Los partidos de la derecha están alegando que Morena y sus aliados no tienen derecho al número de diputados y senadores que las leyes electorales les permiten, pues, a toda costa, quieren impedir que continúe adelante algo que los mexicanos decidimos con el voto: que la izquierda tenga mayoría calificada en ambas cámaras del Congreso de la Unión, para continuar adelante con la transformación del país iniciada en el sexenio por concluir.
Con ese fin, sus voceros y defensores en los medios están haciendo mucho ruido y retorciendo leyes y argumentos, de manera descarada. Una cosa tan sencilla como la es determinar el número de diputados plurinominales que un partido debe tener, basándose simplemente en lo que la ley dice, está haciendo que se exhiban de nuevo de manera cínica y mentirosa.
Dicen que Morena y los demás partidos que integran la alianza Sigamos Haciendo Historia, que apabulló a Xóchitl y compañía, de manera escandalosa en los recientes comicios no deben tener los diputados y senadores que las leyes del país claramente determinan sino los que, por sus pistolas, fundados en sus solo deseos, quieren.
Para nada mencionan lo que dice nuestra Constitución en el punto que establece cómo deben repartirse los diputados y senadores llamados plurinominales en el Congreso porque saben que hacerlo sería pegarse un tiro, pues ésta los exhibe.
En donde mayor énfasis ponen en su escándalo mediático porque es donde mayor fue la barrida que les dio el pueblo es en el caso de los diputados.
El artículo 54 de la Carta Magna precisa, sin lugar a dudas, cómo debe hacerse el reparto de plurinominales en esta cámara. Su fracción IV dice, textualmente: “Ningún partido político podrá contar con más de 300 diputados por ambos principios” y la que sigue, la V, literalmente: “En ningún caso, un partido político podrá contar con un número de diputados por ambos principios que representen un porcentaje del total de la Cámara que exceda en ocho puntos a su porcentaje de votación nacional emitida”.
En las dos fracciones nuestra máxima ley dice, de manera muy precisa, que la distribución se hará entre partidos políticos, no entre alianzas, coaliciones, o asociaciones. Sin embargo, los opositores quieren que tanto el INE como el Tribunal Electoral hagan la distribución de diputados plurinominales como si la Constitución dijera que sea entre coaliciones y no entre partidos.
Esta regla no es nueva. Existe desde 1996, tiene 28 años. Es cierto, en ese mismo año, se introdujo en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, el Cofipe, que era la ley reglamentaria entonces, una norma específica que la contravenía porque disponía que el reparto fuera entre coaliciones; sin embargo, la disposición fue eliminada por el PAN, el PRI y el Verde Ecologista en 2008 quienes en 2014 hicieron una nueva ley, la General de Instituciones y Procedimientos Electorales, Legipe, que es la que rige, en la que pusieron lo mismo que al respecto dice nuestra Carta Magna.
Es así que en ambos códigos, la Constitución y su ley, se ordena —repito, se ordena— que la distribución de las diputaciones plurinominales se haga entre partidos, no entre coaliciones. Por tanto, las autoridades que calificarán la elección no tienen para donde hacerse. Están obligadas a actuar con estricto apego a esas normas. Si lo hicieran de otro modo, las estarían violando de manera flagrante.
A mayor abundamiento, estas autoridades la han aplicado en sus justos términos desde 2009 en todas las elecciones que ha habido (las de 2009, 2012, 2015, 2018, 2021). Esto es en todas, absolutamente, en todas, la distribución se ha hecho por partidos, no por coaliciones. Con las mismas leyes, las autoridades están obligadas a actuar de manera igual que en los anteriores casos.
¿Por qué está desesperada la derecha? Porque en lugar de ganar las elecciones, como ilusamente, creía fue brutalmente barrida a lo largo y ancho del país, al grado que Morena y sus aliados tendrán amplia mayoría calificada en la cámara de diputados, en el marco de la ley, y muy cercana a ella, en la de senadores y esto les permitirá hacer los cambios constitucionales que, con la rémora que es la derecha, no se podrían hacer, por su actitud lacayuna al servicio de los peores intereses que se oponen al país.
¿Qué puede reclamar la derecha si fue materialmente barrida en las tres elecciones federales que se hicieron, la de presidente, la de senadores y la de diputados?
En la primera, Claudia Sheimbaun ganó en 31 de las 32 entidades de la república (el 97 % de estas), y lo hizo con más del doble de los votos que obtuvo su rival; en la de senadores, los partidos de la izquierda ganaron las fórmulas de mayoría en 30 de 32 entidades (el 94 %) y en la de diputados triunfaron en 256 de los 300 distritos (el 85 % de estos) que tiene el país.
Por el contrario, en la presidencial la derecha sólo triunfó en una entidad (el 3 % del total); en la de senadores sólo en 2 entidades (el 6%) y en la de diputados sólo en 40 distritos (el 14 %). Fue tan pobre el resultado de los partidos de la derecha, que en la elección de diputados el Verde ganó más distritos que el PAN y el PRI juntos: 57 distritos contra 41 de estos. Y el PT con sus 38 diputados de distrito obtuvo sólo tuvo 3 menos que los dos juntos.
Quienes estarán sobrerrepresentados serán los dos partidos de la derecha porque mientras el Verde con sus 57 diputados de mayoría recibirá sólo 18 pluris (31 % de aquellos); el PT con sus 38 de mayoría tendrá solo 12 pluris (31 %) y Morena, que ganó en 161 distritos de mayoría recibirá 87 plurinominales (54 %), el PAN con sus 32 de mayoría recibirá 36 pluris (112 % de sobrerrepresentación) y el PRI, con sus 9 de mayoría recibirá 24 pluris (¡266 %! con respecto a sus triunfos de distrito. Qué vergüenza.
Con estos paupérrimos resultados, se necesita mucho cinismo para reclamar que Morena y aliados no tengan los dos tercios que merecen, en las cámaras del Congreso.— Mérida, Yucatán.
fipica@prodigy.net.mx
Maestro en Español. Especialista en política y gestión educativa