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"El poder es impune, la protesta es un delito": Cienfuegos y una activista

La FGR exoneró en un mismo día al general Salvador Cienfuegos y solicitó cárcel para la activista Kenia Hernández.- Foto de somoselmedio.com

Por Carlos Cámara Gutiérrez

MÉRIDA.- Las reacciones en las redes sociales no se hicieron esperar.

¿Coincidencia o ironía? Ayer viernes, se dieron dos hechos en los que el protagonista es la Fiscalía General de la República (FGR).

Dos casos, dos caras

El primero, el más mediático, el más difundido es la exoneración del general Salvador Cienfuegos, exsecretario de la Defensa.

Como informó Diario de Yucatán, el cercano colaborador del presidente Enrique Peña Nieto, detenido el año pasado en Estados Unidos, fue señalado por la DEA por presuntos nexos con el crimen organizado y enriquecimiento ilícito.

Sin alboroto

El mismo día de la dispensa judicial de la dependencia federal al poderoso general, la FGR solicitó al juez de Distrito Especializado en Sistema Penal Federal, adscrito al Centro de Justicia de Guerrero con residencia en Acapulco, una pena de cinco años con cinco meses de prisión para la activista Kenia Hernández.

Acusada de ataques a las vías de comunicación, por protestar en una caseta, el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero lamentó que la posición asumida por la dependencia en el caso de la defensora contrasta con la absolución del general Cienfuegos.

Dos pesas

Para el organismo civil, la determinación de la FGR es una clara muestra de la criminalización a la lucha por los derechos humanos.

"Mientras al general Salvador Cienfuegos, aun con los graves señalamientos de sus actos, la FGR le permitió mantener su libertad, a Kenia Hernández, esa misma FGR le ofreció recuperar su libertad solamente si se declaraba culpable de delitos que jamás cometió, y para doblegarla solicitó prisión preventiva justificada, argumentando peligrosidad social", indicó la organización en una entrevista a Apro.

El mismo día

José Antonio Lara, abogado de la activista, destacó que el mismo día en que la Fiscalía determinó no ejercer acción penal contra el exsecretario de la Defensa Nacional (14 de enero), también solicitó para Kenia una pena de cinco años y cinco meses de prisión en un penal de máxima seguridad, sin derecho a fianza, durante la formulación de la acusación con la que comenzó la etapa intermedia del proceso que se le sigue desde marzo pasado.

La acusación

La Fiscalía arguye en la causa penal 322/2020 que la coordinadora del colectivo "Zapata Vive" afectó parcialmente la circulación con la toma de la caseta de cobro La Venta-Acapulco, y actuó en pandilla al estar acompañada por otros manifestantes, lo que pretende demostrar con 68 pruebas.

En contraste, el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero considera que el único delito de la activista indígena fue protestar pacíficamente.

Mensaje equivocado

Para el organismo, con estas determinaciones contrapuestas la Fiscalía envía a la sociedad un preocupante mensaje: "El poder es impune, la protesta es un delito".

Por esta razón, Zeferino Ladrillero llamó al presidente Andrés Manuel López Obrador; a Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación; al ministro presidente, Arturo Saldívar; al subsecretario Alejandro Encinas, y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), a reflexionar sobre el caso.

Con información de Apro.

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