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La Profepa podría clausurar trabajos en el Tren Maya

Dos personas cruzan vías férreas ubicadas en Palenque

Incumple la norma

CIUDAD DE MÉXICO (EFE).— El proyecto del Tren Maya que quiere realizar el futuro presidente, Andrés Manuel López Obrador, carece de estudio de impacto ambiental, confirmó la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

La falta de este análisis sobre las posibles repercusiones medioambientales impediría el inicio de la construcción en la fecha anunciada, el próximo 16 de diciembre, pues la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) no ha recibido ninguna solicitud por parte del equipo de transición del izquierdista, señaló la dependencia.

Anteayer, luego de la presentación del libro “Parque Nacional Revillagigedo: Refugio de Gigantes”, el titular de la Semarnat, Rafael Pacchiano, indicó que, en caso de que las obras comenzaran en diciembre, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) tendría que emitir una sanción y clausurar los trabajos.

Asimismo, Pacchiano aseguró que esta intervención de la Profepa se aplica a “cualquier obra que sea sujeta por ley a la presentación de una manifestación de impacto ambiental o de cambio de uso de suelo forestal”.

Pacchiano recordó también que los plazos que establece la ley son de 60 días para evaluar una manifestación de impacto ambiental, prorrogables a 120 días en caso de que se requieran estudios adicionales.

Consentimiento

Sobre este proyecto, Amnistía Internacional (AI) sostuvo ayer que la construcción del Tren Maya debe contar con consentimiento de los pueblos indígenas que pudieran ser afectados.

“Las nuevas autoridades deben garantizar que este megaproyecto se llevará al cabo solo si los pueblos indígenas potencialmente afectados han dado su consentimiento previo, libre e informado”, declaró Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de AI.

En un comunicado, la directiva señaló que “México debe respetar sus obligaciones bajo el derecho internacional y consultar adecuadamente a los pueblos indígenas sobre las acciones de gobierno o políticas públicas susceptibles de afectar sus derechos al territorio y sus derechos económicos, sociales y culturales”.

“México ha suscrito convenios e instrumentos internacionales que le obligan a realizar una consulta adecuada y exhaustiva, a fin de determinar si los intereses y territorios ancestrales de los pueblos indígenas serían perjudicados y en qué medida, antes de emprender o autorizar cualquier proyecto, como el denominado Tren Maya”, expuso.

Asimismo, la organización indicó que “la consulta informada debe cumplir con los criterios y requerimientos de participación e información necesarios para la toma de decisiones, incluidos estudios de impacto ambiental, social y de ejercicio de derechos humanos”.

Aunque solo falta un mes para la fecha anunciada del inicio de las obras del proyecto, López Obrador aseguró que la viabilidad de los trabajos será sometida a consulta ciudadana en los 32 estados del país los próximos días 24 y 25 de noviembre.

“Les vamos a preguntar a los mexicanos, no solo a los habitantes del sureste, sino a todos los mexicanos, su opinión sobre este proyecto del Tren Maya”, declaró López Obrador tras una reunión de trabajo con gobernadores en funciones y electos de lo estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, todos involucrados en el proyecto ferroviario.

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