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Padres de Ayotzinapa entran a cuartel militar en busca de sus hijos desaparecidos

Imagen tomada de la cuenta en Twitter de Alejandro Encinas de una visita de padres de jóvenes de Ayotzinapa al cuartel militar de Iguala
Imagen tomada de la cuenta en Twitter de Alejandro Encinas de una visita de padres de jóvenes de Ayotzinapa al cuartel militar de Iguala

CIUDAD DE MÉXICO.— Padres de los 43 estudiantes desaparecidos de la escuela para maestros de Ayotzinapa, en Guerrero, accedieron al cuartel militar de Iguala “como parte de las acciones emprendidas para el esclarecimiento de los hechos”.

El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, difundió un boletín que señala que miembros de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia para el caso Ayotzinapa (CoVAJ) hicieron un recorrido de trabajo por el 27 Batallón de Infantería en Iguala.

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“Fueron recibidos por funcionarios de la Secretaría de la Defensa Nacional, quienes les facilitaron el acceso a las instalaciones”, indicó el comunicado difundido en Twitter por el funcionario, quien encabeza la CoVAJ.

El texto añadió que “el recorrido se realizó a petición de los padres de los normalistas e integrantes de la Comisión, como parte de las acciones emprendidas para el esclarecimiento de los hechos sucedidos entre el 26 y 27 de septiembre de 2014”.

De acuerdo con el comunicado conjunto de las secretarías de Gobernación y de la Defensa Nacional, la visita comprendió la presentación histórica del Batallón y el recorrido por las instalaciones.

“Compromiso para esclarecer los hechos”

Al término del recorrido, los miembros de la CoVAJ solicitaron que se continúe apoyando con la investigación hasta conocer el paradero de los jóvenes.

“Las secretarías de Gobernación y de la Defensa Nacional reiteran su compromiso institucional para esclarecer los lamentables hechos ocurridos en Iguala de la Independencia, demostrando plena apertura, transparencia y colaboración para el desarrollo de las investigaciones en cumplimiento al decreto presidencial del 3 de diciembre de 2018”, acotó.

Mecanismo creado en el actual sexenio

La comisión es un mecanismo creado por decreto del presidente Andrés Manuel López Obrador que tiene por objeto asistir a los familiares de las víctimas del caso Ayotzinapa a hacer efectivos sus derechos humanos, incluyendo un pleno acceso a la justicia y a la verdad.

Está formada por representantes de las secretarías de Gobernación, de Relaciones Exteriores y de Hacienda, así como por una comisión de padres de los estudiantes desaparecidos y representantes de organizaciones civiles que les acompañan.

La “verdad histórica” del gobierno de Peña Nieto

La visita a la sede del 27 Batallón era una demanda constante de los familiares por las sospechas en torno a la supuesta participación de militares de ese cuartel en la desaparición de los jóvenes.

De acuerdo con la “verdad histórica” defendida por el expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), los estudiantes fueron detenidos por policías municipales corruptos en Iguala y entregados al grupo criminal Guerreros Unidos, que los asesinó e incineró en un basurero del municipio de Cocula.

Objeciones de una comisión de la CIDH

Pero el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) nombrado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que estuvo un año investigando el caso, sostuvo la imposibilidad de que los 43 cuerpos fueran quemados en el vertedero, desveló fallas en las pesquisas y sacó a la luz que parte de la versión oficial se basaba en testimonios de detenidos torturados.

Ayer miércoles, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) informó que ha presentado 18 denuncias contra 375 personas “por violaciones graves a derechos humanos en el caso Iguala.”

Denuncias por el caso de Ayotzinapa

Precisó que se presentaron 6 denuncias penales contra 235 personas y 12 administrativas contra 140 personas, todas del servicio público de los ámbitos federal y estatal, con base en sus investigaciones del caso.

Destacan las denuncias contra 119 funcionarios públicos —114 del orden federal y 5 del estatal— por participar en actos de tortura; trato cruel, inhumano o degradante; detención arbitraria y otras violaciones en los casos en que la CNDH acreditó violaciones a derechos humanos a los inculpados en este caso.

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