La valiente denuncia por extorsión puesta en la Fiscalía del estado por los representantes del restaurante Sonora Grill en contra de algunos funcionarios del sector Salud, destapa esa red de extorsión que existe en esa dependencia y, de paso, le da un duro golpe a la política de honradez y contra la corrupción que tanto enarbola el actual gobierno.
No son nuevas esas tácticas ilícitas por parte de los inspectores de Salud. Es un secreto a voces que muchos restaurantes, bares, cantinas y centros nocturnos pagan cuotas semanales o mensuales para tener “protección” oficial y evitar multas, esto a pesar de que los establecimientos cumplan las normas establecidas.
De esta manera ejercen el cobro por “derecho de piso” al ofrecer “protección” y blindar al establecimiento de posibles multas que, incluso, pueden ser creadas como una forma de presión. Ante esto, los comercios ceden y esta actividad se convierte en un negocio millonario.
Sin embargo, la denuncia de Sonora Grill pone el dedo en la llaga, destapa la cloaca y el hedor envuelve a altas autoridades de Salud. ¿Cuántos funcionarios saben de estas prácticas de extorsión? ¿Cuántos se benefician de las cuotas que reciben por el cobro del “derecho de piso”?
Tres inspectores llegaron el vienes 12 de septiembre a las 10 de la noche al restaurante Sonora Grill: Marcos Tamayo Dávila, Hugo Gamboa Herrera y Jorge Ferral Piña. Actuaron con hostilidad y prepotencia buscando algo que sirviera para clausurar. Colillas de cigarros en macetas y falta de cloro en una cisterna, todo esto, fuera del comercio en cuestión, sirvió para la clausura.
Los representantes del restaurante acudieron el lunes 15 de septiembre a las oficinas de la Subdirección de Control y Fomento Sanitario, pero el titular no tenía la información. Regresaron el 17 y ya el Lic. Abraham Antonio Puch Cardeña estaba informado y tenía la solución: pagar una multa de $300 mil, dar una dádiva de $220 mil y un pago mensual de $30 mil para otorgar la “protección” y nadie les molestaría, de lo contrario, si no aceptaban las condiciones, se alargaría la clausura, y esto dañaría la economía de muchas familias.
No aceptaron caer en la red de corrupción y los representantes del local pagaron una multa de casi medio millón de pesos, pero al siguiente día acudieron a la Fiscalía del estado a poner una denuncia penal por el delito de extorsión, amenazas y lo que resulte contra esos malos funcionarios.
El gobierno federal y gobiernos estatales están luchando contra los grupos delictivos para acabar con estas extorsiones y cobros por “derecho de piso” a los comerciantes. Es más, recientemente en Ciudad de México se detuvieron al “Choko”, líder de la “Chokiza”, y al “Topo”, líder de la Unión Tepito. Ahora, detrás de las rejas, esperan las respectivas sentencias.
Resulta paradójico entonces que, aquí en la entidad, los que extorsionan y cobran “derecho de piso” sean funcionarios, personas con credenciales firmadas por las autoridades de Salud y con poder para levantar infracciones y clausurar un local, excepto que los dueños de establecimientos caigan en esa red de dádivas y así obtener la protección oficial.
Un negocio redondo en donde al parecer todos ganan, menos la honradez y la lucha contra la corrupción. Los restaurantes y los llamados giros negros pagan y laboran sin problemas y los inspectores y funcionarios aprovechan la credencial y el chantaje para obtener jugosas ganancias.
Quienes deben servir a la comunidad y a los ciudadanos operan de manera silenciosa y delictiva, chantajeando, amenazando y creando fantasías para clausurar. En vez de una llamada de atención al lugar, si hay alguna irregularidad, para decir: “pónganse al día, otro día regresamos”, van por la amenaza, la presión y el pago por protección.
El problema no es que los establecimientos tengan en regla los documentos y cumplan con las normas establecidas, sino lo preocupante es el chantaje, el cobro por “derecho de piso”, la extorsión, así el bar, el restaurante, la cantina y los centros nocturnos cumplan con todos los protocolos.
El restaurante Sonora Grill pagó una multa por nimiedades al no aceptar el chantaje, ni el pago de una mensualidad por protección. ¿Se le devolverá el dinero por este invento de irregularidades? Es más, como un acto de justicia, además de los castigos que reciban, los funcionarios involucrados en esta extorsión podrían devolver esa cantidad.
El gobernador Joaquín Díaz Mena señaló al respecto que “no hay cabida para la corrupción” y que estará pendiente de este caso. Aunque no señaló si estos funcionarios están separados del cargo mientras son investigados.
Cambiarlos de área, ascenderlos o simplemente cesarlos sería estimular la corrupción porque no hay sanciones ejemplares por estas acciones delictivas. ¿O no es delito grave la extorsión y la exigencia del pago por “derecho de piso”, más si son funcionarios de Salud?
¿Las autoridades de la secretaría de Salud no sabían de estos chantajes y extorsiones de sus inspectores y algunos subdirectores? ¿Es nuevo para ellos? ¿Qué harán ahora cuando salen a la luz estos ilícitos?
Urge desmantelar esta red de extorsiones y corrupción en el sector Salud. Esperemos que las leyes y la justicia se apliquen sin preferencias y que la impunidad no sea, una vez más, el escudo que proteja a los malos funcionarios.
Ojalá el gobernador Joaquín Díaz Mena y la presidenta de la Canirac delegación Yucatán, Claudia González Góngora, sigan de cerca este caso y levanten la voz con energía si ven que en la aplicación de las leyes hubo privilegios y se protegió a la extorsión.
Hay que cercenar muchas manos extorsionadoras en esa dependencia. Una transfusión sanguínea de honradez se requiere con urgencia para combatir la corrupción en Salud.— Mérida, Yucatán
Profesor