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Del horror a la esperanza: seis visiones del caso Ayotzinapa

Hoy se cumplen seis años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.- (EFE)

Análisis publicado por Diario de Yucatán el 26 de septiembre de 2020, en el marco del sexto aniversario de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa. Este domingo 26 se cumplirán siete años.


Se cumplen seis años de la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero, y las dudas alrededor del caso siguen atormentando corazones y conciencias. 

Seis analistas convocados por el Diario, entre académicos, activistas y promotores de los derechos humanos, exponen sus opiniones sobre el impacto de este negro episodio criminal, aún sin esclarecer, y cuál sería para ellos el justo y digno cierre del caso Ayotzinapa.

Ellos son: Renata Demichelis Ávila,  Efraín Eric Poot Capetillo, Rocío Cortés Campos, Martha Capetillo Pasos, Carlos Escoffié Duarte y Freddy Javier Espadas Sosa, todos vinculados desde distintas trincheras a los derechos humanos y los acontecimientos sociales.

Caso Ayotzinapa: protestas de los padres de los normalistas desaparecidos
Padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, Guerrero, en una protesta esta semana afuera de la Fiscalía General de la República (El Universal)

A todos se les preguntó lo siguiente, en el marco del aniversario de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa:

1) ¿Qué representa el caso Ayotzinapa para el país?

2) ¿Cómo califica la actuación de las autoridades?

3) ¿Qué factores impiden el esclarecimiento pleno de los hechos?

4) ¿Cuál sería el desenlace ideal para que no quede la sensación de injusticia?

Coincidencias sobre Ayotzinapa

Las principales coincidencias en las respuestas apuntan a que es deber y obligación del Estado dar con el paradero de los desaparecidos normalistas de Ayotzinapa, que debe salir a la luz pública la verdad de los hechos, que los involucrados en las desapariciones y los relatores de la llamada “verdad histórica” paguen con cárcel  y garantizar que no haya nunca más otro caso Ayotzinapa en México.

Algunos analistas manifestaron sus expectativas de que con el cambio de gobierno y la actual administración federal, la investigación sobre las desapariciones de Ayotzinapa se esclarezca, pero también hay quien considera que la cerrazón de las fuerzas militares y la participación del crimen organizado son los principales impedimentos para saber cuál fue el destino de los normalistas.

Renata Demichelis Avila

Renata Demichelis Avila, coordinadora de Elementa DDHH en México, opina sobre el caso Ayotzinapa

Fracaso de la “guerra contra las drogas”

1) El caso Ayotzinapa es emblemático, es un símbolo que representa a los más de 73 mil casos de desaparición forzada en el país y la lucha de sus familias por la verdad y la justicia. También representa el fracaso de la llamada "guerra contra las drogas", una guerra que ha sido contra las personas y que ha dejado a este país sumido en una espiral de violencia y mucho dolor, señala Renata Demichelis Avila, coordinadora de la Oficina México de Elementa DDHH.

Indolente y perversa

2) Hay tantos calificativos que aplican. En pocas palabras diría: omisiva, indolente y perversa. La "verdad histórica", la tortura documentada a las personas acusadas por algunos delitos, la impunidad y la corrupción son muestra de ello.

Complicidad e impunidad

3) La complicidad que existe entre altos funcionarios y el crimen organizado, sumado a la altísima tasa de impunidad en México. Además, el afán de continuar justificando la fallida "guerra contra las drogas" y la militarización del país.

Lee: Esto ocultó el gobierno de Peña Nieto sobre el caso Ayotzinapa

¿Dónde están los normalistas de Ayotzinapa?

4) Además de la sanción de los responsables, al más alto nivel, es importante que se esclarezcan los hechos. ¿Qué pasó? ¿Dónde están los normalistas? La verdad y promover la memoria de las graves violaciones a derechos humanos.

Efraín Poot Capetillo

Efraín Poot Capetillo, investigador del Centro Hideyo Noguchi,

Normalización de la violencia

1) Esta salvaje represión a una movilización estudiantil en Iguala, además de la desaparición forzada de 43 estudiante, 5 muertos y 25 heridos y las indagaciones sobre el caso, pusieron al desnudo la debilidad y el grave deterioro alcanzado por la estructura gubernamental y sus instancias encargadas de la seguridad y la impartición de justicia, pues:

a) Evidenció el grado de sometimiento de dichas instancias a los intereses de las bandas delincuenciales, b) la incapacidad y falta de voluntad política de las instancias gubernamentales para llegar al fondo del asunto, y c) lo más grave ha sido la normalización de la violencia criminal entre amplios sectores de la población mexicana, que ha asumido una actitud de indiferencia o rechazo, tanto hacia al esfuerzo de quienes en varias entidades se empeñan en conocer el destino de sus hijos, parientes, amigos o conocidos, desaparecidos, como ante la enorme cantidad de fosas con restos humanos halladas en territorios marcados por la fuerte presencia del crimen organizado, apunta el investigador Efraín Poot Capetillo.

Irresponsabilidad, alevosía y ventaja

2) Las autoridades del gobierno de Enrique Peña Nieto actuaron con total irresponsabilidad, alevosía y ventaja para ocultar los hechos, de allí que hayan sembrado pruebas y creado la famosa “verdad histórica” para descalificar las movilizaciones de los padres de familia que desde entonces exigen la presentación de sus hijos con vida, no porque tengan esperanza de que esto ocurra, sino como una medida de presión para enjuiciar tanto a los culpables por comisión, como a los responsables de las instancias que estuvieron alejadas de cumplir con sus funciones investigadoras, pues alteraron y sembraron pruebas.

Red de complicidades

3) La compleja e intrincada red de complicidades tejida durante largo tiempo entre las bandas criminales, altos mandos de los cuerpos de seguridad, jueces y políticos profesionales que han hecho tortuoso el camino para develar el paradero de todos y cada uno de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos y poder aplicar la justicia.

Esclarecería otras desapariciones

Manifestación organizada por los padres de los 43 desaparecidos frente a la Suprema Corte, en Ciudad de México.- (Foto de EFE)

4) Que los mecanismos de diálogo y cooperación entablados entre los demandantes y el actual gobierno federal se mantengan en estricto apego al derecho y el respeto entre las partes, pues eso ha producido avances importantes que sin duda abonarán a tener certeza sobre el destino de los estudiantes, esclarecer responsabilidades y ejercer acción penal contra los autores intelectuales y materiales de tan horrible crimen. Estoy plenamente convencido que lo anterior contribuiría al esclarecimiento del resto de desapariciones ocurridas en el país, y generaría las condiciones para emprender el desmantelamiento de esa intrincada y espesa red de complicidades, la verdadera depuración, fortalecimiento y profesionalización de los cuerpos policiacos, así como una profunda reforma del poder judicial que ponga fin a la existencia de jueces corruptos y ayude a desmantelar a la mafia que asuela a  México.

Rocío Cortés Campos

La antropóloga Rocío Cortés Campos habla de los normalistas de Ayotzinapa

Ayotzinapa: gran deuda del Estado

1) Sin duda es una de las grandes deudas y pendientes del Estado hacia los ciudadanos, las víctimas y sobre todo a las familias de los normalistas. Constituye uno de los tantos acontecimientos deshonrosos, reprochables, deleznables y por demás dolorosos, que ocurrieron y siguen ocurriendo en la República Mexicana, subraya Rocío Cortés Campos.

Importante: encontrar a los desaparecidos

2) Definitivamente ha faltado respuesta a la denuncia pública, y especialmente a las familias y seres queridos de las víctimas. A seis años de esta tragedia, seguimos sin claridad de los hechos, pero especialmente continuamos sin una respuesta contundente sobre el paradero de las y los desaparecidos, que es lo más importante: encontrar a estas personas.

Tristeza y vergüenza

3) Las circunstancias en que ocurrieron los hechos  dificultaron los procesos de la investigación, además de factores sociopolíticos añadidos. Lo que empeora la situación es que en la medida en que pasa el tiempo, se hace aún más difícil responder a esta interrogante, que sigue presente en la memoria de la ciudadanía mexicana, e internacional, y también continúa en la agenda pública y de los medios de comunicación, dada su altísima importancia.  Es una tristeza y una vergüenza que los casos de desaparecidos y desaparecidas sean una constante en nuestro país, por diversas circunstancias. Y debe ser una de las premisas del Estado, no solo dar con el paradero de estas personas, sino erradicar esta práctica.

Por la memoria de los desaparecidos

4) A seis años del acontecimiento ya queda la sensación de injusticia por demás sobrada e indignante. Y más que idealizar, creo que lo mínimo indispensable, la gran deuda del Estado, es dar una respuesta definitiva sobre este tema tan delicado. El deber y la obligación es dar con el paradero de las y los desaparecidos. Se debe a México y a su ciudadanía, pero por encima de todas las cosas, se debe a sus familias y amigos; sobretodo se debe a la memoria de los propios desaparecidos.

Martha Capetillo Pasos

Cadena que profundiza el horror

1) Representa toda la rabia ante el horror que hemos vivido como país en los últimos años con la participación, complicidad, inacción y/o encubrimiento de las autoridades. Cuando gritamos 43 gritamos cada nombre de los estudiantes de Ayotzinapa pero también gritamos la rabia por cada desaparecida y cada desaparecido de México, por las masacres, por la violencia, por la impunidad. Ayotzinapa nos puso de frente al horror máximo y continuado por los hechos en sí, por la crueldad, por la impunidad y por el encubrimiento de las autoridades, una cadena que no ha hecho más que profundizar el horror.

Ayotzinapa nos convocó y movilizó a todo el país. Cada desaparición, cada muerte, cada masacre es por supuesto intolerable, pero en Ayotzinapa se encendieron alarmas pues se traspasaron los límites del horror. Los estudiantes nos convocaron y reunieron toda la indignación registrada y documentada en todo el territorio nacional, expresa Martha Capetillo Pasos.

Jóvenes que acompañan a los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa realizan pintas en la fachada del Consejo de la Judicatura Federal.- (El Universal)

La falsa “verdad histórica” de Ayotzinapa

2) En el caso de Ayotzinapa se ha demostrado la participación de distintas autoridades tanto la noche misma de los hechos como en el posterior encubrimiento.

Están implicados militares, policías municipales y estatales, el presidente municipal pero también la entonces Procuraduría General de la República a cargo de Jesús Murillo Karam en la corrupción de la investigación, la fabricación de una falsa “verdad histórica”.

Abrió una esperanza

3) Precisamente la participación de autoridades del más alto nivel ha sido, consideramos, uno de los principales obstáculos para esclarecer el caso. El cambio de gobierno abrió una esperanza de justicia en este caso para las y los familiares y también para la sociedad.

Esperamos que esta esperanza no sea defraudada pero seguimos con mucha atención el caso y junto con las familias, junto con el Centro ProDH, junto con las organizaciones que acompañan y con la sociedad que se mantiene atenta, exigimos justicia.

Que sea justicia plena

4) Y no es únicamente que no quede sensación, sino que sea justicia plena. Nos sumamos a la exigencia de las familias: verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Esto implica saber dónde están los estudiantes y saber qué pasó. Implica sanción a los responsables directos pero también sanción a quienes corrompieron la investigación.

La desaparición es un crimen de una crueldad máxima y es un crimen que continúa cometiéndose y continúa lesionando mientras no se tenga acceso a la verdad. Vale la pena recordar que el Estado mexicano aún no ha rendido cuentas por las desapariciones del pasado, perpetradas en los sesentas, setentas e incluso en los ochentas, ni ha garantizado el derecho a la verdad y a la justicia.  Mantenemos toda nuestra atención ante los próximos informes y actuaciones del actual gobierno, que está obligado a romper con el pacto de impunidad que en el pasado impidió el acceso a la verdad y a la justicia. Esa es la exigencia y a ella nos sumamos.

Carlos Escoffié Duarte

Las consecuencias de la injusticia

1) Ayotzinapa nos demuestra las consecuencias de no haber generado una verdadera justicia transicional en el 2000. Se logró una transición electoral y el inicio de la democracia electoral, pero no se castigaron los crímenes de la dictadura, ni se adoptaron medidas institucionales para evitar que se repitan, como se hizo en otros países, expone Carlos Escoffié Duarte.

Facilitaron la impunidad

2) En el sexenio pasado, al menos cómplice en el autosabotaje de la investigación. Al menos hay responsabilidad por omisión y por facilitar la impunidad. En la actual administración, si bien se han adoptado pasos muy importantes, no han entendido la fotografía más amplia: no se trata de resolver solo el caso de los 43 sino las circunstancias que lo permitieron.

3) La imposibilidad jurídica e institucional en México para investigar al interior de los cuarteles militares.

Compromiso abandonado

4) Que se garantice la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición. Y para esa no repetición el gobierno federal debe retomar el proceso de justicia transicional que prometió, que incluyó en el Plan Nacional de Desarrollo y que ha abandonado.

Freddy Espadas Sosa

Cadena de infamias

1) El caso Ayotzinapa representa un eslabón más de la cadena de infamias, abusos y crímenes de Estado que han caracterizado a los últimos 45 años de nuestra vida nacional, indica Freddy Espadas Sosa. Después de los trágicos sucesos del 68 y del 71, así como de la horrenda guerra sucia de los años 70, Ayotzinapa (septiembre 2014), junto con las matanzas de Acteal (diciembre 1997, 45 víctimas), Aguas Blancas (junio 1995, 17 asesinados) y Tlatlaya (junio 2014, 22 víctimas)  ilustran tristemente la franca degradación del Estado mexicano en cuanto al grave deterioro, complicidad, corrupción e impunidad en que fueron cayendo las instituciones que debían procurar la seguridad pública, la tranquilidad y la justicia a todos los mexicanos. Lamentablemente, esta degradación se fue dando en los tres órdenes de gobierno: federal, estatal y municipal en extensas regiones del territorio nacional.

Actuación cínica y desvergonzada

2) La actuación de las autoridades anteriores a 2018 fue pésima, cínica y desvergonzada, pues con el ánimo de sepultar esta horrenda afrenta para el país, quisieron imponer la llamada “verdad histórica”, la cual sólo fue un burdo montaje mediático que bien pronto se vino abajo con las evidencias mostradas por los expertos nacionales e internacionales. Desde su llegada, las actuales autoridades mostraron apertura y genuino interés por esclarecer totalmente estos hechos deleznables. Los familiares de las víctimas han sido recibidos por el Presidente de la República en Palacio Nacional, se reabrió la investigación en todas sus vertientes, se nombró un Fiscal Especial y se creó por decreto la Comisión Presidencial para la Verdad y Acceso a la Justicia de este caso, con un  Subsecretario de gran reputación –Alejandro Encinas–a cargo.

A seis años de la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas no hay respuestas, certezas ni justicia.- (Foto de la agencia AP)

Fibras e intereses muy delicados

3) Es probable que la perpetración de la desaparición y eventual asesinato de los estudiantes normalistas haya sido producto de la complicidad de diversos ámbitos del poder con la delincuencia organizada. Podrían tocarse fibras o intereses muy delicados por parte de los actores involucrados, al exhibir su participación directa o intelectual a través de un espantoso entramado de corrupción e impunidad.

Dos escenarios sobre los normalistas

4) Visualizo dos escenarios (posibles más que ideales) como desenlaces: a) Que se encuentre a los estudiantes vivos, se sepa el móvil de su desaparición, se haga acto nacional de desagravio y se castigue con todo el peso de la ley a todos los autores materiales e intelectuales de estos hechos, b) Si hubiesen sido arteramente asesinados, que aparezcan todos los restos de los jóvenes; o bien que aparezca una parte de éstos o no aparezca el resto de ninguno.

Si aparecen dichos restos, que se les inhume con un funeral de Estado y se les rinda homenaje en un acto de desagravio nacional encabezado por el Presidente, los familiares y los demás Poderes de la Unión; que se esclarezcan plenamente los hechos sin importar el rango o nivel de los culpables, y se aplique el castigo ejemplar conforme a la Ley. Que tras el pleno esclarecimiento de los sucesos, se decreten tres días de luto nacional como un acto de regeneración de nuestra vida pública.

Escrito por Joaquín Chan Caamal

Joaquín Orlando Chan Caamal, reportero de la Agencia Informativa Megamedia (AIM); es periodista desde 1987 y en 1993 ingresó a Diario de Yucatán, buque insignia de Grupo Megamedia.   Escribe sobre el ámbito local y peninsular. Ha desarrollado  contenidos sobre educación, economía, medio ambiente, sectores empresariales y seguridad y policía.  

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