El 17 de mayo los aspirantes a la Presidencia debatirán sobre la seguridad, la materia que más inquieta a la ciudadanía. Como ya entregaron un adelanto de lo que harían de llegar a Palacio, es evidente la brevedad de su referencia a los gobiernos locales.
Claudia Sheinbaum presume, con razón, que gracias a su liderazgo en la Ciudad de México se “lograron reducir a la mitad los homicidios y en 60% los delitos de alto impacto” y propone “retomar” la experiencia capitalina para “replicarla a nivel nacional”. Xóchitl Gálvez considera, correctamente, que la paz depende de “policías municipales y estatales fuertes” y que propiciará la “colaboración entre la federación, estados, municipios”. Jorge Álvarez Máynez no aborda el asunto explícitamente, aunque se intuye que es un factor importante para él.
Abordaje insuficiente, porque la seguridad se construye o destruye desde estados y municipios. Y los partidos andan a la deriva en ese tema. Para demostrarlo me apoyo en las tasas de homicidios por cada 100 mil habitantes de entidades gobernadas por los principales partidos.
Entre 2019 y 2023 el promedio nacional ha sido de 26.56. Durante ese mismo período, el PAN ha presumido que Yucatán tiene solamente 2.37, pero otro bastión panista, Guanajuato, tiene 64.90; el PRI tiene a Coahuila con 6.63 y al Estado de México (donde gobernó hasta 2023) con 17.64. Morena obtiene en la Ciudad de México 12.13, pero Morelos se dispara a 57.81. Finalmente, los dos estados gobernados por Movimiento Ciudadano, Jalisco y Nuevo León, tienen 26.35 y 19.33 respectivamente.
En el trasfondo está un hecho: México sigue teniendo una cultura presidencialista con diversas modalidades de fuerza federalista. Los gobernadores ya aprendieron que se amplía su margen de maniobra si le aplauden públicamente al señor presidente, aunque luego impongan su voluntad. Cuauhtémoc Blanco lo confirma: pese a su desastrosa gestión en Morelos, ha sido premiado con una diputación federal que le garantiza impunidad para los próximos tres años.
Es evidente que quien gane la Presidencia tendrá que descifrar los dilemas asociados con la relación entre la federación y los gobiernos locales. La estrategia que adopte para cada uno estará condicionada por la densidad del capital social positivo y por la intensidad de la presencia criminal. Deberá preguntarse también a cuáles entidades debe dar prioridad: ¿a las susceptibles de una recuperación relativamente rápida o a las más afectadas?
Felipe Calderón priorizó Michoacán y fracasó, aunque luego se repuso descabezando y desmembrando a los Zeta para lo cual se apalancó en los dos Centros de Fusión de Inteligencia y Operatividad. Por cierto, esta forma de organización tiene como antecedente al Cendro salinista y fue preservada por Enrique Peña Nieto y por el actual Presidente. En asuntos de seguridad se diluyen los colores partidistas.
Otra posibilidad en esta vertiente sería apoyarse en las tres entidades más exitosas y a partir de ellas ampliar los espacios de paz a entidades vecinas. Desde Yucatán podrían lanzarse programas que acoten la presencia criminal en un Quintana Roo infestado de criminales. Coahuila podría servir como base para la reconquista de Nuevo León y Tamaulipas. Y desde la Ciudad de México, podría atenderse Morelos y el Estado de México.
La Zona Metropolitana del Valle de México es un caso aparte por su tamaño e importancia. En la capital, los gobiernos de izquierda han construido una institucionalidad admirable que debe extenderse, hasta donde sea posible, a los municipios conurbados del Estado de México. Si ya existe una Comisión Ambiental de la Megalópolis que incluye a siete entidades, ¿por qué no construir algo parecido en asuntos de seguridad?
Hay otra dimensión a tomar en cuenta. El Presidente, secundado por Morena, se ha lanzado contra el Poder Judicial Federal al cual quieren avasallar por su costo, independencia y presunta corrupción. Sin embargo, guardan silencio sobre la justicia capitalina aquejada de los mismos problemas. ¿Influirá que la tienen como cómplice? Los otros partidos, por cierto, tampoco escapan a problemas similares con sus fiscalías y jueces.
El 17 de mayo debatirán sobre seguridad quienes aspiran a la presidencia. Será un momento oportuno para que expliquen cómo piensan abordar la relación con los gobiernos locales.— Ciudad de México.
Investigador y analista. Colaboró Sebastián Rodríguez