Marcelo Pérez, Profesor
Es lamentable que en un país donde el salario mínimo es muy bajo la pobreza se extienda a más de la mitad de la población y los políticos y gobernantes vivan con lujos, altos salarios y se enriquezcan a costa del erario; además, que al dejar el cargo a los gobernadores, cuando menos algunos de nuestra entidad, haya que pagarles gran pensión de por vida.
El contraste es abismal si comparamos años de servicio y dinero que reciben los trabajadores y gobernadores al jubilarse. Un trabajador necesita 30 años ininterrumpidos de servicio para adjudicarse la jubilación y recibir un salario exiguo.
Muchos no perciben ni $10,000 al mes. Los profesores reciben un tope salarial. Es más, los del sistema federal pierden un poco más de la mitad del salario y prestaciones. Por eso muchos maestros federales no se jubilan a pesar de tener 30, 40 e incluso 50 años de servicio.
Ante esto, es injusto que un gobernador que haga un interinato, cinco años o un sexenio en el puesto reciba más de cien mil pesos mensuales al dejar el cargo. ¿Qué derechos especiales tiene para recibir jugosa pensión?
Los gobernadores beneficiados pueden argumentar que la ley les concede esta percepción, pero es una ley hecha a modo. ¿Por qué no se redacta y aprueba una ley en donde los trabajadores de la educación de nuestra entidad reciban como pensión el último salario, al cumplir los 30 años de servicio, y sólo pierdan prestaciones? Eso sí no se puede.
Los gobernadores durante un interinato, un quinquenio o un sexenio viven entre lujos y derroches. Además del alto salario gozan de diversas prebendas y canonjías. Lo que perciben mensualmente es íntegro, solamente es erosionado por los impuestos. No pagan gasolina, ni desgaste de la camioneta de lujo o carro, no gastan en celulares, ni en ropa, ni en recreación, además, consumen las mejores viandas y bebidas en restaurantes, pero con cargo al erario.
Esto sin mencionar que muchos durante los años que están en la silla gubernamental adquieren mansiones, hectáreas de terrenos, camionetas y automóviles de lujo e incrementan las cuentas personales y familiares. Unos son denunciados, algunos aprehendidos y los demás gastan impunemente lo “ahorrado”, gracias a las obras hechas o a las inconclusas, al Ramo 23, a los “moches” o a los desvíos o triangulaciones de los presupuestos de las diversas dependencias.
Las leyes que evitan diversos privilegios a los gobernantes, ante las voces críticas de ciudadanos y organismos civiles, siempre llegan tarde. Por ejemplo, la actual Legislatura aprobó reformas a la ley para que desaparezca la pensión vitalicia, pero a los gobernadores que sean electos a partir de este año. Esto quiere decir que el gobernador actual será el último en cobrar la jugosa pensión y los anteriores podrán cobrar cuando lo soliciten, amén de otros cuatro ex gobernadores que ya cobran la jubilación de lujo.
Imaginemos a la señora Ivonne Ortega Pacheco, tan cuestionada y criticada por desvíos, nepotismo, obras inconclusas y corrupción, cuando vaya a cobrar los más de cien mil pesos mensuales, pues conserva el derecho a gozar de la pensión vitalicia.
¿Por qué no donan esos exgobernadores la suntuosa pensión que reciben? No es justo ni tienen derecho a gozar de una jubilación así, a pesar de la ley redactada para cobijarlos, pues sólo estuvieron en un puesto unos cuantos años gozando de un alto salario y de prebendas.
O mejor aún que soliciten al Congreso que derogue la Ley de Pensiones para los ex gobernadores. No es posible que mientras miles de trabajadores yucatecos reciben el salario mínimo o un poco más y exiguas jubilaciones, los gobernadores al término del periodo administrativo reciben este tipo de pensiones.
Estamos en una situación económica difícil y mucho se debe a los derroches y enriquecimiento de funcionarios, gobernadores, legisladores, alcaldes, jueces y políticos en general; por eso es paradójico e injusto que algunos gobernadores tengan pensiones de lujo. ¿En verdad se lo merecen?— Mérida, Yucatán.
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