Un ejemplo de la enorme corrupción tolerada que privó en México, durante la larga noche del PRIAN en el gobierno del país, es la desmesurada cantidad de dinero, más de 749.9 millones de dólares, que acumuló Genaro García Luna en cuentas que le ha descubierto la justicia mexicana.
Convertida a moneda nacional la cifra asciende a 14,938 millones de pesos, casi tres veces el presupuesto de egresos del municipio de Mérida que es de 5,384.3 millones.
La descomunal fortuna fue trasladada, mediante lavado de dinero, a paraísos fiscales, con la complicidad de “servidores” públicos que lo ayudaron.
Esta actividad delictiva del ex secretario de Seguridad en el gobierno de Calderón es independiente de la otra por la que lo acusan en Estados Unidos de ayudar a cárteles mexicanos de las drogas a inundar de éstas al país del norte.
En el caso mexicano la confabulación no fue con capos del narco sino con funcionarios corruptos de los corrompidos gobiernos que azotaron al país, responsables auténticos de que México haya llegado al nivel de violencia por el que, cínicamente, echan la culpa, sus autores, al gobierno actual.
¿Cómo fue posible que este individuo acumulara tal fortuna sin que los demás integrantes de los gobiernos en los que operó, comenzando con sus respectivos titulares, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, se hayan dado cuenta? Incluso, un gobierno del PRD, el de Miguel Ángel Mancera de Ciudad de México, fue también campo propicio para las maniobras del saqueo, según las investigaciones hechas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Claro que lo sabían, sólo que eran del mismo pelaje.
García Luna, según la UIF, formó un conglomerado empresarial familiar que obtuvo 30 contratos con diversos órganos de seguridad pública en México, a partir de los cuales se extrajeron recursos públicos por el monto señalado.
La cantidad podría crecer porque la investigación aún no termina. Los recursos fueron transferidos a Estados Unidos mediante mecanismos dirigidos a ocultar su rastro a través de la utilización de paraísos fiscales. Una vez en el país del norte se usaron para la adquisición de bienes muebles e inmuebles, así como otros activos. Edificios, automóviles, motocicletas de lujo, etc.
Es enorme la fortuna saqueada sin que hasta hoy los que tanto ruido hacen para criticar al gobierno actual hayan dicho una palabra sobre el atraco.
Durante por lo menos 18 años esta sola persona se embolsó miles de millones de pesos del patrimonio público con la complicidad de otros corruptos dentro del engranaje del estado. Con toda seguridad no fue el único.
Es obligado pensar, entonces, en el tamaño de los boquetes financieros que ocasionaron en perjuicio de todo el pueblo, el conjunto de ladrones a México que hicieron lo mismo.
Estos gobiernos estaban infestados de funcionarios corruptos que hacían negocios con gente como García Luna mediante contratos de los denominados leoninos en los cuales el contratista recibía millonarias cantidades a cambio de un bien o un servicio que no lo valían, o de no entregar nada a cambio, para luego dividirse lo obtenido.
El 21 de septiembre de 2021 el gobierno mexicano presentó una demanda ante el Tribunal del Undécimo Circuito Judicial del Condado de Miami-Dade, Florida, para la recuperación de los activos adquiridos con los recursos extraídos del erario mexicano ubicados en ese estado con la intención de resarcir el daño generado a nuestro país y, a través de la UIF colocó en la lista de personas bloqueadas a quienes participaron en la confabulación. Esto, como consecuencia de las denuncias presentadas por ella misma ante la Fiscalía General de la República, el 24 de diciembre de 2019.
Miembros prominentes de los partidos que arriba mencionamos que formaron parte de los gobiernos que antes simularon ser enemigos entre sí pero pasado el tiempo se muestran como amantes descarados —PAN, PRI y PRD— no eran cómplices gratuitos de los saqueadores sino partícipes en el saqueo porque los García Luna les daban parte del botín, así es que también se hicieron ricos.
“Los tentáculos de la red de corrupción de Genaro García Luna han alcanzado a Va por México, la coalición opositora conformada por el PAN, PRI y PRD”, dice un reportaje de El País. “Al menos dos presidenciables de la alianza —el priista Miguel Ángel Osorio Chong y el perredista Miguel Ángel Mancera— encabezaban instituciones públicas que presumiblemente desviaron dinero mediante contratos simulados a las empresas del exsecretario de Seguridad Pública del gobierno de Felipe Calderón”.
El periódico también revela que nuevas evidencias en su poder “muestran que, además, la dirigencia del Partido Acción Nacional (PAN) otorgó un contrato adicional a la red empresarial. En total, el monto del dinero público pagado a García Luna entre 2013 y 2018 fue de 431.3 millones de dólares” (El País, 03-02-23).
En lugar de hacerse cargo de la corrupción que imperaba en sus filas, los tres partidos prefieren hacer como que les habla la virgen y voltear hacia otro lado.
Hoy están enzarzados en batallas distractoras pretendiendo desviar la atención de los ciudadanos con su manifestación del 26 de febrero por lo que llaman “la defensa del INE” y su ruido en torno a las limitadas reformas a leyes secundarias en materia electoral que, dicen, impugnarán ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Pero nada dicen de la confabulación de sus gobiernos con el crimen organizado, como ha salido a relucir con el juicio de García Luna ni que cuando gobernaron el país el dinero que debería servir para programas y obras en beneficio del pueblo servía para el voraz enriquecimiento de los grupos de vivales que usufructuaban el poder.
Deberían salir sus representantes a la palestra a tocar estos temas para deslindarse de quien fue, obviamente, consentido de los tres gobiernos, dos de la república —del PAN y del PRI— y uno de Ciudad de México —del PRD— o para defenderlo si es que está siendo injustamente acusado; pero no hacen ni lo uno ni lo otro. Están calladitos. ¿Se darán cuenta de que, al fin, el destino los alcanzó?— Mérida, Yucatán.
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Maestro en Español. Especialista en política y gestión educativa