Dulce María Sauri Riancho: Del federalismo negociado al castigo presupuestal

Las declaraciones de Luisa María Alcalde, presidenta de Morena, revelan con una nitidez poco habitual la profundidad de la regresión democrática en curso. Ante legisladores locales de su partido, Alcalde fue categórica: en los estados donde Morena es oposición —Aguascalientes, Chihuahua, Guanajuato, Querétaro, Coahuila, Durango, Jalisco y Nuevo León— los diputados de Morena y aliados deben votar en contra de los presupuestos estatales para 2026. La razón, explicó, es sencilla: esos gobiernos votaron contra el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF). “Es una posición de Morena”, dijo. “Lo que no puede pretender la Oposición es votarle en contra del presupuesto a la Presidenta… y luego pensar que en sus entidades federativas nosotros sí tenemos que aprobarles el presupuesto, es el colmo”.

No se trata de una frase suelta, ni de un exabrupto. Es la verbalización cruda de una lógica política que no deberíamos normalizar: la de convertir los presupuestos públicos en instrumentos de castigo partidista. Alcalde no describe un desacuerdo democrático, sino un mecanismo para “disciplinar” discrepancias que contradice las bases mismas del federalismo cooperativo construido en México durante las últimas cuatro décadas. El mensaje es claro: quien no se alinea, paga. Y quien gobierna un estado de otro partido, paga doble.