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Indicios de feminicidio: Ordenan detener a siete policías por muerte de doctora

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PACHUCA.- Por indicios del delito de feminicidio en contra de Beatriz "H", se liberó una orden de aprehensión en contra de siete elementos de la policía municipal de Progreso, Hidalgo, entre ellos la directora de la corporación, Estefanía Hernández, además se dio el resguardo de armas al no contar con licencia de portación.

El caso de la doctora Beatriz

El miércoles, alrededor de las 17:00 horas, la doctora Beatriz chocó por alcance contra un vehículo lo que ocasionó una carambola de cuatro unidades.

Incluso con la colaboración de la víctima, quien prestó auxilio a los heridos y acordó el pago de los daños, los elementos policíacos detuvieron a la mujer y la ingresaron a los separos.

En los separos, Beatriz "H" recibió la visita de su padre, quien después de salir a cumplir unos trámites y regresar a los 15 minutos, la encontró en el suelo donde le realizaban maniobras de resucitación.

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Ayuntamiento dice que su muerte fue un suicidio

El ayuntamiento, a cargo del morenista Armando Mera Olguin, acusó que Betty, de 30 años y originaria del municipio de Tezontepec de Aldama, se suicidó en la celda al colgarse con un "objeto".

Por estos hechos, se giró la orden de aprehensión en contra de siete elementos, cuatro hombres y tres mujeres, entre ellas la directora de la corporación Estefanía Hernández.

La Secretaría de Seguridad precisó que en el caso del armamento, encontró que solo cinco elementos contaban con licencia de portación y tenían en su poder 14 armas, por lo cual se tomaron en resguardo seis y se aclaró que el municipio no está vulnerable ya que cuentan con el armamento que le corresponde.

El ayuntamiento refirió que por la madrugada, 50 elementos de la Secretaría de Seguridad, a bordo de 10 patrullas, despojaron de las armas al municipio. El alcalde señaló que no se cumplió con los principios básicos legales, ya que debió ser la Secretaría de la Defensa Nacional, por tratarse de trámites de competencia federal.

También argumentó que los siete servidores públicos fueron detenidos de manera ilegal, cuando habían acudido de manera voluntaria como testigos para colaborar en la carpeta de investigación.

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