Las consultas de AMLO
Filiberto Pinelo Sansores (*)
No hay nada que moleste más a ciertos sectores, muy focalizados, de la sociedad que se consulte al pueblo. Pretenden que el gobernante tiene el derecho a hacer y deshacer como se le pegue la gana, por el simple hecho de haber sido votado por una mayoría que a veces ni siquiera es absoluta. Esa postura se basa en la idea de que el soberano no es el pueblo, sino el jerarca en turno.
AMLO ha pensado siempre —como millones de mexicanos— y lo ha expuesto abiertamente no solo en esta campaña, sino en todas las que ha participado, que el pueblo debe participar en la toma de decisiones, en los temas más polémicos del país, que podrían afectarlo, negativa o positivamente, en su vida diaria, como la mejor manera de conducir el rumbo de la nación. Así es que, no obstante haber sido electo por una holgada mayoría absoluta y poder aducir esto para no cumplir, está siendo fiel a sus principios.
Nunca antes nadie pensó en escuchar al pueblo. Siempre se impuso la voluntad del que incluso con malas artes se encaramaba en la silla, con el aval de la oligarquía de megarricos que lo elevaba al trono. Seríamos otro país si el “capo di capi” Salinas de Gortari hubiera consultado a la sociedad sobre si vender a sus cuates —obviamente con su respectiva comisión— a precios de remate las más de 2,000 empresas del Estado o conservar algunas; si Zedillo hubiera preguntado con resultados vinculatorios al pueblo si rescataba a los banqueros con el dinero de los contribuyentes o dejaba que ellos se hicieran cargo de la enorme deuda fruto de su corrupción y de sus socios; si Calderón hubiera inquirido a los mexicanos si sacaba al Ejército de sus cuarteles para hacerse cargo del combate a las drogas o si Peña hubiera pedido opinión —con el fin de hacerle caso— sobre su decisión de enajenar, tanto el petróleo como la energía eléctrica del país.
Hoy los empresarios se quejan porque está muy cara la energía eléctrica; los ciudadanos no dejamos de protestar por los altos precios de las gasolinas; unos y otros sabemos que miles de millones de pesos que podrían ser usados para construir escuelas, hospitales, etcétera, y mejorar las condiciones de vida de millones de mexicanos pobres se derrochan en el pago de cuantiosos intereses al enorme buche del Fobaproa; todos somos testigos de que centenares de personas lloran a sus muertos o buscan a sus desaparecidos a lo largo y ancho del país, todo ello fruto de decisiones autoritarias de un solo hombre.
Indudablemente, México sería distinto si sus gobernantes hubieran escuchado al pueblo y actuado en consecuencia. Nunca lo hicieron y la situación se fue deteriorando hasta llegar al punto en que se hizo inevitable un cambio de paradigma. El pueblo lo entendió y masivamente votó por ese cambio. Y es que el presidente electo ha emprendido un camino inédito que de haber sido tomado antes no hubiera conducido al país a los niveles de saqueo y depredación a que lo llevaron las camarillas que lo gobernaron antes. En ese camino destaca la consulta constante a la sociedad, ya sea por iniciativa del propio gobierno o de los ciudadanos, que llevará al cabo a lo largo de su mandato. Ésta es la forma de aplicar la frase que parafraseando a Abraham Lincoln repitió constantemente durante su campaña: “Democracia es gobierno del pueblo, por el pueblo y con el pueblo”.
Fue tanta la insistencia social acerca de que el pueblo no tiene por qué resignarse cuando sus gobernantes o sus representantes actúan de manera contraria a sus intereses, que éstos tuvieron que simular la aprobación de un código para consultarlo en algunas decisiones. Pero los legisladores del PRI y el PAN, que dominaban en el Congreso, se pusieron de acuerdo para aprobar una ley que, como en el parto de los montes, resultó un escuálido ratón: le pusieron tantos candados, que desde que se creó en marzo de 2014 hace más de cuatro años, nunca se ha podido usar.
Hoy que Andrés Manuel López Obrador, aun antes de tomar posesión como presidente constitucional, ha comenzado a actuar como lo anunció desde su campaña —poniendo en práctica los principios de la democracia participativa no solo los de la representativa, que excluye al pueblo de las grandes decisiones— y llama a consulta al pueblo —los días 24 y 25 de este mes— para que opine de asuntos tan relevantes, como el Tren Maya y otros nueve de interés nacional y le dice que su decisión será vinculante, es decir, de acatamiento obligatorio para él, quienes temen que el nuevo modelo afecte sus intereses tratan de descalificarla.
En cuanto al Tren Maya, no será ésta la única consulta que se hará. Se convocará también, como debe de ser, a los pueblos originarios que habitan los territorios por donde pasarán las partes nuevas de la ruta del tren donde no hay derecho de vía, porque en grandes extensiones de ésta ese derecho ya existe: es el que corresponde al legendario Ferrocarril del Sureste, que partía de Coatzacoalcos y llegaba a Mérida, y el del tren yucateco que iba de esta ciudad a Valladolid.
El compromiso hecho por el futuro mandatario es que acatará la decisión de las urnas si alguno de los puntos de la papeleta —o todos— es rechazado, aunque, en lo personal, él los haya propuesto y hecho campaña para que se acepten. Si quienes están contra sus propuestas o de alguna de ellas son congruentes, deberían tomarle la palabra y demostrar que está equivocado, participando.
Con todo lo limitado que pudiera ser por el número de casillas que se instalarán, el ejercicio será democrático pues unos y otros, los que están a favor y quienes están en contra, tienen proporcionalmente las mismas posibilidades de demostrar que son mayoría.
Así es que en buena lid combatan. No se queden callados.— Mérida, Yucatán.
fipica@prodigy.net.mx
Maestro en Español. Especialista en política y gestión educativa
México sería distinto si sus gobernantes hubieran escuchado al pueblo y actuado en consecuencia. Nunca lo hicieron y la situación se fue deteriorando hasta llegar al punto en que se hizo inevitable un cambio de paradigma