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Conflicto limítrofe de la Península, violación al pacto federal

El consejero jurídico del Ejecutivo

Salida jurídica, más que política, al lío con Q. Roo

El procedimiento jurídico sobre el conflicto limítrofe de la Península, derivado de un acto unilateral de Quintana Roo, se encuentra en compás de espera y será la Suprema Corte de Justicia de la Nación la que defina los pasos a seguir, según informó Mauricio Tappan Silveira, consejero jurídico del gobierno de Yucatán.

Durante una entrevista en sus oficinas, explicó que la Corte aplazó la audiencia que estaba programada la semana pasada para que las partes perfeccionen las pruebas que ofrecieron en el proceso iniciado por la controversia constitucional que promovió Yucatán en junio de 2019.

El consejero jurídico manifestó su confianza en que la Suprema Corte fallará finalmente a favor de Yucatán —y también de Campeche como tercero interesado— porque el decreto de Quintana Roo que modifica los límites territoriales de la Península es una decisión unilateral sin sustento y viola el pacto federal.

También añadió que hay plena comunicación y trabajo en equipo de los tres poderes del Estado en este tema y se han sostenido reuniones con los alcaldes de los municipios afectados por la decisión de Quintana Roo.

En el aspecto político manifestó que desconoce si han tenido algún acercamiento los gobernadores de los tres estados involucrados en el conflicto, aunque Mauricio Vila Dosal sí se ha presentado en la Corte para expresar la posición de Yucatán.

“En este momento lo vemos más como un asunto jurídico que político y por esa vía se ha estado trabajando”, enfatizó.

Hace unos días publicamos que el senador Jorge Carlos Ramírez Marín llevó el tema de la disputa territorial al Senado de la República, donde habló de “intereses mezquinos” detrás de la pretensión de Quintana Roo de apropiarse de más de 4,800 kilómetros cuadrados de Yucatán y de una cantidad mayor de Campeche.

En entrevista posterior, el legislador llamó a la sociedad yucateca a estar atenta del curso del problema y dijo que los tres poderes del Estado deben ir juntos en la defensa del territorio.

El abogado Tappan Silveira resumió ayer en los siguientes términos el origen y alcance del conflicto y el estado del proceso jurídico:

—En febrero de 2019 el Congreso de Quintana Roo aprobó el decreto 303, por medio del cual modifica la Constitución del vecino Estado y cambia los límites territoriales hacia el Poniente, donde están Yucatán y Campeche.

—El decreto se publicó en el Diario Oficial de Quintana Roo en marzo y en abril se expidió un nuevo mapa basado en la modificación a la Constitución de ese Estado.

—Por considerar que hay una afectación a nuestro territorio, motivada por una decisión unilateral, los tres poderes de Yucatán promovieron, en forma conjunta, una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia, para pedir la nulidad del decreto. Firmaron la demanda el gobernador, el presidente del Tribunal Superior de Justicia y el entonces presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado.

—¿En qué nos basamos? En que la Constitución federal no faculta a los estados a modificar unilateralmente sus límites. La Constitución te marca dos formas para hacerlo: un convenio entre dos estados, que debe ratificar posteriormente el Senado, o una decisión de la Suprema Corte basada en una controversia. En este caso no ocurrió nada de eso. Quintana Roo modificó sus límites de manera unilateral, vulnerando el pacto federal al pretender que una ley estatal tenga aplicación en territorio de otro Estado libre y soberano.

—Al presentar la demanda solicitamos la suspensión de la aplicación del decreto mientras resuelve la Corte. Nos concedieron la suspensión, lo que significa dejar las cosas en el estado en que están.

—En la demanda también solicitamos que se llamara a Campeche como tercero interesado, porque también resulta afectado en su territorio. La Corte accedió y le notificó a ese Estado.

—Como parte del proceso se debe llevar al cabo una audiencia de ofrecimiento y desahogo de pruebas y alegatos. La ley tiene una particularidad: señala que diez días antes de esas audiencias se deben anunciar las pruebas que sean periciales y de inspección.

—Se fijó la audiencia (para el 27 de febrero) y diez días antes los tres estados presentaron sus pruebas. A Quintana Roo no se le admitió una, al no haber claridad de su propósito, y la Corte le fijó un plazo para que explique en qué consiste y qué pretende demostrar.

—Entonces la Corte difirió la audiencia, porque se requiere un perfeccionamiento en las pruebas. No hay fecha para esa audiencia.

—Hay también un recurso que presentó Quintana Roo contra la admisión de la demanda de controversia. Probablemente se resuelva la próxima semana, aunque tampoco hay fecha definida.— ÁNGEL NOH ESTRADA

Lío limítrofe

Mauricio Tappan subraya que el decreto del Congreso de Q. Roo vulnera el pacto federal.

Decisión unilateral

La Constitución federal no faculta a los estados a modificar unilateralmente sus límites, enfatiza el consejero jurídico. La propia Carta Magna marca dos formas de hacerlo: un convenio entre estados, que debe ratificar posteriormente el Senado, o una decisión de la Suprema Corte basada en una controversia.

Unidad de Poderes

También dice que hay un trabajo de unidad de los tres Poderes del Estado en este asunto, mediante un equipo que comparte información y hace aportaciones.

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