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Ser activista es como una sentencia de muerte en México

Defensores de la tierra firman su sentencia de muerte

Activistas indígenas son blanco de ataques

Telésforo Santiago Enríquez fue asesinado en el estado de Oaxaca, la tarde del 2 de mayo pasado en el barrio Ampliación Tres Cruces del municipio de San Agustín Loxicha. Fue emboscado cuando viajaba a bordo de su auto por sujetos armados que dispararon de tres a cinco ocasiones.

Su asesinato precedió la conmemoración del Día de la Libertad de Prensa, motivo por el cual una de las líneas de investigación es su actividad periodística, pues fue fundador y conductor de la radio comunitaria El Cafetal 98.7.

Pero para algunos de sus conocidos otra fuerte hipótesis es su activismo como defensor del territorio indígena en el sur de Oaxaca. Y no es él único caso en el estado

Con el asesinato de Telésforo Santiago suman al menos cinco los activistas y defensores de derechos humanos miembros de organizaciones sociales y comunitarios ultimados en Oaxaca en un periodo de cuatro meses de 2019.

 Además, con el homicidio de Telésforo, la cifra de activistas asesinados en el Oaxaca asciende a 14 entre 2018 y lo que va de 2019.

 Cinco de las víctimas eran miembros de la organización Comité en Defensa de los Derechos Indígenas (Codedi), según un reportaje de El Universal.

Yésica Sánchez Maya, dirigente de Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, asegura que con base en registros ciudadanos y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Oaxaca se encuentra desde 2010 entre los tres estados con mayores niveles de ataques contra personas defensoras y en primer lugar, contra mujeres de este sector.

 “El incremento de ataques es otra de las consecuencias más dramáticas de la represión política contra las personas, pueblos y comunidades organizados en el estado”, dijo.

Lista negra

 El primer activista asesinado durante 2019 fue Bernardino García Hernández, habitante de Zimatlán de Lázaro Cárdenas y defensor mixteco de la tierra y el territorio.

 De acuerdo con el dirigente del Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas (Cedhapi), Rubén Benítez, su homicidio probablemente está relacionado con la disputa de tierras con la comunidad de San Sebastián Nopalera.

Dos días después -el pasado 23 de enero- mataron a Gustavo Cruz Mendoza en la comunidad de Cerro Caliente, en el municipio de Santiago Jocotepec. Era integrante del Consejo Indígena Popular de Oaxaca Ricardo Flores Magón.

En la misma comunidad chinanteca, el dirigente de la Unión Campesina e Indígena Nacional (UCIN), Carlos Mendoza Ramos, fue secuestrado la noche del domingo 20 de enero, y a la fecha continúa en calidad de desaparecido.

El pasado 9 de febrero fue asesinado en su casa el activista muxe Óscar Cazorla, de 62 años,  una de las primeras personas en defender los derechos de la comunidad gay en el Istmo de Tehuantepec.

El pasado 11 de abril de 2019, Luis Armando Fuentes, activista y miembro de la organización Sol Rojo, fue emboscado y asesinado en San Francisco Ixhuatán.

 El pasado 2 de mayo, fue acribillado el activista Telésforo Santiago Hernández, quien se distinguió como defensor del territorio indígena en el sur de Oaxaca.

Sánchez Maya sostiene que en Oaxaca no existen garantías para ejercer la labor de defensa de derechos de las comunidades indígenas:

 “El exilio forzado ha sido en este sentido una de las más graves consecuencias que han tenido que enfrentar los defensores, como  Juan Sosa Maldonado, defensor indígena exiliado desde 2013 tras sufrir un atentado contra su vida”.

Considera que es urgente que el nuevo gobierno de la República que encabeza Andrés Manuel López Obrador instale mesas de trabajo para alcanzar justicia ante las graves violaciones de los defensores “criminalizados”.

Botón de muestra

Esta situación en Oaxaca es solo un botón de muestra de una tendencia mundial.  De acuerdo con un reporte reciente de la asociación Global Witness, 2017 fue el año con más muertes registradas de personas defensoras de la tierra y el medio ambiente.

Este informe urge, de manera crítica, al gobierno y a las empresas a tomar medidas para poner fin a los ataques y apoyar a las personas defensoras, con personas voceras como Yuri Herrera, Margaret Atwood, Lily Cole, George Monbiot y Ben Fogle manifestándose en contra de los asesinatos.

Hoy Global Witness revela que al menos 207 personas defensoras de la tierra y del medio ambiente fueron asesinadas el año pasado: líderes indígenas, activistas comunitarios y ecologistas asesinados al intentar proteger sus hogares y comunidades de la minería, la agroindustria y otros negocios destructivos.

Revelaciones clave

 De acuerdo con Global Witness , Brasil registró mayor cantidad de asesinatos de este tipo que cualquier otro país en la historia, con 57 homicidios en 2017.

48 personas fueron asesinadas en Filipinas en 2017, el número más alto jamás documentado en un país asiático.

El 60% de los asesinatos registrados tuvo lugar en América Latina. En México y Perú los homicidios aumentaron drásticamente, de tres a 15 y de dos a ocho, respectivamente. Nicaragua registró la mayor cantidad de homicidios per cápita, con cuatro asesinatos.

Probablemente el total global sea mucho mayor, considerando las graves limitaciones en cuanto a datos disponibles. El asesinato es el ejemplo más atroz de una serie de tácticas utilizadas para silenciar a las personas defensoras, incluyendo amenazas de muerte, arrestos, intimidación, ciberataques, agresión sexual y demandas judiciales.

Casos recientes

Samir Flores Soberanes, uno de los principales líderes opositores al proyecto de la termoeléctrica en Morelos.- Foto EFE

Este año, el presidente Andrés Manuel López  Obrador carga al menos con la muerte de un activista de Morelos, dos días antes de un consulta sobre el proyecto de la termoeléctrica de Huexca.

Samir Flores Soberanes, líder opositor a la termoeléctrica, en el municipio de Cuautla, Morelos, fue asesinado a balazos durante la mañana del miércoles 20 de febrero.

De acuerdo con la agencia de noticias “Quadratín”, Flores Soberanes fue atacado a las 5:30 de la mañana afuera de su domicilio, ubicado en el poblado de Amilcingo, en Temoac, Morelos.

Tras el ataque, Samir, de 32 años, fue trasladado aún con vida al Hospital Comunitario de Jonacatepec pero media hora después murió a consecuencia de las heridas. Testigos de los hechos relataron que los agresores de Samir huyeron en dos automóviles.

En Guerrero, el Concejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata (Cipog-EZ) y el Congreso Nacional Indígena (CNI) informaron el pasado lunes 6 que fueron asesinados a balazos el concejal nahua José Lucio Bartolo Faustino y Modesto Verales Sebastián, promotor de ambas organizaciones, en la región de la Montaña baja de Guerrero.

Dirigentes del Cipog-EZ emitieron un comunicado conjunto en el cual declararon que “los compañeros fueron arteramente asesinados en una acción en la que se coludieron los grupos de la delincuencia organizada y los tres niveles de gobierno”.

“Nuestros compañeros fueron secuestrados y asesinados por grupos narcoparamilitares que operan en la región, con la complicidad y protección de los tres niveles del mal gobierno, que con desprecio y mentiras simula atender las demandas de seguridad y justicia de las comunidades indígenas”

En el comunicado señalaron que “nuestros compañeros asesinados y sus comunidades llevan años organizando su policía comunitaria para resistir la violencia, la extorsión y la imposición de la siembra de la amapola por parte de dos grupos criminales, Los Ardillos y Los Rojos, que controlan los gobiernos municipales de la región, con la complicidad del Ejército Mexicano y de las policías estatales y municipales”.

La mafia del narco

En México la situación se agrava por la mafia del narcotráfico que controla territorios y comunidades enteras tanto para el cultivo como el procesamiento y el comercio de estupefacientes. A continuación, otro  ejemplo:

Los habitantes de San Pedro y San Pablo Ayutla, un municipio mixe de la Sierra Norte de Oaxaca, cumplieron el lunes pasado 700 días sin acceso al agua potable, tras el despojo del manantial que se la suministraba a mano de un grupo armado de una comunidad vecina, lo que los ha llevado a subsistir por medio de pequeños arroyos y las captaciones de agua de lluvia.

La situación que padecen los 3 mil habitantes de la población comenzó el 18 de mayo de 2017, cuando un grupo armado ligado a la comunidad de Tamazulápam del Espíritu Santo, también de la etnia mixe, tomó por la fuerza 25 solares en la que habitaban comuneros de Ayutla y que se ubicaban en el paraje donde se encuentra el manantial que los proveía de agua.

Cerca de un mes después, se realizó una inspección ocular por orden judicial, como una medida para dar salida a la posesión por la fuerza de estas tierras y encontrar una solución al conflicto entre ambas poblaciones, pero un grupo armado disparó contra los comuneros desarmados de Ayutla, ataque en el que murió Luis Juan Guadalupe y otras seis personas resultaron heridas.

 Además cuatro mujeres fueron secuestradas, torturadas y liberadas 24 horas después por la presión que ejercieron organismos de la sociedad civil. Desde entonces pobladores de Tamazulápam impidieron el suministro de agua potable y el 25 de agosto de 2017 destruyeron toda la infraestructura hidráulica con la que contaba Ayutla, incluidos tanques de captación, de almacenamiento y distribución, sistema de válvulas y sistema de tuberías.

El próximo 5 de junio se cumplirán dos años de la incursión del grupo armado ligado a funcionarios de Tamazulapam y según, las autoridades municipales de Ayutla, ligado a la siembra de amapola y mariguana en la zona.

“Muerte en la Tarahumara”

De acuerdo con el portal Mexicanos Contra la Corrupción, en México, la resistencia de las comunidades indígenas lleva siglos, pero en las últimas décadas se ha intensificado, en especial en zonas como la Sierra Tarahumara, en el estado de Chihuahua. Ahí, los defensores de territorio y recursos naturales están siendo asesinados y las comunidades desplazadas por la acción de grupos de narcotráfico —que también explotan la tala legal e ilegal—, el aumento de proyectos mineros y la indiferencia gubernamental. Lo que se vive en la Tarahumara se ilustra con la historia de la comunidad rarámuri Coloradas de la Virgen y de uno de sus defensores: Julián Carrillo Martínez, asesinado el 24 de octubre de 2018.

Una investigación de Thelma Gómez Durán y Patricia Mayorga concluye que “quienes defienden la Sierra Tarahumara, una de las zonas boscosas más importantes de México, se enfrentan al narcotráfico, a caciques locales, a la imposición de proyectos extractivos y a la indiferencia gubernamental. Esos defensores son, en su mayoría, indígenas cuya identidad se forjó entre montañas, barrancos, pinos y manantiales. Sin ese territorio, dicen, ellos no son nada. Por eso lo protegen. Por eso se niegan a que se talen sus bosques y a que sus manantiales se sequen. Por eso enfrentan a quienes buscan cortar sus raíces”.

Reporte completo en https://contralacorrupcion.mx/tierra-resistentes/mexico/

El gobernador Javier Corral en el velorio del activista Julián Martínez.- Twitter

Víctima rarámuri

El 25 de abril pasado Diario de Yucatán publicó un reportaje sobre la situación en la Sierra Tarahumara. Un ejemplo del riesgo que viven los defensores de esas tierras, que en su mayoría son “indígenas cuya identidad se forjó entre montañas, barrancos, pinos y manantiales”, es el de Julián Carrillo Martínez, asesinado el 24 de octubre de 2018.

Carrillo Martínez vivía en la comunidad rarámuri Coloradas de la Virgen, donde fungía como presidente de bienes comunales, cuya principal tarea era “cuidar todo aquello que es de la comunidad: árboles, agua y territorio”.

Su muerte derivó en que su familia tuviera que salir de su localidad por el miedo de que ellos también sean asesinados. Semanas antes del homicidio de Carrillo Martínez, este se había enterado de la emisión del gobierno mexicano de unas concesiones otorgadas a empresas para la implementación de proyectos mineros. Hecho que comenzó a denunciar.

María, esposa de Julián, se ha hermanado con la muerte, pues en febrero de 2016 asesinaron a su hijo Víctor Carrillo; año en que también quemaron su casa. En 2017 mataron a dos de sus sobrinos y en julio de 2018 a su yerno. Al dejar Coloradas, lo hizo con sus cuatro hijos, dos nueras y cuatro nietos.- Luis Luna Cetina

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