Exediles acusados de cohecho piden un arreglo para eludir juicio

El viernes 23 se decide el futuro de 11 exregidores
miércoles, 14 de julio de 2021 · 02:30

El viernes 23 se decide el futuro de 11 exregidores

La juez de Control que ve el caso del Cabildo de Progreso 2015-2018, vinculado anteanoche a proceso penal por cohecho, analiza la solicitud de suspensión condicional del proceso que hizo una de las partes imputadas y, de aprobarse, será un mecanismo alterno de solución en materia penal (en vez de un juicio), informó ayer José Enrique Goff Ailloud, fiscal especializado en Combate a la Corrupción del Estado.

“Después de que se difiriera en tres ocasiones la audiencia en el juzgado (de Control en Progreso), por fin el miércoles 7 de julio se realizó, y cinco días después (por anteayer lunes 12) se confirmó la vinculación de todos los (11) regidores que estuvieron en la administración municipal de Progreso de 2015-2018”, señaló.

El 24 de mayo, el Juzgado de Control de Progreso aplazó la audiencia de imputación de cohecho a los 11 exediles debido a que ellos cambiaron de abogados.

Entrevistado sobre este caso, Goff Ailloud recordó ayer que funcionarios del Ayuntamiento de Progreso 2018-2021, durante el proceso de entrega-recepción, detectaron irregularidades en la celebración del contrato de prestación de servicios (cambiar el alumbrado de todo el municipio) relacionados con los hechos por los cuales se vinculó a proceso.

Agregó que los funcionarios de Progreso interpusieron una denuncia en la Fiscalía estatal y ésta abrió una carpeta de investigación.

Los fiscales asignados al caso empezaron las pesquisas, añadió, en coordinación con la Policía Estatal de Investigación, el Instituto de Ciencias Forenses y la Unidad de Análisis de la Información de la Fiscalía General del Estado, para analizar la evidencia que se incorporó y reunir los datos de prueba para conducir al esclarecimiento de los hechos denunciados, con pleno respeto a los derechos humanos de todas las partes relacionadas con el asunto.

Relató que, después de seguir las líneas de investigación, la Fiscalía dictaminó (que sí hay elementos para) el ejercicio de la acción penal (contra los acusados de cohecho) y el 4 de mayo se ejercitó la acción penal ante el Poder Judicial del Estado y se ordenó la celebración de la audiencia inicial que, de acuerdo con el Código Nacional de Procedimientos Penales, es el momento en el que se formula la imputación.

“Es decir, se les da a conocer a los imputados los hechos que se les atribuyen, se fijan medidas cautelares y se resuelve acerca del auto de vinculación a proceso.

“Dicha audiencia fue diferida tres veces hasta lograr las condiciones para su apertura, el día 7 de julio se formuló la imputación y se dio la oportunidad a los imputados para declarar, derecho que se reservaron solicitando la ampliación del plazo constitucional para resolver su situación jurídica”, recordó.

Goff Ailloud agregó que “la continuación de la audiencia inicial fue el (lunes) 12 de julio, en la que se debatió acerca de los datos de prueba contenidos en la carpeta de investigación, exponiendo la defensa de los imputados y la Fiscalía sus argumentos.

“Tras una audiencia de más de 10 horas, la jueza de Control encontró en la exposición de los fiscales especializados que llevan el caso, suficientes datos de prueba para establecer los hechos consistentes en que el viernes 23 de diciembre de 2016, cerca de las 23 horas, los imputados, entonces regidores de Progreso, en la sala de Cabildo, cada uno recibió indebidamente la cantidad aproximada de $110,000 en efectivo, para autorizar la celebración del contrato de prestación de servicios de alumbrado público, lo cual fue clasificado jurídicamente bajo el delito de cohecho, consumado instantáneamente por los coautores materiales en forma de acción dolosa”, expresó.

El fiscal señaló que, adicionalmente, la jueza de Control fijó anteayer (a los fiscales) un plazo de cuatro meses para concluir la investigación (ministerial).

“En dicho plazo se realizarán las diligencias pertinentes para reunir mayores datos de prueba y, en su caso, presentar acusación contra las personas vinculadas a proceso”, afirmó.

Fase intermedia

En caso de que se presente la acusación, añadió, se entrará en la etapa intermedia o preparatoria a juicio, para luego llevar el asunto a un juicio oral, donde se determine la inocencia o culpabilidad de los 11 exediles.

Recordó que la jueza les impuso las medidas cautelares de presentarse periódicamente en la Unidad de Investigación ubicada en Progreso, prohibición de salir del Estado y vigilancia del Centro Estatal de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso.

Por último, el fiscal dijo que, antes de concluir (anteanoche) la audiencia, la defensa de una parte de los imputados solicitó a la jueza de Control se procediera con la suspensión condicional del proceso, lo que constituye un mecanismo alterno de solución en materia penal.

Sin embargo, agregó, a fin de estar en condiciones de resolver al respecto, la jueza de Control determinó que sería a través de una audiencia diversa donde se resolverá lo conducente el próximo viernes 23.— David Domínguez Massa

Los 11 acusados de cohecho

El Cabildo de Progreso 2015-2018: José Cortés Góngora, Enrique Ordaz Martínez, María Villanueva Ávila, Leonardo Javier Camargo Osorno, Enrique Pool Vázquez, María Isabel Hernández Tec, Arturo Núñez Castro, Jorge Méndez Basto, Gabriela Flores Chan, Margarita Peniche Linot y Jorge Casanova Simá.

La suspensión condicional...

El Código Nacional de Procedimientos Penal dice que debe incluir un plan detallado sobre el pago de la reparación del daño y el sometimiento del imputado a una o varias condiciones que garanticen una efectiva tutela de los derechos de la víctima u ofendido. Tiene tres requisitos para que proceda, entre ellos que no debe haber oposición fundada del ofendido.

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