MADRID (EFE).— El presidente de los obispos españoles, Juan José Omella, exigió ayer una revisión exhaustiva e imparcial del informe elaborado por el Defensor del Pueblo de España, en el que se denunció que más de 445,000 personas sufrieron abusos en el ámbito religioso.
El documento, dado a conocer el mes pasado, asegura, además, que 236,000 víctimas de esos abusos lo habbrían sido directamente de sacerdotes o religiosos.
Monseñor Omella negó ayer la veracidad y fiabilidad de la encuesta realizada por el Defensor del Pueblo para llevar al cabo su informe y apuntó la necesidad de corregir “cualquier sesgo que pueda haber sido extrapolado de manera maliciosa”.
Lo hizo al inicio de la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española (CEE), que se celebra estos días en Madrid, ante la que reconoció que el documento elaborado por el órgano estatal “ha llenado de tristeza” a los representantes de la Iglesia en España.
Según el obispo, desde la CEE se revisó la encuesta y “francamente, nos resulta imposible confiar en la veracidad y fiabilidad” de los resultados.
A juicio de los obispos, en el informe del Defensor, lo único contrastado es que se recogieron “373 testimonios que se refieren a 487 víctimas”.
El prelado aseguró que “de ninguna manera” pretenden buscar excusas o justificaciones para eludir cualquier responsabilidad como institución, y expresó “la vergüenza y la pesadumbre” causadas por los abusos, al tiempo que pidió perdón a todas las personas que han sufrido debido a estas “execrables acciones”.
Igualmente reiteró su compromiso con la lucha contra toda clase de abusos, pero indicó que “permanecen intactas nuestra estima y consideración hacia los sacerdotes y religiosos de nuestra Iglesia”.