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Grupos sociales crean un frente común contra el plan de Santa Lucía

Aspecto de la zona donde aún se construye el aeropuerto en Texcoco
Aspecto de la zona donde aún se construye el aeropuerto en Texcoco (Foto de El Universal)

TECAMAC (El Universal).— Agrupaciones de la sociedad civil crearon un frente común contra el proyecto del aeropuerto en Santa Lucía, Estado de México, pues consideran que depredaría el medio ambiente, sobre todo las zonas de recarga de acuíferos.

El frente exigirá que las comunidades afectadas sean consultadas sobre el proyecto.

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El Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, la Coordinadora Nacional El Agua para Todos, el Fuego de la Digna Resistencia y sistemas comunitarios de agua potable de Tecámac y Zumpango, así como representantes de Jaltenco, Nextlalpan, Acolman, Temascapala y Tizayuca, se reunieron para crear dicho grupo.

En un comunicado, “pueblos originarios” de Tecámac y Zumpango afirmaron que están de acuerdo con la cancelación de la construcción del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México (NAIM) en Texcoco.

Cuenca de México

Pero añadieron que construirlo en Santa Lucía, Tecámac, afectaría el derecho al agua en la región.
“Texcoco y Cuautitlán-Pachuca pertenecen a la Cuenca de México, la cual se encuentra sobrexplotada entre 500% y 800%, esto significa que el cambio de lugar del megaproyecto mantiene el riesgo de generar una insustentabilidad hídrica en todo el Valle de México, es decir, un aeropuerto (tanto) en Santa Lucia como en Texcoco generaría un colapso en el acceso al Derecho Humano al Agua en toda la región”, aseguraron.

Agregaron que el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), suscrito por México, establece que se debe “realizar una consulta libre, previa, informada, culturalmente adecuada y de buena fe en determinaciones gubernamentales”, cuando existan medidas legislativas y administrativas que afecten a comunidades directamente.

Próximos acuerdos

En los próximos días se informará sobre los acuerdos y el nombre de la nueva organización.
Ricardo Ovando Ramírez, de Agua para Todos, expresó: “El gobierno está obligado a consultar a los pueblos cuando tenga un proyecto que pueda causar daños a la forma de vida, el medio ambiente de los pueblos originarios. Hay sustento jurídico para una consulta de ese tipo.”

Aclaró que la consulta se debe efectuar solamente en las comunidades afectadas y no en todo el país.

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