Yucatán

Dictan medidas contra ocho exfuncionarios

En audiencia inicial del Juzgado de Control de Kanasín, se vinculó a proceso por el ejercicio abusivo de funciones, con la agravante de haberlo cometido en pandilla, al ex alcalde y los siete ex regidores del Ayuntamiento de Hoctún.

Los ex funcionario deberán presentarse al ministerio público cada mes, dar una garantía económica y tienen prohibido salir del Estado.

De acuerdo con información recabada por el Diario, el pasado martes se llevó al cabo una audiencia inicial en el Juzgado de Control con sede en el municipio de Kanasín, en la que la Fiscalia especializada en combate a la Corrupción formuló imputación a los ex integrantes del Cabildo del Ayuntamiento de Hoctún, de la anterior administración municipal.

Esta audiencia había sido diferida previamente en cuatro ocasiones, debido a los cambios de defensores que los imputados realizaron ante la autoridad judicial, lo que originaba su diferimiento hasta el pasado lunes cuando finalmente fue posible realizarse.

Los imputados fueron vinculados a proceso por el delito de Ejercicio Abusivo de Funciones con la agravante de haber sido cometido en pandilla, pues de acuerdo con los hechos, durante el periodo que estuvieron en funciones, llevaron al cabo la contratación ilícita de una persona quien era familiar del ex presidente en un puesto de relevancia para el Ayuntamiento, lo que le produjo beneficios económicos.

El Código Penal del Estado de Yucatán, establece que el delito de Ejercicio Abusivo de Funciones lo comete, el servidor público que en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, ilícitamente otorgue contratos o realice cualquier acto jurídico que produzca beneficios económicos al propio servidor público, su cónyuge, ascendiente o descendiente, parientes por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado, a cualquier tercero con el que tenga vínculos afectivos, económicos o de dependencia administrativa directa, y con sanciones que van de los tres meses a 12 años de cárcel.

Por su parte, se entiende que existe la agravante de pandilla cuando el delito se comete en común por tres o más personas que, sin estar organizadas con fines delictuosos, se hubieren reunido de forma habitual, ocasional o transitoria, como ocurrió en el presente caso en el que intervinieron los ocho ex regidores que en común cometieron el delito reunidos habitualmente.

La Ley de Gobierno de los Municipios del Estado, contiene una prohibición expresa de celebrar contratos o actos jurídicos con familiares de los integrantes del cabildo, por lo cual la contravención a dicha disposición hace que cualquier acto de esa naturaleza sea ilícito y por tanto de lugar a que se actualice el delito antes señalado.

Al respecto, los agentes del ministerio público de la Fiscalía Anticorrupción expusieron ante la Juez de Control los hechos por los que solicitaron la vinculación a proceso, señalando los datos de prueba que fueron recopilados durante la investigación y que permitían acreditar la probable responsabilidad de los entonces servidores públicos en el hecho delictivo.

Tras escuchar los argumentos de la defensa, la jueza dictó el auto de vinculación a proceso a todos los imputados, señalando el plazo de dos meses para concluir la investigación complementaria y les impuso medidas cautelares de presentación mensual ante la agencia del ministerio público en Kanasín, una garantía económica, la prohibición de salir del Estado y la vigilancia del Centro Estatal de Medidas Cautelares de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.

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