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Buscan indicios en otro lado

Madres de los normalistas desaparecidos durante una protesta. La Fiscalía revisa otro basurero en el que pueden haber indicios del caso

Revisan basurero de Tepecoacuilco por el caso Iguala

CIUDAD DE MÉXICO (EFE).— Las autoridades iniciaron la búsqueda de indicios sobre la desaparición hace cinco años de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en el basurero de Tepecoacuilco, en el que no se había buscado hasta ahora, confirmaron ayer martes fuentes gubernamentales.

La operación lo llevan al cabo la Fiscalía General de la República (FGR) y la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia, creada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, a petición de las familias, disconformes con la investigación que llevó a cabo por el gobierno de Enrique Peña Nieto.

El secretario técnico de la Comisión de la Verdad y la Justicia, Félix Santana, viajó el lunes a Tepecoacuilco, ubicado a 15 kilómetros de Iguala, municipio de Guerrero en el que desaparecieron los 43 estudiantes de la escuela para maestros de Ayotzinapa el 26 de septiembre de 2014.

Cerca de 20 unidades militares resguardan el basurero a cielo abierto de este municipio, donde está previsto que se inicie una excavación para encontrar indicios sobre el paradero de los estudiantes.

Fuentes de la Comisión Presidencial para la Verdad y acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa explicaron a que no es la primera vez que esta institución realiza labores de búsqueda desde que fue creada en diciembre del año pasado.

Por otro lado, el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, exigió al gobierno que mande a laboratorios los 114 restos humanos del caso de Ayotzinapa para su análisis.

En declaraciones a medios, tras participar en un foro en Ciudad de México, González Pérez afirmó que el Gobierno federal no tiene excusa para no ordenar el análisis de los restos óseos seleccionados por la CNDH, de entre un total de 63,000 hallados en el supuesto lugar del crimen.

“El Estado mexicano señaló y las autoridades gubernamentales han señalado que no habrá restricción presupuestal para conocer la verdad. Insisto”, comentó el ombudsman nacional.

La noche del 26 de septiembre de 2014, un grupo de estudiantes que se desplazaban en autobuses fueron atacados a tiros por policías corruptos en el municipio de Iguala.

En el ataque murieron seis personas y 43 jóvenes fueron detenidos por policías municipales y entregados a integrantes del cartel Guerreros Unidos, que los asesinaron e incineraron sus restos en un vertedero de basura, según la versión oficial.

Pero un grupo de expertos nombrado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) investigó el caso y sostuvo que no era posible que los 43 cuerpos fueran quemados en el basurero y desveló que parte de la versión oficial se basaba en testimonios de detenidos torturados.

En este sentido, Gónzalez Pérez pidió al gobierno federal cumplir su promesa de acatar la recomendación emitida por la CNDH en noviembre pasado, en la que, además de clasificar los restos óseos, propusieron 220 líneas de investigación y 120 sugerencias específicas.

Restos

“Ahí hay restos. ¿Por qué no se perician más allá de reuniones que podamos tener, más allá de las líneas de investigación que se logren trazar? Períciense esos datos para ver. A alguien corresponden esos restos”, manifestó.

En noviembre del 2015, la extinta Procuraduría General de la República (PGR) envió algunos de los restos humanos al laboratorio de Innsbruck (Austria), que en diciembre de ese año identificó a Alexander Mora, uno de los desaparecidos, y en septiembre de 2016 a el estudiante Jhosivani Guerrero, otro de ellos.

El titular de la CNDH rechazó comentar si al Gobierno actual le falta voluntad política para resolver el caso, pero demandó acelerar la investigación del crimen, como también lo pidieron los padres de los desaparecidos en una reunión con el presidente a principios de mes.

“Quiero pensar que el tiempo de conocimiento, de interiorización de la averiguación previa, pues haría que todavía no los hubiesen mandado, pero ya estamos en el momento en que ya no hay tiempos para dilatarnos más en enviar esos restos”, argumentó González Pérez.

Exfuncionarios citados

La Fiscalía General de la República citó a declarar al exgobernador de Guerrero Ángel Aguirre, al exprocurador Iñaki Blanco y al exsecretario de seguridad Leobardo Vázquez, por el caso Ayotzinapa.

Datos públicos

La dependencia aseguró que una vez que los exfuncionarios declaren, “se hará pública la parte que procesalmente pueda darse” y no entorpecer el caso.

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