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El gobierno de AMLO, sin estrategia clara contra la delincuencia, revela análisis

El presidente Andrés Manuel López Obrador durante la inauguración del cuartel de la Guardia Nacional en Zapopan, Jalisco, en acto realizado el jueves pasado (Foto de EFE)
El presidente Andrés Manuel López Obrador durante la inauguración del cuartel de la Guardia Nacional en Zapopan, Jalisco, en acto realizado el jueves pasado (Foto de EFE)

A 18 meses de que llegó a la presidencia Andrés Manuel López Obrador el Gobierno Federal carece de una estrategia clara de combate a la delincuencia organizada, de acuerdo con un análisis de la consultora Integralia.

La Guardia Nacional, componente central de la política de seguridad de López Obrador, carece de objetivos claros y métricas específicas que permitan evaluar su desempeño.

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De acuerdo con el análisis de Integralia, a un año de su creación, la tasa de homicidios dolosos aumentó en seis de los diez estados que tienen la mayor tasa de elementos desplegados.

La mayoría de los delitos de alto impacto registró una disminución en el periodo marzo-mayo de 2020, como resultado de la contingencia sanitaria, que redujo las oportunidades de delinquir.

En contraste, aumentó la tasa de homicidios dolosos, como resultado de enfrentamientos entre grupos del crimen organizado por el control del territorio.

Estos episodios de violencia se concentraron en cinco entidades: Baja California, Chihuahua, Colima, Guanajuato y Michoacán.

Miembros de la Guardia Nacional patrullan calles de Celaya, Guanajuato, donde hubo enfrentamientos tras la detención de familiares del líder del Cártel de Santa Rosa de Lima, José Antonio Yépez Ortiz, "El Marro" (EFE)

La participación de agencias de seguridad en tareas de salubridad —resguardo de hospitales, traslado de medicamentos, supervisión en filtros sanitarios y perifoneo en espacios públicos— abrió espacios que son aprovechados por las organizaciones criminales para afianzar su base social y control territorial.

Militarización de la seguridad pública

El decreto presidencial que permite la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, publicado en mayo de 2020, reforzó el carácter militar de la agenda de seguridad de esta administración.

Relega a un segundo plano la urgente tarea de profesionalizar y equipar a las policías estatales y municipales.

En la misma línea, se redujo 30% el presupuesto asignado a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para 2020, como resultado de las medidas de austeridad que anunció el presidente en abril.

Es probable que los rubros más afectados tengan que ver con tareas de prevención del delito, procuración de justicia y readaptación social, todos componentes de una estrategia de seguridad efectiva.

Temen que crezcan los delitos

Es probable —como ocurrió durante la crisis de influenza H1N1 en 2009— que los delitos de alto impacto vuelvan a aumentar conforme se reactiva la economía y se reanudan actividades.

Además, es altamente probable que, ante la falta de una estrategia clara, sigan aumentando los enfrentamientos violentos entre grupos del crimen organizado.

Las cifras de la incidencia delictiva

Entre marzo y mayo de 2020 se redujeron las carpetas de investigación de la mayoría de los delitos de alto impacto, incluyendo secuestro, extorsión y robo (en todas sus categorías), de acuerdo con los últimos datos disponibles del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp).

Esta inusual disminución podría explicarse por el inicio de la Jornada de Sana Distancia, que redujo las oportunidades de delinquir, o por la reducción de las denuncias presentadas ante las fiscalías estatales, por temor a contagio.

Cabe señalar que los datos del Sesnsp tienen una alta cifra negra, es decir, son una porción del total de delitos que se cometen en realidad.

Sin embargo, su actualización mensual permite utilizarlos como un indicador de la situación de seguridad en el país.

Alza del 3% en asesinatos

En contraste, la tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes en el trimestre marzo a mayo de 2020, registró un aumento de 3% con respecto al mismo periodo del año anterior.

Ello refleja que, a pesar de las medidas de confinamiento, no se redujeron los enfrentamientos violentos entre grupos del crimen organizado por el control de las actividades delictivas en varias regiones del país.

A nivel estatal, la tasa de homicidios dolosos aumentó en 12 entidades: destacan Michoacán (67%) y Zacatecas (43%).

Zonas con mayor y menor tasa

Las tasas de homicidio doloso más altas se concentraron en: Colima, por la disputa por el control del Puerto de Manzanillo; en la zona del Bajío, sobre todo Guanajuato, por el enfrentamiento entre los cárteles Jalisco Nueva Generación y Santa Rosa de Lima.

También en la región noroeste del país, por la disputa por el dominio de los puntos de trasiego de drogas hacia Estados Unidos en Baja California, Sonora y Chihuahua.

De marzo a junio crecieron las masacres

Por otro lado, a partir de una revisión hemerográfica, Integralia contabilizó 40 masacres —entendidas como eventos en las que murieron al menos tres personas, la mayoría de las cuales eran civiles— registradas entre marzo y junio de 2020.

Prácticamente el doble de las masacres que se habían contabilizado entre enero de 2019 y febrero de 2020 (24).

Agentes vigilan en El Tule, Guanajuato, donde fue ejecutado el alcalde de Abasolo, Joel Negrete (El Universal)

El aumento de la violencia ocasionó que caiga la confianza ciudadana: en diciembre de 2018, al inicio del gobierno de López Obrador, 48.8% de la población encuestada creía que las condiciones de seguridad empeorarían o seguirían igual de mal.

Para marzo de 2020 ese porcentaje había aumentado a 66.5%, todo con datos de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del Inegi.

¿Qué ha pasado con la Guardia Nacional?

Sin estrategia definida: la GN carece de objetivos claros y métricas específicas para evaluar su desempeño.

Desde principios de 2019 un contingente importante se desplegó a la frontera Sur para detener el avance de migrantes centroamericanos hacia Estados Unidos.

En el contexto de la contingencia sanitaria, sus elementos se dedicaron también a supervisar filtros sanitarios, resguardar instalaciones de salud y trasladar medicamentos.

Empero, poco se sabe de los operativos en que participa para combatir a la delincuencia organizada.

Cuerpo militarizado: contrario a lo que establece la reforma constitucional que le dio origen, la Guardia Nacional está compuesta mayoritariamente por elementos que siguen adscritos a las Secretarías de Marina y Defensa Nacional.

En los últimos reportes y anuncios hechos por la secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana solo se da a conocer el número total de elementos que componen la GN, pero ya no los datos desagregados de las instituciones de las que provienen.

Oscuridad en cuanto a capacitación

Capacitación insuficiente: hay poca información sobre la duración y contenido de los cursos de capacitación que sus elementos han recibido.

Por ejemplo, en julio de 2019 informó que la formación para elementos activos sería de 584 horas; sin embargo, en febrero de 2020 la Secretaría de Marina aseguró que sólo duraría 405 horas.

Pobres resultados: a poco más de un año de su creación, la Guardia no logra una reducción contundente de la incidencia delictiva.

Desde que inició el despliegue, de los diez estados que cuentan con la mayor tasa de guardias nacionales por cada 100,000 habitantes, las tasas de homicidios dolosos han aumentado en seis.

Aprobación ciudadana estable: la aprobación ciudadana de la GN se mantiene relativamente estable en alrededor de 70% de la población encuestada, porcentaje considerablemente inferior al de las Fuerzas Armadas y solo ligeramente superior al que registraba la extinta Policía Federal (Inegi).

Militarización del grupo

Creciente militarización: El 11 de mayo se publicó en el DOF un acuerdo que establece que por los próximos cinco años (hasta marzo de 2024) las Fuerzas Armadas participarán en tareas de seguridad pública.

Su publicación, en el contexto de la contingencia sanitaria, reflejó un respaldo a las Fuerzas Armadas y señala que éstas desempeñarán un papel aún más central en la estrategia de seguridad por lo que resta del sexenio.

Relegadas a un segundo plano: la creación de la Guardia Nacional y el reciente decreto de las Fuerzas Armadas desplazó a un segundo plano la tarea urgente de profesionalizar y equipar a los cuerpos policiacos civiles a nivel local, sin lo cual difícilmente se logrará una reducción sostenida de la incidencia criminal en el país.

Mantienen bajos salarios

Mal remunerados: una encuesta recientemente publicada por la organización civil Causa en Común, revela las precarias condiciones laborales de las policías en México.

En promedio, a nivel nacional se les paga un salario mensual de tan sólo 11,787 pesos, compensación muy baja para profesionistas que ponen en riesgo su vida de forma cotidiana —este año 226 policías estatales ya fueron asesinados— y que hace más factible que sean corrompidos.

Elementos de la Guardia Nacional resguardan en un Centro de Rehabilitación donde ocurrió una reciente masacre (EFE)

Sin equipo suficiente: hasta 42% de los policías encuestados por Causa en Común aseguró que ha tenido que comprar sus propios uniformes y hasta 25% sus propias balas.

Poco capacitados: la encuesta revela que la mayoría de los policías carecen del entrenamiento requerido.

Por ejemplo, hasta 65% aseguró que no recibió una capacitación para tener una audiencia frente a un juez, uno de los componentes centrales del nuevo sistema de justicia penal acusatorio.

Baja confianza ciudadana: las policías son una de las instituciones peor evaluadas en el país.

En promedio solo 26.2% de la población se siente muy satisfecha o satisfecha con el servicio que brinda la policía local.

En estados como Tabasco, Puebla y Michoacán ese porcentaje cae a menos del 15%.

Ello habla de una necesidad urgente de reformar, equipar y profesionalizar a los cuerpos policiacos civiles.

Agenda sin suficiencia presupuestaria

Redirección de recursos para salubridad pública: en abril se autorizó a gobiernos estatales y municipales reprogramar los recursos del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública (Fortaseg) y del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) para compra de equipo médico y otros gastos derivados de la contingencia sanitaria por Covid-19, un presupuesto total de 11,443 millones de pesos para 2020.

Si bien aún no hay información suficiente sobre cómo se han utilizado esos recursos públicos en los últimos meses necesariamente se verán afectados los programas de profesionalización, certificación, tecnología y equipamiento de policías locales para los que estaban destinados.

Medidas de austeridad: el 24 de abril de 2020 López Obrador decretó medidas de austeridad para enfrentar la caída de ingresos petroleros y tributarios.

Efectos del recorte al presupuesto

Entre estos, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana sufrió un recorte presupuestal de 30% para 2020, una de las reducciones proporcionales más pronunciadas de la Administración Pública Federal.

A la par se determinó que las secretarías de Marina y Defensa Nacional quedarían exentas, lo cual refleja nuevamente el papel preponderante que las Fuerzas Armadas tendrán en la política de seguridad, en detrimento de las instituciones civiles.

El recorte al presupuesto de la Secretaría de Seguridad afectará, sobre todo, los programas de prevención del delito, para los que este gobierno destina poco menos de 15% del presupuesto total de seguridad pública.

Se reducirán también los recursos destinados a la operación del Sistema Federal Penitenciario, para el que en 2019 se otorgó solo 36% del presupuesto que éste había solicitado (Observatorio Nacional Ciudadano).

¿Qué esperar en el corto plazo?

Dada la falta de una estrategia de seguridad concreta de combate a la delincuencia organizada es probable que algunas organizaciones criminales salgan fortalecidas de la contingencia sanitaria, con una base de apoyo social más fuerte y una presencia territorial mejor arraigada, lo cual hará más difícil enfrentarlas.

En algunas regiones, aumentarán los enfrentamientos violentos entre grupos criminales por el control de las actividades delictivas, sobre todo en el Bajío y noroeste del país.

Es probable que las tasas de incidencia de delitos de alto impacto como secuestro, extorsión y robo comiencen a aumentar nuevamente conforme se reactiva la economía y se relajan las medidas de confinamiento social.

Poco probable que alcance sus objetivos

Se espera un repunte de los casos de robo a transportista, sobre todo en la zona centro del país, en las carreteras que conectan el puerto de Veracruz con la Ciudad de México.

En la mayoría de los casos, este tipo de delitos es cometido por bandas pequeñas y desorganizadas, pero que cuentan con apoyo de comunidades locales.

Es poco probable que la Guardia Nacional alcance los objetivos de reclutamiento de nuevos elementos que se habían planteado para este año. La mayoría de sus elementos seguirán proviniendo de las Fuerzas Armadas.

Prevalecerán problemas de coordinación y colaboración entre agencias de seguridad y entre niveles de gobierno.

Por lo anterior, la inseguridad pública se mantendrá como un riesgo alto a nivel nacional.

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