Dos formas
Filiberto Pinelo Sansores (*)
En México se hablan dos lenguajes, el de los que quieren cambiar al país y el de los que se resisten y hacen todo lo posible por regresar al pasado, mismo que empezó a ser liquidado con el volcamiento a las urnas de una abrumadora mayoría de ciudadanos, el domingo 1 de julio de 2018.
Por eso cuando unos dicen: “reglas nuevas para que todos paguen los impuestos que las leyes dicen”, otros responden “eso es terrorismo fiscal” y cuando el presidente afirma que las universidades públicas, en particular la UNAM, fueron penetradas por “las ideas neoliberales” otros responden: “la está atacando” y se envuelven en la bandera de “defensores” de esa casa de estudios.
Lo cierto es que en materia impositiva había una gran inequidad en México a la llegada de este gobierno, consistente en que mientras se obligaba a pagar sus impuestos a los causantes cautivos y a otros poco favorecidos por la fortuna, a los grandes poseedores de riquezas y a los consorcios, nacionales y extranjeros, cuyas ganancias son enormes, se les permitía no pagar, hacerlo en proporción menor a sus ingresos, o se les condonaban los impuestos.
En su libro “A mitad del camino”, López Obrador da a conocer la lista de las empresas —todas de tipo monopólico— beneficiadas. Entre Calderón y Peña les devolvieron 366 mil 174 millones de pesos, suma que equivale a 9 veces el presupuesto de egresos de Yucatán de todo un año, que asciende 41 mil 136 millones de pesos en éste que termina.
A la derecha no le gusta que se haya puesto en la Constitución que, a partir de ahora, ningún funcionario tiene —ni siquiera el presidente— atribuciones para condonar, a nadie, impuestos. Tampoco que se esté obligando a los grandes evasores a liquidar las millonarias cantidades que desde hace años deben. Menos que se haya entablado una gran batalla contra el sistema de las “empresas fantasmas” —creado con la obvia complicidad de los corruptos gobernantes anteriores— que ha permitido evadir, durante años, el pago de incuantificables sumas al erario. Y mucho menos aún que se esté poniendo freno a otro abuso: el del socorrido uso de otro sistema inventado para pagar menos impuestos, que es la deducción de buena parte de éstos para darla a instituciones de beneficencia a modo.
Respecto a esto último, recientemente, en el Congreso fueron aprobadas modificaciones a las leyes para terminar con esta simulación que consiste en deducir de impuestos el pago de donativos hacia fundaciones creadas exprofeso, para evadirlos.
Hay “personajes que donan millones de pesos, pero no se los donaron a las mujeres maltratadas, no se los dieron a Cáritas, sino fueron directamente a sus fundaciones familiares”, expresó la titular del SAT, Raquel Buenrostro, cuando compareció en el senado. Las nuevas disposiciones atañen sólo a las personas físicas, no a las personas morales.
RFC
No menos importante es la medida ya aprobada por el Congreso de la Unión de la inscripción obligatoria al SAT de los mayores de 18 años cuyo fin es “evitar que los jóvenes sufran el robo de identidad por parte de las llamadas “factureras”.
Los delincuentes del hampa financiera escogen a estos jóvenes para crear empresas que se dan de alta en notarías; los ponen como dueños y socios de ellas. Llegan a facturar hasta 1,000 millones de pesos. Sin saberlo, el presunto dueño cuenta con automóviles deportivos, propiedades, terrenos y hace envíos de dinero al extranjero. Cuando el SAT localiza a la persona en cuestión, constata que se trata de un robo de identidad.
La nueva medida permitirá que si alguien usa el RFC de una persona y la da de alta como representante legal de una empresa o comete con sus datos otra anomalía, la afectada recibirá una alerta o le llegará un aviso, como hacen los bancos. Se trata de cerrar todos los caminos que las poderosas mafias usan, muchas veces con la protección desde órganos del estado.
Y es que las decisiones de este gobierno tienen que enfrentar obstáculos que a cada rato le ponen los emisarios del pasado que todavía permanecen en el Congreso o el Poder Judicial de nuestro país.
Esto se puso de manifiesto con la determinación reciente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de echar atrás —con 8 votos a favor y 3 en contra— varios artículos de leyes aprobadas ya, que ordenaban prisión preventiva para quienes cometieran los delitos de contrabando y emisión de facturas falsas hasta por 8.6 millones de pesos, con el risible argumento de que se “afectan los derechos humanos” de los transgresores, dado que sus delitos “no ponen en peligro la seguridad nacional”.
Estos ocho ministros lo único que han hecho es proteger a minorías de adinerados porque no cualquier hijo de vecino crea una empresa de ese tipo para robarse dinero público en tan inmensas cantidades. Quienes lo hacen son políticos o empresarios ligados al poder. Si de proteger derechos humanos se trata, debieron pensar en los millones de mexicanos que resultan afectados cuando la hacienda pública deja de recibir ingresos que podrían ser utilizados para garantizarles su bienestar, su derecho a la educación, a la salud, para dar trabajo a los jóvenes, etc.
Recuérdese que en Yucatán quedaron en el limbo acusaciones por este tipo de ilícitos, cometidos para embolsarse dinero público, en las administraciones municipales de Renán Barrera Concha y Mauricio Vila, y la estatal de Rolando Zapata Bello.
La derecha quiere hacerle creer a la nación que las medidas que el gobierno federal toma afectan al pueblo, cuando es al contrario: afectan a la minoría privilegiada que ella defiende y benefician a las grandes mayorías del país pues tienen como fin distribuir mejor la riqueza producida por todos. No logra, sin embargo, su objetivo. El periódico inglés The Financial Times —la Biblia de los conservadores— incluye, este lunes una encuesta de popularidad de líderes del mundo y en ella López Obrador ocupa el segundo lugar con un 65 por ciento de aprobación entre los mexicanos. Mejor prueba no hay.—Mérida, Yucatán
fipica@prodigy.net.mx
Maestro en Español. Especialista en política y gestión educativa