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En comparecencia piden la renuncia de Rosario Piedra

Activistas y víctimas de violencia conviven durante la ocupación

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal y EFE).— Por el estacionamiento y a escondidas, la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra, dejó ayer la sede del Senado donde los legisladores de oposición le demandaron su renuncia.

Casi una hora después de concluida la reunión que sostuvo con los senadores de la comisión de Derechos Humanos en el Salón de Protocolo de la Junta de Coordinación Política, Rosario Piedra salió escoltada por el presidente de la Mesa Directiva, Óscar Eduardo Ramírez, y su equipo de seguridad; rechazó responder los cuestionamientos que se le hicieron y aseguró que la reunión “fue democrática”.

Pero senadores que participaron en el encuentro señalaron que éste fue todo menos terso. Los cuestionamientos más fuertes vinieron de Emilio Álvarez Icaza, Juan Zepeda, Xóchitl Gálvez y Gina Cruz, y los que tuvieron más tiempo para hacer su exposición fueron los integrantes de la mayoría morenista, quienes interrumpían a gritos.

“Ni una palabra...”

“La señora Piedra Ibarra pasó 40 por ciento del tiempo hablando de bisteces y cortes de carne, mostrando facturas y justificando gastos. De Chihuahua, los niños con cáncer, los médicos muertos y el actuar de la Guardia Nacional no dijo ni una palabra”, confiaron algunos asistentes al encuentro.

Al inicio del mismo, leyó un documento en el cual se refirió a su gestión en la CNDH, al gasto y la austeridad, pero no habló de la toma de instalaciones ni respondió cuando Álvarez Icaza y Juan Zepeda le pidieron su renuncia; a su vez, Miguel Ángel Mancera (PRD) le cuestionó no haber ejercido la facultad de atracción que tiene como ombudsperson.

De ella, los legisladores solo percibieron su nerviosismo, que se manifestó en un constante parpadeo; solo se notó tranquila cuando sus excompañeros de partido le expresaron su respaldo.

Rosario Piedra aceptó el pliego petitorio del “Frente Nacional Ni Una Menos”, colectivo de organizaciones que tiene tomada desde hace una semana la CNDH en el Centro Histórico de Ciudad de México.

Recomendación

Derivado de este pliego petitorio la CNDH informó, en un comunicado, que ya prepara una Recomendación General sobre la violencia de género y feminicidios, documento que estaría listo la próxima semana.

Asimismo, se exhortará a las autoridades federales y estatales no hacer declaraciones ni señalamientos que minimicen la violencia de género en el país.

En conferencia de prensa, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, señaló que la próxima reunión que sostendrá con las activistas será el jueves 17 próximo y después continuarán estos encuentros cada 15 días.

Consideró que si las demandas de las mujeres y colectivos feministas que mantienen tomado el edificio de la CNDH están siendo atendidas por autoridades federales, no hay motivo para que sigan dentro de estas instalaciones: “Sus legítimas preocupaciones y reclamos están siendo debida y puntualmente atendidos desde la Secretaría de Gobernación con todas las instancias que tenemos nosotros para atenderlas”.

Sin embargo, Érika Martínez, una de las cabecillas de la ocupación, reviró que lo que está ocurriendo “es solo el principio” mientras haya únicamente “promesas y no una respuesta concreta”.

“Sí se puede y aquí lo estamos demostrando. Vamos a seguir en pie de lucha hasta que esto se acabe”.

Las activistas y víctimas de violencia cumplieron ayer siete días de ocupación de la sede de la CNDH, un acto sin precedentes que pone contra las cuerdas a un gobierno federal que asegura que la acción está orquestada con fines políticos.

El presidente Andrés Manuel López Obrador declaró el pasado martes que el asunto tiene “mucha difusión” porque los medios y la “prensa conservadora lo magnifican” para perjudicar al Ejecutivo federal de un país en el que son asesinadas diez mujeres cada día.

“Conservadurismo”

“Hay una demanda justa de que se atienda, una necesidad, pero ya se convirtió en un asunto, vamos a decir, político y, no me equivoco, abrazado por el conservadurismo”, consideró el mandatario en unas polémicas declaraciones que no han calmado las aguas.

La toma de la sede de la CNDH de parte de víctimas de violencia y activistas feministas se empezó a fraguar el 2 de septiembre, cuando los colectivos “Ni una menos” y “Bloque Negro México” acudieron a socorrer a Marcela Alemán, la madre de una niña violada en 2017 que se encadenó al edificio ese día para exigir que haya avances en su caso.

“El jueves, la señora Marcela se retiró de las instalaciones. Dijo que se sentía cansada y que había llegado a un acuerdo con las autoridades. Pero se quedó la señora Silvia (otra afectada) y decidimos quedarnos en plantón el jueves y la mañana del viernes en su apoyo”, explicó Érika Martínez.

Por su parte, Érika Martínez, cuya hija fue violada a los siete años sin que el agresor haya sido detenido, detalló que la entrada a la CNDH se produjo el viernes pasado, “como a la una o a las dos de la tarde”, que leyeron un pliego petitorio y permitieron retirarse al personal que estaba ahí laborando en ese momento.

En la CNDH pernoctan unas 50 mujeres y se turnan para su vigilancia más de un centenar. Han “decorado” la sede con todo tipo de pintas, hay carteles en las puertas, la fachada y las paredes muestran montones de frases por la justicia y por el feminismo e incluso los cuadros históricos han sido repintados con pintura en aerosol.

Todas las acciones persiguen un mismo fin: “Que se den respuestas inmediatas o al menos que agilicen las carpetas (de investigación) de todas las personas cuyos trámites han sido engorrosos”, subrayó Érika en la entrada del edificio.

En 2019, el primero completo de la Administración de López Obrador, fue el más sangriento de la historia de México desde que se tiene registro, con 34,608 homicidios dolosos y 1.012 feminicidios, es decir, asesinatos por razones de género.

“Tal vez no podemos trabajar con ellas (las víctimas) en lo legal, pero que sí seamos el vínculo para que esas personas sean escuchadas y se actúe ya rápido”, pidió la activista Érika.

Para ello, las feministas recogen “una copia de la carpeta de investigación” de todas aquellas víctimas de violencia, no solo mujeres, olvidadas por la administración, a fin de entregárselas a las autoridades.

Ese es el caso de Romana Rivera, que acudió ayer al edificio para intentar resolver el caso de su hija Diana García Rivera, desaparecida con 21 años en el sureño estado de Quintana Roo.

“Me enteré de que aquí hay un grupo de refugiadas que están apoyando en algunos casos y están buscando abrir puertas para que seamos escuchados y que se sigan las investigaciones”, explicó Romana, emigrada a la capital para buscar que la ayuden a encontrar a su hija, sustraída de una discoteca en febrero de este año.

Esta madre aseguró que en México “sola es imposible que te vean y que te escuchen”, por lo que emocionada apoyó la entereza de las ocupantes de la CNDH.

“Aplaudo lo valientes que son, lo aguerridas, y que lo están haciendo no solo por ellas, no por un solo caso, sino por muchas personas. Y a veces es necesario para que seamos escuchadas y vistas”, consideró.

Mientras dura la ocupación, los colectivos feministas se han organizado para repartir despensas que les da la comunidad entre mujeres y familias vulnerables.

“Es un trabajo de mucho esfuerzo. Ayer todas las chicas no durmieron armando despensas y acomodando todo lo que se nos está trayendo. Yo le agradezco al público en general el apoyo que nos están dando, porque esto es de todos y para todas”, indicó Érika Martínez.

De un vistazo

El más sangriento

2019, primer año completo de la administración de López Obrador, fue el más sangriento de la historia de México desde que se tiene registro, con 34,608 homicidios dolosos y 1,012 feminicidios.

Vínculo para ser escuchadas

“Tal vez no podemos trabajar con ellas (las víctimas) en lo legal, pero que sí seamos el vínculo para que esas personas sean escuchadas y se actúe ya rápido”, pidió la Érika Martínez.

Carpeta de investigación

Para lograr lo anterior, las feministas recogen “una copia de la carpeta de investigación” de todas aquellas víctimas de violencia, no solo mujeres, olvidadas por la administración, a fin de entregárselas a las autoridades.

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