Las campañas electorales en Yucatán parecen sacadas de una novela de ficción.
Nunca nos hubiéramos imaginado ver al exgobernador priista Rolando Zapata Bello y al candidato a gobernador panista Renán Barrera Concha en una misma tarima promoviendo el voto por la coalición “Fuerza y Corazón por México”.
Sin embargo, era obvio que, ante el impulso que ha tenido Morena en las pasadas elecciones, los partidos tendrían que dejar a un lado los rencores y formar una alianza que pudiera hacerle frente a la ola guinda que ya gobierna 22 entidades del país.
Hay que recordar que, aunque el priismo vive su peor época en la historia, en nuestro estado, como en muchos otros, aún conserva una fuerza importante.
Pero durante esta contienda electoral no solo han sorprendido los abrazos entre personajes que durante años han navegado por separado, sino también el cinismo de aquellos que buscan usurpar candidaturas destinadas a poblaciones históricamente vulneradas, que han luchado durante años por el reconocimiento de sus derechos político-electorales.
Como documenta el Diario, actualmente existen más de 20 recursos presentados ante el Instituto Nacional Electoral en contra de ocho candidatos que mediante el engaño y la mentira se inscribieron como representantes de pueblos originarios o de la comunidad de la diversidad sexual para contender por un cargo de elección popular.
Estos candidatos pertenecen tanto a la coalición “Sigamos Haciendo Historia”, conformada por Morena, PVEM, PT, y la coalición “Fuerza y Corazón por México”, integrada por los partidos PAN, PRI y Nueva Alianza.
Durante 2022, el Consejo Electoral del Instituto Nacional Electoral aprobó una serie de lineamientos en cumplimiento de las sentencias dictadas por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), con el objetivo de verificar que se llevara al cabo la autoadscripción calificada para las candidaturas indígenas a cargos federales.
Estas medidas buscan garantizar que aquellos que se inscriban como candidatos como parte de la comunidad LGBTQ+ o mediante la acción afirmativa indígena, tengan un vínculo efectivo con la comunidad a la que dicen pertenecer.
La acción afirmativa busca cambiar situaciones de desigualdad histórica y actual a que se enfrentan las personas indígenas al ejercer su derecho a ser votadas, y su propósito es asegurarles una igualdad efectiva en el acceso a los cargos de elección popular a nivel federal.
A pesar de los lineamientos mencionados anteriormente, las coaliciones han buscado seguir defendiendo aquellas candidaturas que no cumplen con la autoadscripción calificada por ley, como es el caso de una candidata al senado panista que se denominó como parte de la comunidad diversidad sexual, lo cual ha sido señalado por el activista Alex Orue.
Por su parte, los colectivos indígenas llevan años denunciando la usurpación de candidaturas en el estado.
“Somos indígenas mayas de Yucatán quienes desde 2018 iniciamos una lucha ante las autoridades electorales, tanto administrativas como jurisdiccionales, locales y federales, solicitando que los mayas de Yucatán tengamos reconocidos nuestros derechos político-electorales en un marco de igualdad, como lo es el de la representación ante los ayuntamientos del Estado”, indicó el activista Juan Baas Tec, en una reciente rueda de prensa. (Diario de Yucatán, 14/03/2024)
Es fundamental que el proceso electoral en Yucatán se lleve al cabo de manera transparente y con respeto hacia la diversidad y los derechos de todas las comunidades.
Las candidaturas usurpadas no solo socavan la confianza en el sistema electoral, sino que también perpetúan la exclusión y discriminación que afecta a ciertos grupos de la población.
Es responsabilidad de las autoridades electorales investigar y sancionar cualquier irregularidad que se presente durante el proceso y garantizar que se respeten los derechos de las comunidades indígenas y de la diversidad sexual.
Requerimos que la autoridad electoral actúe y no sea omisa ante esta cruda realidad: mentir y usurpar por poder.
Ningún partido político de ningún color debe respaldar o defender a aquellas candidatas y candidatos que, burlando la ley, pretendan ocupar cargos que no les corresponden.
La ambición por el poder no puede prevalecer sobre la búsqueda del reconocimiento de los derechos político-electorales de aquellos que durante mucho tiempo no les han sido reconocidos.— Mérida, Yucatán.
ernesto.guerramx@gmail.com
Politólogo. Maestro en Comunicación Política y Marketing Electoral.