Versión resumida y editada de la entrevista concedida a XEPET La Voz de los Mayas el pasado 6 de marzo:
La iniciativa de reforma en materia indígena y sobre los mexicanos afrodescendientes presentada por el presidente AMLO el pasado 5 de febrero constituye la propuesta más amplia y profunda que se haya planteado para estos importantes sectores de la sociedad mexicana.
En buena medida, la propuesta presidencial pretende resarcir la deuda político-legislativa que se tiene con el movimiento zapatista, ya que recoge algunas de las principales demandas contenidas en los Acuerdos de San Andrés Larráinzar del 16 de febrero de 1996.
También responde al espíritu del Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales, así como a lo prescrito en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas aprobada el 13 de septiembre de 2007.
Valoración general. Considero que esta iniciativa es de alto calado histórico, porque la presencia de los pueblos indígenas y afrodescendientes continúa siendo muy vigorosa en la composición sociocultural de la nación mexicana.
Esta reforma consiste en la ampliación y profundización en torno al reconocimiento pleno de los derechos de los pueblos indígenas y grupos afrodescendientes, a través de la reformulación del artículo 2 de nuestra Carta Magna.
Sujetos de derecho público. Actualmente el último párrafo del apartado A del artículo 2 constitucional sólo reconoce a los pueblos y comunidades indígenas como entidades de interés público, enunciado muy general que en los hechos difumina el reconocimiento y el ejercicio de sus derechos en un sentido amplio.
En cambio, la reforma contempla incluir este precepto: “Se reconoce a los pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio”, lo que implica un reconocimiento pleno de todos sus derechos: lingüísticos, culturales, políticos, ambientales, territoriales, sobre sus recursos naturales, sistemas normativos, etcétera.
Implicaciones locales. Destaco enseguida los aspectos de la reforma que tendrán implicaciones relevantes para nuestra realidad sociocultural estatal:
Primero: es vital la protección y preservación de los territorios indígenas, ya que actualmente las comunidades mayas están experimentando un imparable proceso de despojo de sus territorios en manos de las mafias inmobiliarias urbanas y rurales, despojo que se realiza con la complicidad y la corrupción de las autoridades.
Los territorios indígenas en los que existen cenotes, aguadas o reservas ecológicas de monte, selva y fauna, así como los territorios aledaños a la ruta del Tren Maya, se han impregnado de alta plusvalía, lo que los hace apetecibles para la labor de despojo y apropiación ilegal que realizan dichas mafias.
Segundo: el derecho inalienable de las comunidades a la consulta libre, previa, informada, culturalmente adecuada y de buena fe, cuando se pretendan adoptar medidas administrativas o legislativas que puedan causar afectaciones o impacto significativos en su vida o entorno.
En la actualidad este derecho se ve arteramente violentado con la imposición indiscriminada de megaproyectos como granjas porcícolas o avícolas, producción de electricidad, proyectos turísticos, etcétera.
Tercero: la reforma plantea establecer en la Constitución la obligación de promover, usar, desarrollar, preservar, estudiar y difundir las lenguas indígenas como un elemento constitutivo de la diversidad cultural de la nación.
Actualmente vemos que esto no se realiza en Yucatán como debiera ser, debido a las relaciones asimétricas existentes entre las comunidades mayas y el resto de la sociedad, así como por las características racistas y discriminatorias que aún predominan en la sociedad yucateca.
Cuarto: el derecho de los indígenas preservar, proteger y desarrollar su patrimonio cultural, material e inmaterial, reconociéndose la propiedad intelectual respecto de dicho patrimonio. Aquí destacaría la medicina tradicional, los conocimientos sobre la agroecología y la biodiversidad en general, las artesanías y la gastronomía maya actual.
Quinto: garantizar las condiciones para que los pueblos indígenas puedan adquirir, operar y administrar sus medios de comunicación, telecomunicación y nuevas tecnologías de la información, en espacios óptimos del espectro radioeléctrico, redes e infraestructura, haciendo uso de sus lenguas y otros elementos culturales.
Esto es fundamental, ya que en Yucatán apenas existe ese bastión que es XEPET La Voz de los Mayas, pero esto resulta insuficiente para garantizar la comunicación entre los más de 500 mil hablantes de maya que hay en la entidad.
En la zona metropolitana cuyo eje es Mérida existen más de 100 mil hablantes de maya, pero no tenemos ninguna difusora que transmita en esta lengua, lo cual resulta inadmisible y es un obstáculo para el florecimiento de nuestra diversidad cultural.
Sexto: en el tema del acceso a la justicia, la reforma obliga a las instituciones jurisdiccionales a que garanticen el derecho de las personas indígenas a ser asistidas y asesoradas por personas intérpretes, traductoras, defensoras y peritas especializadas en derechos indígenas y en pluralismo jurídico.
Esto es muy importante, porque actualmente se consuman actos de infame injusticia contra personas indígenas quienes, por la barrera lingüística, no comprenden de qué y por qué se les acusa, a lo cual se suman la carencia de recursos económicos para defenderse de acusaciones que muchas veces son infundadas.
Faltantes. La gran carencia en la iniciativa es el tema de la representación política en las órganos del Estado: Congreso de la Unión, Congresos locales y ayuntamientos.
Ante la falta de un mandato constitucional a este respecto, los partidos políticos se siguen burlando de las comunidades al postular a candidatos no indígenas en distritos tipificados como indígenas por las autoridades electorales.
Es así que en elecciones pasadas se objetaron y derribaron candidaturas no indígenas, como el caso del actual secretario estatal de educación, quien en 2021 fue registrado por el PAN para el distrito federal indígena 1 con cabecera en Valladolid.
Hoy el PAN repite este abuso contra la población maya, a la que le niega su derecho a tener un representante indígena en el Congreso Federal, ya que registraron para dicho distrito a Esteban Abraham Macari, quien a todas luces no tiene nada de indígena. Ya fue objetado ante el TEPJF y seguramente le van a revocar el registro.
Comentario final. Es deseable que la actual coyuntura electoral por la que atraviesa el país no sea un obstáculo para que la iniciativa sea discutida, mejorada y eventualmente aprobada en ambas Cámaras del Congreso de la Unión. Veremos.— Mérida, Yucatán.
canek_1999@yahoo.com.mx
Doctor en Educación. Exdirector de la Universidad Pedagógica Nacional en Yucatán.