Sociedad inteligente
Alfonso A. González Fernández (*)
Ahora que ya estamos inmersos en el proceso del que saldrán las próximas autoridades, es conveniente poner en consideración de todos los aspirantes a esos encargos la necesidad de una planeación estratégica para construir un futuro más alentador.
Esa planeación, que deben usar tanto empresas como instituciones públicas, tiene un método compuesto básicamente por la elaboración, desarrollo y puesta en marcha de distintos planes (torales, rectores y operativos), con la intención de alcanzar objetivos y metas a corto, mediano o largo plazos.
Para eso se requiere de gente capaz, apta y competitiva, para que diseñe cómo y cuándo hacerlo, es decir, tomar y aplicar las decisiones requeridas en el momento justo.
Lo que se necesita es gente con las capacidades para realizar lo que se haya determinado, sin dejar pasar su sensibilidad y tacto para las evaluaciones de los planes, ya sea para potenciar o corregir lo que sea necesario. Así, habrá control y supervisión de los objetivos y los tiempos fijados desde el inicio.
Así como las empresas e instituciones recurren a la contratación de gerentes para hacerse cargo de determinado programa o proyecto, el Estado no puede improvisar y llevar a “gerenciar” a personas que no sean las más aptas. No se necesita estar muy preparado para suponer que nadie estaría dispuesto a exponer su empresa o su patrimonio en manos inexpertas.
El Estado es patrimonio de todos y tenemos que estar muy atentos a que tanto la planeación estratégica como los responsables sean congruentes con lo que se requiere, ya que los recursos materiales, económicos, patrimoniales y de cualquier índole nos pertenecen a todos y tenemos que estar atentos a quienes van a gerenciarlos.
No podemos seguir aceptando que, envueltos en astucia y una supuesta visión de estadista, nos presenten grandes empresas que lo único que revelan son los muy bien elaborados negocios.
Determinar qué es lo que se debe atender y fijar el rumbo, corresponde entonces a la autoridad y esto no es un asunto de tener buenas ideas o intenciones. Es sin lugar ni espacio para las dudas, una tarea que hoy representa un verdadero desafío. Por ello la necesidad de contar con los mejores para la enorme responsabilidad que se tiene para conducir los destinos de un país o de un estado.
Moverse en ese sentido para cumplir con los compromisos de desarrollo obliga a todos para acatar toda la reglamentación existente y, más aún, teniendo en todo momento como referente los objetivos para el desarrollo sostenible, que en buena medida marcan un canon internacional. Así, podemos estar seguros que todo lo que se le “ocurra” a alguien tendrá que ser tamizado con parámetros internacionales adoptados por las Naciones Unidas para beneficio mundial.
Lo que esperamos es tener certeza en que toda la infraestructura que se proyecte sea necesaria y obligadamente la que se necesita. Así podremos ir cumpliendo en materia educativa, agropecuaria, de servicios, turismo, pesca, vivienda, movilidad, transporte, tecnologías de la información, salud, medio ambiente y desarrollo de energías renovables, entre otras. Todo esto tiene que ir muy bien alineado con un plan de desarrollo urbano sostenible que tenga como objetivo la integración de todo el Estado.
Este plan de desarrollo tiene que ser muy bien elaborado, para que pueda ir diferenciando las vocaciones que tiene cada región, ya sea por su ubicación geográfica, sus características endémicas o la infraestructura desarrollada anteriormente y que sea menester rescatar (evaluando, desde luego), para poner a funcionar y hacer eficientes los recursos.
Aquí solo hay una premisa: integrar todo lo anterior y todo lo que se encuentren en el trayecto, para configurar un solo elemento que es el finalmente el Estado, para poder desarrollar de manera armoniosa e integral su crecimiento, sin dejar a nadie detrás.
Con ello estaremos dando la pauta a que tanto las inversiones como los inversionistas sean no solamente el Estado sino el sector empresarial, que persiguiendo el derecho que tiene todo el que invierte a generarse un crecimiento y utilidad, pueda tener certeza, pero sobre todo la garantía de que sus inversiones estarán seguras y alineadas con el cumplimiento del desarrollo sostenible. De lo contrario, se distraen tiempo y recursos, corriendo además riesgos innecesarios por no observar las disposiciones reglamentarias según su giro y que por ello presentan dificultades y protestas de los sectores afectados.
No podemos seguir conteniendo por problemas legales o de presiones de cualquier naturaleza el desarrollo de sitios que pueden generar nuevas fuentes de energía, que, aunque sean de naturaleza renovable y de urgente implementación, por otro lado, no cumplan con disposiciones ambientales por su ubicación, por afectar apicultura o migración de aves, por ejemplo.
La participación ciudadana individual y de manera organizada se convierte en un elemento trascendente en la consecución de todo lo anterior, ya que al hacer suyos estos objetivos, pasa a ser vigilante de su consecución.
Por ello es sumamente importante motivar la participación de todos en este esfuerzo que tiene que ser conjunto y forjado a semejanza del trabajo realizado en un crisol para amalgamar todos los elementos, a través de los grupos organizados con gente con solvencia y no oportunista, a fin de que cada quien pueda vigilar que todo lo que se ha ofrecido se lleve al cabo con esmero y que pueda lograse el desarrollo de todos.— París, Francia
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Presidente del Consejo Mundial de Ingenieros Civiles (WCCE)