Los expresidentes de México
FREDDY ESPADAS SOSA (*)
El candidato presidencial de la coalición “Juntos haremos historia”, Andrés Manuel López Obrador —quien se mantiene a la cabeza en las intenciones de voto con un 42% de preferencia efectiva, según la última encuesta electoral del periódico “El Universal”—, ha reiterado lo que desde el año pasado había señalado con singular énfasis: que de triunfar en la contienda, pugnará por la eliminación de las millonarias pensiones vitalicias que reciben los expresidentes de la República y las viudas de Miguel de la Madrid y José López Portillo.
El firme posicionamiento de AMLO a este respecto ha motivado que el expresidente Vicente Fox reaccione furibundamente, pues en 2017 llegó a afirmar con desparpajo: “Nada de que me va a quitar la pensión. Yo la pensión la necesito, de eso vivo, todo lo demás que tengo está metido en fundaciones, en tareas sociales y lo hago con mucho gusto” (www.sinembargo.com, 25 de agosto de 2017).
Recientemente, ante la insistencia del tabasqueño a este respecto, los otros candidatos presidenciales han tenido que pronunciarse.
Según se difundió en los medios de comunicación, Ricardo Anaya Cortés, de la coalición “Con México al Frente”, se dijo “sorprendido” por los costos millonarios de estas pensiones y se comprometió a revisar los datos para fijar su posición.
Insólitamente, la abanderada “independiente” Margarita Zavala anunció que eliminaría estos apoyos y, como era de esperarse, el aspirante de la coalición “Todos por México”, José Antonio Meade Kuribreña, señaló que él mantendría dichas pensiones “porque son un pago justo por los servicios que los exmandatarios brindaron al país”.
De acuerdo con cálculos recientes, el costo de las pensiones y de otros apoyos que reciben los expresidentes y sus familias asciende a la friolera de ¡60 millones de pesos anuales!
Los datos duros revelan que el gasto público destinado a los exocupantes de Los Pinos no se reduce a los 205 mil pesos mensuales de pensión, sino que incluye aguinaldos, seguros de vida, gastos médicos mayores, combustible, así como los sueldos del personal civil y militar de que disponen (Revista “ContraLínea”, No. 550, 6 de agosto de 2017).
Un ejemplo que ilustra de maravilla este sistema de privilegios es Felipe Calderón, quien cuenta con 19 asesores que le cuestan al erario 817 mil pesos mensuales (10.6 millones de pesos anuales). Solo uno de estos asesores, de nombre Tomislav Lendo Fuentes, percibe 192 mil pesos mensuales y su trabajo consiste en asesorar y asistir al exmandatario (“El Financiero”, 10 de abril de 2018).
Ampliación
En materia de protección militar, el más descarado y abusivo es precisamente Calderón Hinojosa, quien al final de su mandato dictó ordenamientos para aumentar a 425 el número de elementos de seguridad asignados a su familia, incluyendo a sus padres, suegros, hermanos, cuñados, sobrinos y tíos, según han documentado expertos como el doctor en Derecho Ernesto Villanueva (Revista “Hechos y Derechos”, No. 12, UNAM, diciembre de 2012).
Frente a este verdadero escándalo público, cabe preguntar sobre el origen de este sistema de privilegios y si acaso tiene un sustento legal que obligue a los mexicanos a seguir cargando sobre sus espaldas los costos millonarios que aquél genera.
El origen
De acuerdo con un estudio elaborado por la especialista de la UNAM Cecilia Licona Vite y publicado en junio de 2008 por la Cámara de Diputados, el sistema en comento se originó con el acuerdo presidencial 7637, emitido el 25 de noviembre de 1976 por Luis Echeverría Alvarez, en el cual se dispuso que los expresidentes tendrían a 78 elementos militares para su exclusivo servicio.
Asimismo, el acuerdo 2763-Bis, expedido por Miguel de la Madrid Hurtado el 31 de marzo de 1987, establece que los expresidentes tendrán una pensión vitalicia por un monto similar al salario de un secretario de Estado, extendiéndose este beneficio a sus viudas, aunque en proporción decreciente.
Igualmente, se les otorgó seguro de vida, seguro de gastos médicos mayores y 103 elementos de apoyo (25 civiles y 78 militares).
Análisis y conclusión
Tras un análisis jurídico exhaustivo y riguroso, Licona Vite concluye que el sistema de apoyos que comentamos es inconstitucional, ya que los mencionados acuerdos no fueron firmados por los presidentes en turno y nunca se publicaron en el Diario Oficial de la Federación, amén de que se carece de una Ley que ordene y regule este oneroso régimen de pensiones y apoyos.
Como puede colegirse, la propuesta de AMLO para eliminar los privilegios de los expresidentes no sólo tiene sustento legal sino que tiene también implicaciones morales. Pretender que se mantengan estos millonarios apoyos representa una afrenta a la ética pública, pues es inadmisible que apenas 7 familias reciban 5 millones de pesos al mes por una cuestionable labor de solo 6 años, mientras millones de personas que se rompieron el lomo más de 30 años reciban exiguas pensiones, cuyo promedio oscila entre los 2,500 y 3,500 pesos mensuales. Veremos.— Mérida, Yucatán.
canek_1999@yahoo.com.mx
Profesor-investigador titular “C” de T.C. Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 31-A, de Mérida, Yucatán