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“Ley Garrote” criminalizaría la libertad de expresión, denuncia la ONU

La ONU expresó su preocupación por que la nueva “Ley Garrote”, aprobada en Tabasco, criminalice las protestas y la libertad de expresión (Foto tomada de @InformaBalancan)
La ONU expresó su preocupación por que la nueva “Ley Garrote”, aprobada en Tabasco, criminalice las protestas y la libertad de expresión (Foto tomada de @InformaBalancan)

CIUDAD DE MÉXICO.- La Organización de las Naciones Unidas (ONU) criticó que se aplique la “Ley Garrote” en Tabasco porque vulnera la libertad de expresión.

El organismo difundió una carta firmada por tres relatores especiales y dirigida al Estado mexicano.

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¿Qué abarca la norma?

La misiva critica que el Código Penal de Tabasco se reformó para castigar con hasta 20 años de prisión a quien impida o trate de impedir la ejecución de obras privadas.

También para quien obstruya el acceso de personal o de maquinaria e impida total o parcialmente el libre tránsito de personas, vehículos, equipo especializado o similar para la ejecución de trabajos en las vías de comunicación.

Aunque los relatores de la ONU reconocieron que con estas reformas se buscó inhibir los actos de extorsión contra empresas públicas y privadas, señalaron que la legislación es muy general y se presta a la criminalización de la protesta ciudadana.

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Firman la carta David Kaye, relator especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión; Clement Nyaletsossi Voule, sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y asociación; y Michel Forst, sobre la situación de los defensores de derechos humanos.

“Intervención excesiva”

“Recomendamos al gobierno de su Excelencia reconsiderar si el uso del derecho penal es un medio adecuado para lograr dicho objetivo, tomando en cuenta que tiene como consecuencia la prohibición y criminalización de las protestas sociales”, se lee en el documento.

Los relatores consideraron que esa “intervención penal utilizada es excesiva en sus consecuencias y en su limitación al disfrute de derechos humanos”.

Por ello, invitaron a las autoridades buscar un nuevo camino que sirva para erradicar la extorsión.

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Se mostraron preocupados porque, según el Código Penal de Tabasco, la participación de dos o más personas en el impedimento de la construcción de obras públicas “por cualquier medio” agravaría el castigo legal contra los manifestantes.

“Es excesivo el uso de la sanción penal, que es el instrumento punitivo más fuerte, para regular la protesta social de una manera tan general, y con sanciones que pueden alcanzar hasta los 20 años de encarcelamiento”, señala.

Además, hicieron énfasis en las repercusiones que habrá hacia los defensores de derechos humanos.

Ello sería sobre todo a las comunidades indígenas afectadas por la construcción de obras para las que no fueron consultadas.

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