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FGE abre queja contra servidores públicos por irregularidades en caso de Leo

leonardo xenses

CANCÚN.- La Fiscalía General de Quintana Roo (FGE) informó que, desde el 1 de abril, inició un expediente de queja en contra de servidores públicos del ministerio público adscrito a la vicefiscalía de Playa del Carmen, municipio de Solidaridad, acusados por obstaculizar procedimientos legales en el caso de Leonardo, el niño que se accidentó en el Parque Xenses, el 27 de marzo, y falleció al día siguiente en una clínica privada.

Hace unos días, el Comité de Participación Ciudadana (CPC), órgano del Sistema Anticorrupción de Quintana Roo, detectó inconsistencias que pudiesen constituir conductas ilícitas u omisiones, probablemente dolosas, y faltas administrativas en la actuación de la Fiscalía General.

El CPC solicitó incluir en la investigación en proceso las irregularidades que encontró: citaron una indebida integración de la carpeta de investigación que la Fiscalía sigue por probable homicidio culposo en agravio del adolescente de 13 años, la obstrucción del procedimiento penal en su fase de investigación inicial y una tardía apertura de la respectiva carpeta de investigación.

Lo obligaron a firmar

El cardiólogo Miguel Ángel Luna Calvo, padre del niño, ha declarado que un vicefiscal de Playa del Carmen, municipio de Solidaridad, lo obligó a firmar el perdón penal a favor del Grupo Xcaret —operador del Parque Xenses— a cambio de entregarle el cuerpo de su hijo.

Se hincó llorando

El médico también denunció que una abogada del Ministerio Público le negó el derecho a emitir una declaración de hechos sobre lo ocurrido, por lo que, dijo, "me hinqué llorando" para suplicar que se le permitiera relatar legalmente lo sucedido. Además, solicitó la dispensa de la necropsia al cuerpo para evitar lastimar aún más el cuerpo de su hijo y mayor sufrimiento a la madre del menor, lo que no permitió a la autoridad continuar con ese procedimiento.

Con base en lo informado por el cardiólogo y por la propia fiscalía, que admitió haber concedido esa dispensa a petición del padre y el perdón legal que éste firmó —obligado— a favor de la empresa, el CPC marcó "dos situaciones sumamente graves en términos legales".

Una, conforme al segundo párrafo del artículo 271 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el ministerio público puede dispensar la necropsia, motivando y fundamentando debidamente las razones de tal decisión, toda vez que para suspender ese procedimiento debe exponer que no hay datos relacionados con algún delito.

El CPC subrayó que existe una contradicción, porque la propia fiscalía informó que la investigación que sigue es por homicidio culposo. "Lo anterior significa que aún no han determinado la existencia o no de algún delito, por ende, no podría el Ministerio Público haber dispensado la necropsia", sostuvo.

El otro aspecto calificado como grave es el otorgamiento del perdón legal a la empresa, toda vez que el artículo 73 del Código Penal del estado indica que, al darse, extingue la acción penal respecto de los delitos que solamente pueden perseguirse por querella, siempre y cuando se conceda antes de dictarse la sentencia de segunda instancia y el imputado no se oponga.

Abren expediente

En un escueto comunicado de tres párrafos, la FGE indicó que la Dirección de Supervisión, Evaluación y Control de Actuación de servidores públicos, abrió el expediente de queja a partir de las declaraciones de Luna Calvo, sobre posibles irregularidades durante el inicio y la integración de la carpeta de investigación por la posible comisión del delito de homicidio culposo.

La institución indicó el delito fue en agravio del adolescente de 13 años “que probablemente perdió la vida en un parque temático”; sin embargo, el niño murió al día siguiente, fuera del establecimiento, según lo informado por la propia Fiscalía, con base en lo que le comunicó la clínica en donde se internó a la víctima, el 27 de marzo.

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La queja, de índole administrativo, “se va a remitir” al Órgano Interno de Control (OIC) de la propia Fiscalía para fortalecer las investigaciones y deslindar las sanciones administrativas o legales que se deriven.

La FGE cerró aseverando que “de ninguna manera se va a permitir que algún funcionario público no cumpla cabalmente con la misión de servir -profesional y sensiblemente- a cada ciudadano que requiera de las atenciones necesarias para la correcta, efectiva y expedita procuración de justicia”. 

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