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Alcalde de Valladolid habría violado derechos de taxistas no sindicalizados

La protesta de los taxistas de Valladolid, para impedir la labor de choferes no sindicalizados.- Foto de Juan Antonio Osorio

Después de los problemas ocasionados por los integrantes de los sindicatos de taxistas de Valladolid, que incluyeron el cierre y bloqueo de calles del centro histórico de la Sultana de Oriente durante el fin de semana del 28 de febrero al 1 de marzo pasados, la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey) consideró que el alcalde Enrique Ayora Sosa y la Dirección de la Policía Municipal pudieron violar los derechos de trabajo y tránsito de taxistas con concesiones legales pero no sindicalizados.

Por ese motivo, de acuerdo a un documento de la Codhey, se le envió una medida cautelar al alcalde y a la Policía municipal a fin de abstenerse de realizar acciones o actos indebidos u omitir conductas debidas que redunden en detrimento de los derechos a la legalidad jurídica, a la integridad y seguridad personal, así como también coartar el derecho a la libertad de tránsito y residencia que corresponde a los ciudadanos Manuel Jesús Díaz Santoyo, Basilio Chi Chan y Thelma Dianela Díaz Sosa.

Como se publicó, integrantes del sindicato “Adalberto Aguilar Osorio” y de las cooperativas “Los Gavilanes”, “Frailes” y la “Unión de Taxistas de Valladolid”, a partir del viernes 28 de febrero cerraron las cuatro esquinas del primer cuadro de esa ciudad, molestos por la entrada en funciones de cuatro taxis independientes, entre ellos los tres que se citan, pero que cuentan con las concesiones legales.

Los sindicatos exigían al alcalde que impidiera trabajar a los independientes y los detuviera.

El cierre de calles de protesta, que duró dos días, generó gran descontento entre los vallisoletanos, quienes aprovecharon para criticar el pésimo servicio de los taxistas, a quienes acusaron de maltratar a los usuarios, cobrar a precios excesivos y de no dar mantenimiento a sus unidades.

Empresarios, turisteros, prestadores de servicios, artesanos y vallisoletanos en general también reclamaron el manejo de la situación por el alcalde vallisoletano, quien no pudo conciliar ni lograr acuerdo alguno entre las partes en discordia.

Se le acusó de estar detrás de las protestas de los taxistas y permitirles prácticamente secuestrar el centro de Valladolid, pues les debe el que lo hayan apoyado durante su campaña electoral y que haya integrantes de su gabinete con intereses en los gremio de los taxistas.

En el conflicto también habría intervenido el delegado federal Joaquín Díaz Mena, quien habría apoyado a los quejosos, pero después dio marcha atrás.

Luego de los actos violentos, los taxistas independientes solicitaron la intervención de la Comisión de Derechos Humanos para exigir se garantice su derecho al trabajo y al libre tránsito, así como que cesaran las amenazas en su contra.

En días pasados se concedió a estos taxistas la razón y se le exigió al alcalde garantizar los derechos de los choferes y responda en un plazo de 24 horas que se cumple con la medida cautelar. En caso de no hacerlo, Ayora Sosa podría recibir otras medidas cautelares de la Codhey.

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