Con frecuencia hay dudas y desconfianza hacia los magistrados y jueces al aplicar las leyes y procurar la justicia en los casos que llegan a sus manos. No siempre aplican con rigor la ley y la esencia de la justicia. Hay quienes retrasan las investigaciones, encarpetan asuntos de importancia, alteran los resultados o favorecen a los involucrados en delitos.
Hay ejemplos de estos personajes que han cedido a las tentaciones económicas y del poder y han trastocado resultados de investigaciones, detenido procesos y puesto en libertad a delincuentes.
Cuando hay preferencias o parcialidad en la aplicación de la justicia los ciudadanos protestan y se manifiestan. Las experiencias y lo visto y escuchado nos enseñan a dudar de la imparcialidad que debiera darse en esas dependencias encargadas de aplicar las leyes.
Un caso reciente que sacudió a la sociedad es el caso del jovencito de 20 años que se pasó el alto en una camioneta de lujo en el puente de Altabrisa, manejaba en estado inconveniente y embistió a una pareja que iba en una motocicleta, la mujer estaba embarazada.
Esta imprudencia cortó de tajo tres vidas: al joven padre, a la joven madre y el bebé que en breve nacería. Además, el jovenzuelo quiso huir y dejar a las víctimas.
¿Cuánto cuesta una vida o dos o tres? No tiene precio, pero sí se le pone cuando el agresor, el victimario busca que la ley sea benévola y los recovecos para que no vaya a la cárcel por el crimen o crímenes cometidos.
No es primera vez que un jovenzuelo causa una tragedia por manejar en estado de ebriedad, pasarse el alto o manejar a exceso de velocidad. También menores de edad han sido protagonistas de este tipo de imprudencias.
Es saludable que menores de 14, 15 o 16 años aprendan a manejar un carro por alguna emergencia en la familia, pero regalarle un carro nuevo a esa edad o prestarle una camioneta de lujo para ir a una fiesta y que manejen, sin supervisión ni limites, en estado inconveniente o tomar en el interior con los amigos es una irresponsabilidad por los riesgos que conllevan.
Muchos jovencitos y menores de edad confían en que papá les compraría otro carro o los ayudaría a salir del atolladero si chocan y atropellan a alguien. Ante esto no hay responsabilidad al conducir el vehículo.
Pero cuando ocurre la tragedia entonces surge la realidad y el problema para el joven. No es fácil salir de ese atolladero, pero se busca por todos los medios suavizar la tragedia y doblegar a las leyes.
Ahora bien, los accidentes no son al azar, por mala suerte o espontáneos, se construyen. La distracción, el chatear en el celular, manejar a alta velocidad, conducir con prisas y rebasando a cada momento para ganar la delantera, la negligencia al no reparar a tiempo algún desperfecto del carro o camión y manejar en estado inconveniente son causas de choques, volcaduras y tragedias, porque el vehículo se convierte en un arma letal.
Estas imprudencias que cobran vidas tienen consecuencias. No es posible dejar libre durante el proceso a alguien que en estado inconveniente cortó de tajo tres vidas. De esta manera la ley trastocada busca proteger al victimario y no a las víctimas.
En este caso, la misma jueza Silvia Pamela Cetina Bautista determinó que el imputado llevaría el proceso en libertad, a pesar de reconocer que “existen elementos suficientes para presumir su participación en los delitos de homicidio culposo, lesiones y daños en propiedad ajena”.
Si había elementos suficientes por el delito cometido ¿por qué se dictaminó la libertad durante el proceso? ¿Cuestiones políticas o económicas?
Sin embargo, ante las protestas de los familiares, amigos y ciudadanos la jueza dio marcha atrás y sustituyó las medidas cautelares antes imputadas y entró en vigor la prisión preventiva. ¿Acaso porque es candidata a magistrada o jueza en las elecciones del Poder Judicial?
Todos piden justicia para Ángel, Pamela y el bebé, quienes fallecieron por la imprudencia de un jovencito que manejaba en estado de ebriedad una camioneta de lujo, un vehículo en el cual no hay certeza en cuanto a la póliza de seguro y la factura que acredite la legítima propiedad. Esperemos que a la justicia no se le quite la venda, ni la parcialidad surja en este caso. Los ojos de la justicia, de los jueces y magistrados deben estar vendados para que los juicios y los dictámenes sean imparciales.
Todos deseamos magistrados y jueces honrados, justos e imparciales. Pero muchas veces el poder económico y el político doblegan a algunos. Aunque en breve se renovará a integrantes del Poder Judicial es lamentable que se hable ya de palomeados o personas seguras en un escaño como magistrados y jueces, cuando todavía no se realizan las elecciones. ¿En manos de quiénes estarán las leyes y la justicia? Muy pronto lo sabremos.— Mérida, Yucatán
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Profesor