El documento “Compromiso por la Paz” que recientemente firmaron los candidatos a la presidencia de la República, que una candidata suscribió bajo protesta y reserva de su contenido, es un instrumento que tiene propuestas construidas entre más de 1,600 instituciones del país.
En él se identificaron 300 buenas prácticas que representan un llamado a la colaboración, la exigencia y el trabajo conjunto de todos los actores de la sociedad mexicana, particularmente de quien tendrá en sus manos la responsabilidad de salvar al país del estado de violencia y descomposición social.
Es el fruto de dos años de trabajo a lo ancho y largo del país, en el que veinte mil personas en más de mil foros y conversatorios de viva voz manifestaron qué es lo que padecen a diario en sus comunidades. No fue un trabajo de escritorio, sino el contacto y testimonio de los ciudadanos de a pie, que todos los días tienen que sortear vicisitudes y cuya realidad muchas veces escapa de la visión de una autoridad o lo saben, pero prefieren no resolver los problemas más apremiantes, justificándose o saliéndose por la tangente, hasta que concluyan su mandato, dejando condiciones peores de cuando iniciaron sus gestiones.
El Compromiso por la Paz es impulsado por la Red Nacional por la Paz, siendo éste un grupo plural de personas, organizaciones e instituciones en los ámbitos local, estatal y naciona, articuladas para contribuir a la construcción de la paz en México y la disminución de las violencias, por medio del diálogo, la recuperación de buenas prácticas, el desarrollo de capacidades locales, los acuerdos multisectoriales y la incidencia en políticas públicas.
Pero también figuran instituciones serias como la Conferencia del Episcopado Mexicano, los Jesuitas de México, Universidades, Institutos de Investigaciones Jurídicas, fundaciones, institutos defensores de derechos humanos, investigadores, etc.
Todos ellos convencidos de que la paz en México sí es posible, si se construye desde lo local, conociendo las condiciones y contextos específicos de cada territorio y cada comunidad, con la participación y compromiso de cada persona y cada sector en cada rincón, a partir de la responsabilidad ética de asumir el trabajo que a cada uno le corresponde; con una mirada de Estado y no de partidos, de diálogo y no de polarización, de horizonte y no de inmediatez.
Por ello no se puede desdeñar este esfuerzo de las iglesias, sociedad civil, víctimas, indígenas, migrantes, universidades, empresas y colectivos que han identificado necesidades y recursos locales para desarrollar estrategias conjuntas para el tejido social, justicia, seguridad, cárceles, gobernanza y adolescentes.
Por ello su convocatoria y la necesidad de un compromiso firmado por quienes ocuparán cargos de elección popular, desde la presidencia hasta el cabildo, a asumir la responsabilidad que les corresponde, a trabajar de la mano con amplios sectores de la población, para hacer los esfuerzos y ajustes necesarios para volver a hacer de México un país habitable. En donde el miedo y la violencia dejen de ser una preocupación del día a día.
México ya no da para más violencia y descomposición social, urge una Agenda de Estado, en la que todos tengan su responsabilidad, con el único interés de vivir en paz y poder ejercer plenamente nuestros derechos como mexicanos y que no estemos a merced de otro tipo de poderes facticos o de intereses ajenos a la prosperidad de los mexicanos.
El tejido social sufrió una degradación acelerada y urge recomponerlo, todo se ha visto afectado y agravado, se dan tipos de violencias antes no vistas, arreció la polarización política y la conflictividad social, muchas veces desde la silla presidencial, se han destruido los mecanismos de socialización que durante décadas operaron y permitieron que tuviéramos un país en paz. No le demos la vuelta. El compromiso por la paz es una obligación.— Mérida, Yucatán.
mariomaldonadoe@gmail.com
@mariomaldonadoe
Especialista en Derecho Parlamentario y Técnica Legislativa