Después de más de dos años de lucha y de haber obtenido algunas resoluciones judiciales a favor, integrantes de la comunidad maya de Santa María Chí consiguieron que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausurara de manera total y definitiva la Granja Santa María, un mega centro de producción dedicado a la cría y engorda de cerdos que cuenta con 72 naves, tres biodigestores pero no con una planta de tratamiento para aguas residuales.
El pasado 9 de septiembre, la Profepa publicó un comunicado en el que señala que “de manera reiterada, la empresa [Pecuaria Peninsular] ha descargado de forma directa sus aguas residuales sin permiso para hacerlo”. La clausura se llevó al cabo “debido al incumplimiento reiterado de siete medidas correctivas”, entre ellas la ya mencionada descarga directa de aguas residuales sin permiso, así como “la omisión en la caracterización de sus lodos”.
La Profepa también informó que, con la clausura, “buscará que la granja se enfoque en la reparación de los daños ocasionados en la zona, a través de la elaboración de un estudio de daño ambiental y dando seguimiento al proceso de desmantelamiento y adecuado abandono del sitio”. La institución expresa en su comunicado que el caso de Santa María Chí “es fundamental para la Profepa” y que asegurará “que se cumpla su derecho al medio ambiente”.
Además del comunicado escrito, la Profepa publicó un video en donde su titular, Mariana Boy, da a conocer la noticia, y en el que también observamos fotos de sellos de clausura y los lodos producto de las descargas ilegales de la granja.
El pasado 6 de octubre, Alicia Bárcena, en su comparecencia ante las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Cambio Climático y Sostenibilidad de la Cámara de Diputados, informó que, se clausuró la granja porcíciola en Santa María Chí y se impuso una multa de más de 18 millones de pesos. La presidenta Claudia Sheinbaum también abordó el tema en su conferencia mañanera del 7 de octubre.
Aunque los términos de la clausura, “total” y “definitiva” pueden dar la idea de que la granja suspendería de manera inmediata sus operaciones, a más de un mes del comunicado de la Profepa, la empresa sigue operando de manera normal, según vecinos de Santa María Chí.
No sólo siguen saliendo camiones con cerdos de manera constante en la comunidad (hecho que, según las autoridades ambientales, está contemplado en la clausura). Los malos olores, las moscas y los moscos (que han aumentado), los problemas de salud, persisten en la comunidad. Un vecino informa que siguen inseminando a las cerdas y que éstas siguen pariendo, y que han estado metiendo a la granja cilindros donde se lleva el semen de los cerdos. En las madrugadas se sigue escuchando los gritos de los cerdos y cómo trepan a los animales a los camiones.
Además, integrantes de la comunidad han expresado que, hasta ahora, no les han informado sobre el proceso de desmantelamiento y abandono de la granja, ni tampoco sobre la reparación de daños.
Recordemos que la movilización en contra de la granja Santa María inició en mayo de 2023 debido a las quemas de estiércol de cerdos que la empresa Pecuaria Peninsular realizó dentro de la granja. En un expediente de la Profepa (PFPA/3.2/2C.27.1/00022-21), la representante legal de Pecuaria peninsular informa que el 3 de abril de 2023 “se suscitó un incendio dentro del complejo de granja para cría y engorda de ganado porcino denominado ‘Granja Porcícola Santa María’, afectando una extensa superficie de las instalaciones”, el cual sólo hasta el 13 de mayo “se pudo terminar completamente con la sofocación de los puntos calientes”. Mientras tanto, durante más de un mes, la comunidad de Santa María Chí estuvo respirando gases tóxicos, que agravaron casos de faringitis, pulmonía y otras enfermedades respiratorias, así como dolores de cabeza, irritación en los ojos, garganta y piel. Hasta ahora, ninguna autoridad se ha hecho responsable de este siniestro, ni se han reparado los daños.
Hasta el momento, ni la Conagua ni el Ayuntamiento de Mérida han anulado los permisos y licencias que han otorgado a Pecuaria peninsular, a pesar de la clausura por parte de la Profepa.
Respecto a la contaminación del agua, una semana después del anuncio de la clausura, la presidenta municipal de Mérida informó que Santa María Chí contará con un nuevo sistema de agua potable y con la reperforación de un pozo de agua que ya existe o perforación de uno nuevo. Actualmente, el cárcamo de agua de la comunidad, con un pozo de 18 metros, está a unos 650 metros de los galerones donde están los cerdos, y un análisis de agua identificó la presencia de la bacteria salmonela en el agua. La única medida que han tomado las autoridades ha sido clorar más el agua. En contraste, los pozos que suministran agua para los cerdos de la granja son de entre 50 y 60 metros, profundidad que garantiza un agua más limpia.
La construcción de un nuevo pozo es una de las demandas que la comunidad de Santa María Chí ha exigido en estos años y su construcción es, sin duda, bienvenida. Lo deseable sería la participación de la comunidad en todo este proceso. Sin embargo, resulta mucho más compleja la reparación de daños de la contaminación del agua subterránea por las descargas residuales de la granja porcícola, ya que, como han documentado diversos estudios, la conectividad, las fracturas, entre otras características de los acuíferos kársticos, hacen muy difícil la reparación de daños de contaminación, por lo que la mejor política es la prevención.
La alcaldesa también señaló que está atenta a los procesos legales respecto a la clausura y a la mudanza de la granja a otro lugar, tema que también ha sido señalado por el gobernador Joaquín Díaz Mena. Esta es una cuestión que preocupa a especialistas y personas defensoras del agua, pues no resuelve el problema de contaminación, sino que sólo lo traslada a otro sitio. En este sentido, ha generado preocupación el reciente anuncio de una nueva mega granja porcícola, de 24 mil cerdos, en el municipio de Tekantó, el cual se ubica en los alrededores del Anillo de cenotes, una región extremadamente vulnerable a la contaminación del agua.
Finalmente, también resulta alarmante que, unas semanas después del anuncio de la clausura de la Granja Santa María, Wilberth Nahuat, subcomisiario de Santa María Chí, fuera citado nuevamente por el Juzgado Segundo de Control del Primer Distrito Judicial a una audiencia el día 13 de octubre, para continuar con el proceso iniciado en su contra por la empresa Pecuaria peninsular, la cual lo denunció por privación ilegal de la libertad y daño a propiedad, debido a su labor de defensa de derechos de su comunidad.
Se trata de un claro caso de criminalización de la protesta y de la defensa de los derechos humanos, que ha sido repudiado por organismos de derechos humanos, como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Desde este espacio, me sumo a los llamados para que la Fiscalía General del Estado interrumpa el procedimiento abierto contra Nahuat, y que el Juez de control, Santos Alfredo May Tinal, considere el contexto de graves violaciones de derechos humanos en el que tuvo lugar la protesta de los habitantes de Santa María Chí —acciones que ya ha reconocido la Profepa— y que lo aborde como un caso de criminalización de la defensa. El juez tiene oportunidad de dar marcha atrás a uno de los grandes atropellos a los derechos humanos en Yucatán y contribuir a hacer justicia para Santa María Chí y nuestro estado.— Mérida, Yucatán
rodrigo.llanes.s@gmail.com
Investigador del Cephcis-UNAM