica en Campeche podrían alcanzar multas de hasta 2 millones 418 mil pesos por violaciones a la regulación de bioseguridad en México, pudiendo duplicarse esa cantidad en los casos de reincidencia.

 

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