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Particulares, en casos de corrupción

Motul es uno de los municipios donde se han ejercido acciones penales contra funcionarios

Peculado y abuso de autoridad son casos a investigar

La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado ha procedido en contra de particulares vinculados a funcionarios y exfuncionarios por su probable participación en la comisión hechos de corrupción, informó José Goff Ailloud, titular de esa dependencia.

Algunos de esos delitos son uso ilícito de atribuciones y facultades, ejercicio abusivo de funciones, peculado, cohecho, concusión y abuso de autoridad.

Entre los municipios a los cuales pertenecían esos servidores públicos contra los que se ejercieron acciones penales están Bokobá, Cacalchén, Umán, Tekit, Motul, Espita, Tixkokob, Progreso, Mérida y Tahmek.

Respecto a este último municipio, el fiscal citó que el pasado 18 de diciembre se dictó auto de vinculación a proceso en contra de dos exfuncionarios municipales por su probable participación en el peculado cometido en contra del erario municipal, por un monto superior a los $600,000.

Goff Ailloud explicó que lo anterior fue consecuencia de una denuncia interpuesta por el titular de la Auditoría Superior de Yucatán (ASEY), por diversas irregularidades detectadas con motivo del procedimiento de fiscalización de la cuenta pública.

Esa instancia coadyuva con la investigación mediante la aportación de los elementos técnicos que le fueron requeridos.

Aunado a ello, de los asuntos en los que se ha decretado auto de vinculación, en cuatro casos se autorizó la suspensión condicional del proceso como solución alterna.

Motul, Umán, Mérida y Progreso son municipios donde servidores y exservidores públicos se encuentran bajo suspensión condicional del procedimiento penal.

Como ejemplo de estos servidores públicos bajo suspensión condicional se encuentran inspectores y coordinadores del Ayuntamiento de Mérida, a los que sorprendieron en flagrancia extorsionando con $150 semanales a vendedores en el Periférico, al parecer algunos fueron despedidos.

Esta modalidad de suspensión condicional implica que los imputados deberán someterse a ciertas condiciones que imponga el juez de Control por un tiempo determinado, el cual varía dependiendo del caso.

Su duración no podrá ser inferior a seis meses ni superior a tres años, en ese tiempo estando bajo la supervisión de la unidad de vigilancia de medidas cautelares y suspensión condicional del proceso de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.

El fiscal añadió que dentro de las condiciones y sanciones figura el abstenerse de realizar ciertas actividades relacionadas con su trabajo, hacer servicio a favor del Estado o la comunidad, así como cubrir la reparación del daño mediante el plan que determine el juez.

Dinero de vuelta

Al cierre del 2020 se recuperó en activos económicos una cantidad superior a un millón 200,000 pesos, así como diversos bienes muebles que han sido reintegrados al patrimonio de los municipios y del Estado.

Los municipios en los que se ha recuperado el dinero mediante acuerdos reparatorios son Telchac Pueblo, Acanceh y Xocchel.

Por otra parte, el fiscal anticorrupción señaló que, derivado del ejercicio de la acción penal por delitos de corrupción, se han formado criterios jurisdiccionales respecto al ámbito competencial entre el fuero federal y el local.

Semanas atrás se llevó al cabo una audiencia en el Centro de Justicia Federal a fin de resolver sobre la admisión de un asunto que fue remitido por el Poder Judicial del Estado, al declararse este último incompetente por razón de fuero.

Este caso se trataba del desvío de recursos relacionados con el fondo de participaciones federales de libre disposición para el Estado y los Municipios, pertenecientes al Ramo 33 del Presupuesto de Egresos de la Federación.

Por ese hecho la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado ejerció acción penal ante un Juzgado de Control. Pero la juzgadora estatal consideró que al ser recursos provenientes de la Federación, a ese fuero le corresponde el conocimiento del asunto.

Sin embargo, continuó Goff Ailloud, al resolver este asunto el Poder Judicial de la Federación consideró, entre otras cosas, que esos recursos pertenecen a los municipios, por lo que la competencia para conocer sobre los procedimientos penales vinculados al desvío o manejo inadecuado de estos recursos le corresponde al fuero estatal.

En consecuencia, devolvió el asunto para su continuación, decretándose auto de vinculación a proceso en contra de los imputados.— DAVID DOMÍNGUEZ MASSA

En otro caso, derivado del ejercicio de la acción penal por el manejo inadecuado o desvío de recursos provenientes de los Fondos de Aportaciones Federales, relativos al Ramo 28 del Presupuesto de Egresos de la Federación, se consideró que la competencia es del ámbito federal tomando como base la reserva de competencia considerada en la Ley de Coordinación Fiscal.

Hasta el momento se remitieron a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la FGR alrededor de 45 carpetas de investigación, por denuncias que interpuso la ASEY para que continúen la investigación y determinen lo conducente.

Estos casos turnados a la Federación fueron de los siguientes municipios: Bokobá, dos de Panabá, Tekax, Kaua, dos de Sanahcat, otros cinco de Peto, Tixpéhual, Kopomá, Maxcanú, Yobaín, Suma, Dzan, Baca, Chikindzonot, Chocholá, Mayapán, Conkal, Celestún, Mocochá, Chacsinkín, Tzucacab, dos de Kinchil, Huhí, Hoctún, Halachó, Cantamayec, dos de Teabo, otros dos de Tekom y dos de Ticul, Espita, Muxupip, Motul, Mama, Tecoh y Kanasín.

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