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Estocada a predecesores

La recolección de firmas para enjuiciar a expresidentes

AMLO expone los motivos del juicio a expresidentes

CIUDAD DE MÉXICO (EFE).— El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó ayer una iniciativa remitida al Senado para celebrar una consulta popular que decida si investigar y sancionar a expresidentes por sus “calamidades” y dar así la estocada a lo que él llama “periodo neoliberal”.

Estos son los argumentos esgrimidos por el mandatario para plantear una consulta en la que él mismo votaría “no” porque no apuesta por la venganza, pero que ha decidido impulsar con su nombre, apellidos y cargo ante el previsible fracaso de la campaña de recolección de firmas.

1. Cinco sexenios de calamidades. El documento presentado ayer asegura que durante cinco sexenios se cometieron en México “prácticas gubernamentales que desembocaron en un crecimiento descontrolado de la violencia, la inseguridad pública, la violación masiva de derechos humanos, la impunidad como norma y el quebrantamiento del Estado de derecho”.

“Entre el 1 de diciembre de 1988 y el 30 de noviembre de 2018 México vivió un periodo caracterizado por la concentración desmesurada de la riqueza, quebrantos monumentales al erario, privatización de los bienes públicos, corrupción generalizada y procesos electorales viciados”, según el escrito.

AMLO atribuye esos males a “un modelo político y económico elitista, antidemocrático, antinacional y antipopular” orquestado de manera racional.

Eso se tradujo, entre otras cosas, “en la pérdida de centenares de miles de vidas, en decenas de miles de desapariciones, en la conculcación de derechos políticos y sociales, en el crecimiento de la pobreza”.

2. Los males de cada presidente. El documento implica a las administraciones de Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, y de cada uno detalla los males que infirieron al país.

Durante el gobierno de Salinas (1988-1994), fue “cuando crecieron más en nuestro país las diferencias económicas y sociales entre ricos y pobres” al mismo tiempo que “se entregó a particulares nacionales o extranjeros una cantidad sin precedentes de bienes públicos”.

Su predecesor, Zedillo (1994-2000), “continuó las políticas privatizadoras de su antecesor y las llevó hasta sus últimas consecuencias”. La iniciativa destaca que “adjudicó al conjunto de los mexicanos deudas privadas por un monto de 552,000 millones de pesos (26,200 millones de dólares actuales) en el marco del ‘rescate bancario’ de 1998”.

A Vicente Fox (2000-2006) lo acusa de intervenir “indebida e ilegalmente en el proceso electoral a fin de impedir el triunfo de la oposición”, es decir, del propio López Obrador, quien sostiene desde entonces que se cometió contra él un fraude electoral en 2006.

El presunto beneficiado de ese fraude fue Felipe Calderón (2006-2012), señalado en el documento por “embarcar al país en una estrategia militar supuestamente orientada a ‘combatir el narcotráfico’ que exacerbó la violencia y multiplicó las zonas del territorio nacional bajo control de las bandas delictivas”.

La iniciativa no deja pasar la oportunidad de recordar que el secretario de Seguridad de Calderón, Genaro García Luna, está detenido en Estados Unidos porque “era cómplice de una de las facciones del narcotráfico”.

Por último, la carta de López Obrador señala a Peña Nieto (2012-2018) por recibir “grandes cantidades de dinero de procedencia desconocida en la campaña presidencial” y por su implicación en sobornos tanto en el caso Odebrecht como en la reforma energética.

El camino legal

La iniciativa llegó al Senado ayer mismo sobre las 11 horas, en el último día habilitado para que el Congreso reciba una propuesta de este tipo en un año previo a unos comicios federales como los que sucederán en junio de 2021, cuando habrá 15 gubernaturas en juego y toda la Cámara de Diputados, entre otros miles de cargos.

Precisamente, López Obrador plantea en el documento que la consulta para investigar y sancionar a expresidentes se dé el mismo día de esas elecciones, el 6 de junio. Antes, sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación deberá recibir la iniciativa de manos del Senado y establecer tanto su constitucionalidad como la de su pregunta, que en este caso es la siguiente: “¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen, y en su caso sancionen, la presunta comisión de delitos de los ex presidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León,Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto antes, durante y después de sus respectivas gestiones?”.

Si eso ocurre, ambas cámaras del Congreso tendrán que aprobar por mayoría y sin modificaciones el dictamen emitido por la Suprema Corte para que el Instituto Nacional Electoral (INE) convoque la consulta.

Por el contrario, si la Suprema Corte la considera inconstitucional, la consulta se archivará como asunto definitivamente concluido.

Responde Calderón

Calderón denunció una “persecución política” del gobierno de López Obrador luego de que éste pidiera al Senado realizar una consulta para juzgar a los cinco exmandatarios precedentes.

“Constituye un acto corruptor de la Justicia, pues ejerce una presión abrumadora e indebida sobre fiscales y juzgadores, a través de la manipulación de la opinión pública, con la utilización de recursos públicos. Una clara muestra de persecución política”, aseveró Calderón.

Hasta ahora, solo se ha pronunciado el expresidente Calderón, quien gobernó bajo el Partido Acción Nacional (PAN), al igual que Vicente Fox, y ahora es uno de los principales opositores de López Obrador con su proyecto político México Libre.

“Si tiene pruebas fundadas contra mí, que vaya hoy y las presente ante el fiscal, sin necesidad de consulta. Pero si no tiene pruebas y ni acusaciones específicas, no hay consulta ni votación que valga, debe dejar de hostigarme”, comentó Calderón en sus redes sociales.

La propuesta de López Obrador se envió al Senado tras una campaña ciudadana, apoyada por Morena, en la que se recaudaron 2 millones de firmas, según el mandatario.

El lunes había asegurado que la campaña ciudadana solo había conseguido cerca de 800,000 firmas, poco menos de la mitad de lo que exige la ley para que el Instituto Nacional Electoral (INE) realice la consulta.

De todas formas

“De todas formas, porque hoy vence el plazo, consideré importante presentar también este escrito para tener más seguridad”, indicó desde Palacio Nacional.

El presidente, que llegó al poder en 2018 con la promesa de erradicar la corrupción del “periodo neoliberal”, aseveró que él votaría en contra porque su “fuerte no es la venganza”.

 

La SCJN recibe la iniciativa

Solicitud de consulta

La Suprema Corte de Justicia de la Nación recibió ayer a las 13:55 la solicitud de consulta popular del Poder Ejecutivo, para enjuiciar a cinco expresidentes.

Los destinatarios

El oficio DGPL/1P3A está dirigido a Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y fue remitido por Eduardo Ramírez Aguilar, presidente de la Mesa Directiva del Senado.

Por resolver

”En cumplimiento de lo que dispone la fracción I del artículo 26 de la referida ley (Federal de Consulta Popular), me permito enviar a esa SCJN, la petición recibida con la propuesta de pregunta formulada, a efecto de que resuelva y en su momento, notifique al Senado sobre la constitucionalidad de la misma”.

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