Por Filiberto Pinelo Sansores (*)
Por primera vez en la historia del país, se efectuó un ejercicio democrático de carácter constitucional correspondiente al ciclo de demandas sociales de última generación, las que tienen que ver con la vinculación de los ciudadanos, que son los mandantes de quienes administran el poder, con las decisiones que éstos toman que, como muchos, de dientes para afuera, dicen —pero a la hora de actuar se desdicen— son nuestros empleados.
En el del domingo se llamó a las urnas a todos los ciudadanos a que se manifestaran acerca de si las autoridades competentes, esto es, las Fiscalía General de la República y el Poder Judicial de la Federación, fundamentalmente, deberían investigar a 5 ex presidentes —integrantes del llamado ciclo neoliberal— caracterizados todos por cometer monstruosos actos de corrupción, atropellos impunes contra ciudadanos y colusión con grupos criminales, con el fin de someterlos a juicio y, de ser posible, castigarlos.
Cierto es que el llamado no fue atendido por la mayoría de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral como tan cierto es que poderosos fuerzas incidieron en el proceso para desacreditarlo y alejar a los sufragantes de las casillas.
Lo más sobresaliente, en esta estrategia, es que el propio INE tuvo su parte en el sabotaje.
Mientras para las elecciones de junio estuvo largos meses machacando día y noche, a la difusión de la consulta le dedicó sólo unos días, los últimos 15 de julio y, a diferencia de otras ocasiones en que saca encartes en los periódicos y pone ligas en internet para la ubicación precisa de las casillas, ahora, no publicó ninguno y la liga que dio a conocer en la web tuvo errores de ubicación que corrigió apenas 5 días antes del evento.
Fue un esfuerzo cuesta arriba el que hicieron los impulsores de la consulta no sólo para conseguir que se llevara al cabo, sino para que fuera en las mejores condiciones. Las fuerzas que dominaron antes al país desde la presidencia de la república conservan todavía algunos cotos de poder en instituciones públicas y, en gran medida, imponen, aún, sus intereses en algunas decisiones importantes que se toman para su conducción. Estos espacios los tienen, sobre todo, en dos de los poderes, el Legislativo y el Judicial.
En el primero, no se pueden adoptar decisiones para hacer cambios a la Constitución para mejorar nuestras leyes y, en consecuencia, el funcionamiento del país, si no se cuenta con sus votos; en el segundo, jueces y magistrados —que ven en el Ejecutivo actual a un adversario peligroso porque está haciendo lo posible para que se rebajen sus enormes salarios de 600 mil pesos mensuales, a niveles aceptables, y disminuyan otras canonjías que los hacen seres privilegiados, además de que tienen compromisos ocultos con los ex gobernantes en cuestión, que los pusieron en sus sillas— tratan de sabotear toda medida que vaya en contra de los intereses de aquéllos, sus benefactores.
Estos dos entes fueron la clave para que la consulta tuviera sus primeros grandes obstáculos: en el Poder Legislativo, la oposición en bloque, a sabiendas de que la primera que se haría sería para sentar en el banquillo a los presuntos delincuentes que en años anteriores representaron a sus partidos, impuso la condición de que ninguna consulta pueda hacerse en día de elecciones, a fin de asegurarse que no tenga la asistencia que se requiere para declararla vinculatoria.
En el Judicial, sus cómplices en el plan, se encargaron de elaborar la pregunta cantinflesca —que algunos, falsamente, atribuyeron a quien solicitó la consulta— con el fin de contribuir a difamarla.
Es obvio que de haberse realizado la consulta el día de las elecciones, esto es, el pasado 6 de junio, no solamente no se hubieran gastado los millones de pesos que dice el INE que erogó en ella sino que hubiera habido una participación que, evidentemente, habría rebasado, con mucho, los 37 millones de ciudadanos requeridos para hacerla vinculatoria y, con toda seguridad —por la tendencia observada entre los que participaron ahora— el saldo hubiera sido de condena a los exmandatarios, por amplísimo margen, como todas las encuestas periodísticas, sin excepción, han demostrado a lo largo de estos años.
¿Por qué la derecha no quiso que el ejercicio se hiciera el mismo día de las elecciones? Porque tiene miedo. Si jugara limpio hubiera aceptado que se hiciera a la par con un evento que reunió a mucha gente, como fueron los comicios de junio y habría hecho propaganda a favor del no. Así se hubiera sabido si en verdad la sociedad no quiere que se le consulte sobre los expresidentes o, más aún, si está en contra de que se les enjuicie, como dice su publicidad mentirosa. Sabía que perdería. Se trató de una evidente maniobra antidemocrática para desalentar la participación de los ciudadanos en abierta contradicción con una de las prácticas democráticas más acreditadas en el mundo porque permite saber qué piensan los ciudadanos sobre asuntos de vital importancia.
No se atrevió a hacer campaña a favor del no compitiendo con quienes estaban por el sí y que el asunto se definiera en las urnas, por dos motivos: por ser enemigos de la democracia y porque les da vergüenza defender a quienes tienen en su haber grandes crímenes en contra del pueblo. Prefirieron maniobrar para que si había consulta ésta fuera en los peores escenarios y no reuniera la cantidad de participantes que la hiciera vinculatoria, aun cuando un 90 por ciento de éstos, como ocurrió, condenaron a sus impresentables “próceres”.
De todos modos, el ejercicio inaugura una etapa en la que, contra viento y marea, la democracia participativa —que supera a la decimonónica democracia representativa— ha comenzado a caminar en el país, impulsada por fuerzas antagónicas a las de la derecha.
En marzo del año próximo los mexicanos volveremos a ser llamados a las urnas para votar si el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, debe continuar o no en el cargo. Veremos ahora cómo la derecha se vuelve “democrática” y la empieza a impulsar.
Ahora no dirá que es una maniobra engañosa del presidente y llamará a participar, porque le conviene, y hará campaña por el no. Qué bueno, porque esa es la democracia: la consulta a todos y el acatamiento de los resultados.— Mérida, Yucatán.
fipica@prodigy.net.mx
Maestro en Español. Especialista en política y gestión educativa