Menos de tres semanas han pasado desde que, con bombo y platillo, dio inicio la gestión que encabeza el gobernador Joaquín, Huacho, Díaz Mena, en un contexto caracterizado por las grandes expectativas que se generaron en la sociedad yucateca.
El tiempo transcurrido del nuevo gobierno estatal pareciera demasiado corto como para pretender evaluar o juzgar el desempeño de las personas que integran el gabinete legal y ampliado del Ejecutivo.
No obstante lo anterior, creemos que nunca es demasiado temprano para advertir sobre los vicios, desatinos, ocurrencias o tentaciones insanas en que puedan incurrir los servidores públicos de primer nivel, los cuales podrían dañar gravemente los altos fines que persiguen las instituciones y entidades que conforman la administración pública estatal.
Debemos recordar que, en un régimen auténticamente democrático, todo poder político —independientemente de su signo ideológico o de su procedencia partidista— siempre debe ser objeto de una continua vigilancia social y de un riguroso escrutinio público.
En esta etapa de establecimiento y de gradual asunción de funciones en la administración pública estatal, es muy probable que en las diferentes dependencias oficiales continúe dándose una suerte de rebatiña mediante la cual sus titulares y altos mandos se empecinan en colocar a sus allegados —parientes incluidos— en los espacios laborales que se van desocupando, sin importar que esta desocupación provenga de despidos hechos claramente “a la malagueña.”
La función pública, en sus diferentes órdenes y niveles, constituye un complejo entramado de entes y organismos regidos por leyes y normas que regulan su funcionamiento y el desempeño de sus titulares, y cuya esencia es brindar un conjunto de bienes y servicios para la sociedad en general y para sectores específicos de ésta, como mujeres, niños y adolescentes, indígenas, jóvenes, adultos mayores, migrantes, discapacitados, trabajadores, campesinos, etcétera.
En los 42 años en que me desempeñé en el sector público —como técnico y directivo indigenista, docente, investigador y servidor público federal y estatal— tuve la ocasión de conocer y tratar a quienes fueron mis superiores jerárquicos, los cuales ejercieron diferentes tipos de liderazgos: afables, horizontales y altamente preparados unos, arrogantes, autoritarios e incompetentes otros.
En esta tesitura, es importante señalar que en la actualidad las organizaciones/instituciones —públicas y privadas— requieren de estilos de dirección o liderazgos de carácter horizontal y participativo, donde se fomente el trabajo colaborativo, el establecimiento de sinergias fecundas y la suma de talentos, en razón de que este tipo de conducción es mucho más propicia para lograr el óptimo funcionamiento de dichas instituciones.
Como antítesis perniciosas de los estilos arriba mencionados, nos encontramos con actitudes y actuaciones de directivos o titulares de dependencias caracterizadas por la cerrazón al diálogo, la verticalidad, la arrogancia, el egocentrismo, los golpes de mano sobre la mesa, las ocurrencias emocionales, o sea, estilos de gestión francamente autoritarios que a corto y mediano plazos causan graves daños al clima organizacional interno y al deterioro de los servicios que se ofrecen a la sociedad, amén de que muchas veces tales actuaciones directivas se traducen en hostigamiento y acoso laboral hacia el personal a su cargo.
Las acotaciones anteriores vienen al caso precisamente para advertir a tiempo que no continúen los arrebatos para colocar en diversos cargos o espacios laborales a fieles cortesanos de los altos mandos de la administración estatal, quienes en la mayoría de los casos carecen de la mínima preparación técnica, administrativa o académica para desempeñarse en tales encomiendas.
Reiteramos que el gobierno estatal de la 4T —como se ha comprometido con toda la ciudadanía— debe conducirse de manera sustancialmente diferente a lo que este gran movimiento criticó y sigue criticando de los pasados gobiernos del PRI y del PAN, por lo que es absoluta y legítimamente válido advertir a tiempo sobre los riesgos de incurrir en los vicios, prácticas y abusos que tanto se ha cuestionado en la narrativa cuatroteísta.
Sostenemos sin ambages que aplicar la fatídica regla: “90 por ciento de lealtad incondicional más 10 por ciento de preparación para el cargo” provocó severos daños a importantes áreas del pasado gobierno federal.
No apoyarse en el personal experto o que tiene la preparación y la experiencia acumulada en un ámbito determinado de la administración pública, o, peor aún, deshacerse o prescindir de estos valiosos cuadros para que “no les hagan sombra” a los máximos directivos, solo puede conducir a graves injusticias y violencias laborales y, sobre todo, a socavar el debido funcionamiento de las instituciones, en claro perjuicio para toda la sociedad.
Finalmente, es deseable que las instancias de la sociedad civil, los medios de comunicación, los formadores de opinión y las instituciones académicas se erijan en una especie de observatorios críticos del gobierno estatal de la 4T ante posibles conductas indeseables de los servidores públicos, y que el gobernador sea lo suficientemente sensible para aplicar con energía las medidas correctivas que, en su momento, se juzguen apremiantes.
Como dice el dicho popular: sobre advertencia no hay engaño. Al tiempo.— Mérida, Yucatán.
Correo: canek_1999@yahoo.com.mx
*Doctor en Educación. Exdirector de la Universidad Pedagógica Nacional en Yucatán