Vinculan por cohecho a 11 exediles de Progreso

martes, 13 de julio de 2021 · 00:38

En prolongada audiencia de 10 horas, la jueza de Control de Progreso, Diana Yadira Garrido Colonia,  vinculó a proceso penal hoy lunes en la noche a los 11 ediles del Cabildo 2015-2018, a quienes el miércoles 7 la Fiscalía Anticorrupción estatal imputó el delito de cohecho porque presuntamente el 23 de diciembre de 2016 recibieron $110,000 cada uno ($2.1 millones en total) por firmar el contrato de $39 millones con Consultoría en Negocios y Gestión Empresarial G.G., S.A. de C.V., para que cambie el alumbrado público con focos led en el municipio.

El Poder Judicial de Yucatán informó hoy en la noche que los 11 exregidores fueron denunciados por el apoderado legal del Ayuntamiento 2018-2021, Carlos Martín Pérez Vidal.

Asimismo, informó que la jueza Diana Garrido otorgó a los fiscales de la Fiscalía Anticorrupción un plazo de cuatro meses para cerrar  la investigación complementaria, el cual vencerá el viernes 12 de noviembre próximo.

La juzgadora indicó que durante todo el tiempo que dure el proceso penal se mantienen las medidas precautorias para los 11 ahora vinculados: 1) se deben presentar periódicamente y someterse a vigilancia del Centro Estatal de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional de Proceso, y 2) tienen prohibido salir de Yucatán.

La audiencia de vinculación terminó a las 9:30 de la noche y comenzó a las 11:40 de la mañana.

Los ahora vinculados a proceso penal son los siguientes:

  • Los siete ediles de mayoría del Panal-PRD-PT: José Cortés Góngora, alcalde; Enrique Ordaz Martínez, síndico; María del Carmen Villanueva Ávila, secretaria municipal; Leonardo Javier Camargo Osorno, Enrique Alejandro Pool Vázquez, María Isabel Hernández Tec y Arturo Núñez Castro.
  • Los cuatro regidores plurinominales: tres del PRI, Jorge Méndez Basto, Gabriela Flores Chan y Margarita Peniche Linot, y el único del PAN, Jorge Casanova Simá.

El cohecho en el Código Penal de Yucatán

Debido a que los 11 exediles presuntamente recibieron $110,000 cada uno y $2.100,000 en total, si son hallados culpables de cohecho se les aplicará el artículo 262-Ter del Código Penal de Yucatán: “Cuando la cantidad o el valor de la dádiva, los bienes, promesa o prestación exceda de 500 Unidades de Medida y Actualización (UMA) en el momento de cometerse el delito, se impondrán de dos a 14 años de prisión y de 100 a 150 días-multa”.

En 2016, según el Inegi, la UMA diaria fue de $73.04, así que el monto de 500 veces la UMA equivalió a $36,520.

Según la acusación de la Fiscalía, los 11 exregidores recibieron el equivalente de 1,506 veces esa UMA.

Asimismo, el Código Penal yucateco establece que si los acusados son hallados culpables, deberán entregar los $2.100,000 al gobierno estatal. “En ningún caso se devolverá a los responsables del delito de cohecho el dinero o dádiva entregados o recibidos; estos se aplicarán en beneficio del erario del estado”.

¿Qué sucederá con los ahora vinculados en noviembre próximo?

En México, el Código Nacional de Procedimientos Penales reglamenta el desempeño de los jueces y fiscales, y los medios a los cuales una persona vinculada a proceso penal puede optar.

Específicamente, esa ley establece los siguientes cuatro caminos o medios para resolver casos de delitos penales:

  1. El juicio oral, en el que la Fiscalía debe demostrar la culpabilidad del acusado.
  2. El proceso o juicio abreviado, en el cual el inculpado se confiesa culpable y pacta su condena con la Fiscalía y la parte denunciante).
  3. El acuerdo reparatorio, se concreta entre la víctima y el acusado, pero debe aprobarlo la Fiscalía y el juzgado de Control.
  4. La suspensión condicional del proceso, el cual se debe hacer antes que se declare la apertura del juicio oral.

Para cada uno, el Código Nacional de Procedimientos Penales establece una serie de requisitos y limitantes. Por ejemplo, el acuerdo reparatorio no procede para los delitos de homicidio doloso, genocidio y violación.

Te puede interesar: