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Tras reformas, el fraude fiscal se tipifica como delincuencia organizada

El Senado aprobó reformas con las que se típica como delincuencia organizada el fraude fiscal (El Universal)
El Senado aprobó reformas con las que se típica como delincuencia organizada el fraude fiscal (El Universal)

CIUDAD DE MÉXICO.- El Senado aprobó reformas con las cuales el fraude fiscal se tipifica como delincuencia organizada, a fin de combatir a las empresas fantasma y la compraventa de facturas falsas.

La aprobación se dio entre críticas y cambios de último momento.

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“Es terrorismo fiscal”

El PAN adelantó que ante las inconsistencias en las reformas aprobadas, presentará una acción de inconstitucionalidad en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

De acuerdo con los panistas, esas medidas criminalizan a los contribuyentes. “Se trata de terrorismo fiscal hacia los ciudadanos y las empresas”.

“En Acción Nacional estamos a favor de combatir la defraudación fiscal, pero no de promover el terrorismo fiscal”, indicaron en un comunicado.

Con el voto en contra del PAN y del PRI, las reformas a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, al Código Fiscal de la Federación, a la Ley de Seguridad Nacional y al Código Nacional de Procedimientos Penales, se enviaron a la Cámara Baja para su análisis y posible aprobación.

Castigos de la reforma

Morena realizó algunos cambios, los cuales contaron con el respaldo de los partidos Movimiento Ciudadano, del Trabajo, Verde Ecologista y de Encuentro Social.

Entre ellos está se encuentra que el fraude fiscal ameritará prisión preventiva oficiosa solo cuando el monto de lo defraudado rebase los 7.8 millones de pesos.

Cuando el valor de los comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados, no superen ese margen, el responsable podrá enfrentar el proceso penal en libertad.

En caso de demostrar su culpabilidad, tendrá una pena de dos años.

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Un cambio que sufrió el artículo 113 Bis del Código Fiscal de la Federación es que se impondrán de dos a nueve años de prisión al que por sí o por interpósita persona, expida, compre o adquiera facturas inexistentes, falsas o simuladas.

Cuando el delito lo cometa un funcionario, éste será destituido e inhabilitado de uno a 10 años.

Recibirá las mismas sanciones quien permita o publique en cualquier medio anuncios para adquirir comprobantes fiscales falsos.

Los criminales, “de fiesta”

Durante el debate, el senador por el PAN, Julen Rementería del Puerto, mencionó que esta reforma representa una traición para los empresarios que votaron por Morena, ya que cualquier error los podría meter a la cárcel.

“Estamos a favor de que haya más recaudación, pero no es persiguiendo a los empresarios de este país como se logrará”, apuntó.

“Con esta reforma están beneficiando a todos los delincuentes porque quedan exonerados, no sé si haya un acuerdo para dejarlos fuera del castigo, pero esos grandes delincuentes en materia fiscal hoy están de fiesta”, aseveró.

Miguel Ángel Mancera, coordinador del PRD, aclaró que están a favor de combatir la defraudación fiscal, pero no de tomar acciones desmedidas.

“Sí hay una necesidad de combatir a las empresas que utilizan facturas falsas, pero que dejen abierta la conducta a cualquier contribuyente ni lo incluyan como seguridad nacional, con eso no estamos de acuerdo”.

Contra los empresarios

La senadora Claudia Ayala, del PRI, aseguró que no se puede equiparar a personas que no realizaron de manera correcta o adecuada su declaración anual de impuestos con sujetos que dolosamente defraudan al fisco.

Si bien la reforma plantea la existencia de un monto, señaló, queda la duda de que si la cantidad es un agravante del delito.

La medida cautelar, dijo, solo requiere un nexo causal de una persona con un hecho ilícito. “No les basta con acosar a los empresarios, ahora los quieren meter a la cárcel”.

“Hay que tener mucho cuidado, le voy a hablar al grupo de mayoría en su lenguaje: esta reforma está ‘fuchi’, está ‘guácala'”, comentó en tribuna. “Empresarios, tengan cuidado, la 4T los perseguirá peor que a los sicarios”.

Amenaza nacional

En defensa del dictamen, el senador Germán Martínez (Morena) refirió que la defraudación fiscal sí es un asunto de seguridad nacional porque la realiza la delincuencia organizada.

También destacó que la Cuarta Transformación quiere un Estado más fuerte, no empresarios más fuertes.

“No les queda el papel de defensor de los empresarios, no se asuman como sus representantes”, replicó. “Los noto como que tienen una ausencia de representatividad, que andan buscando a ver qué amo encuentran. La verdad los veo desnudos de representatividad”.

La reforma, si la Cámara Baja la aprueba, entrará en vigor el 1 de enero de 2020 y será aplicable al ejercicio fiscal del próximo año.

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