Coyunturalmente vinculada con la reforma electoral que propondrá la presidenta Claudia Sheinbaum, hay una necesaria modificación constitucional que ha concitado la coincidencia de consejeros y magistrados electorales, así como diversas voces del ámbito político: el diferimiento de los segundos comicios judiciales, previstos para junio de 2027.
Las autoridades electorales han señalado la gran dificultad logística y organizativa que implica la confluencia —el mismo día— de comicios legislativos federales, locales ordinarios en las 32 entidades federativas y judiciales, pero no solamente es un grave asunto de logística, sino conlleva —sobre todo— una verdadera agresión al electorado y una previsible votación escasa para la elección de juzgadores.
Ya desde junio de 2025 expliqué que una elección judicial en la fecha previstas para 2027 es inviable y resultaría un despropósito llevar a que el ciudadano simultáneamente elija 500 diputados federales, 17 gobernadores, miles de munícipes y diputados locales y, además, magistrados y jueces federales y locales, así como magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y de los tribunales comiciales de las entidades federativas. Un menú que seguramente produciría indigestión ciudadana o abstención, o ambas cosas.
Cierto que los juzgadores locales no serán elegidos en todos los estados, pero eso no es consuelo, porque donde sí haya comicios judiciales, es fácil prever que muchos votantes se abstendrán de sufragar por cargos judiciales, como ya ocurrió en Durango y Veracruz, al coincidir comicios locales ordinarios con la elección de juzgadores.
En una reciente conferencia matutina de prensa, la presidenta Sheinbaum reconoció la dificultad de tal confluencia y citó los ejemplos de escasa votación en Durango y Veracruz, pero lo atribuyó a la dispersión de las casillas. Sin duda esa dispersión es un freno para los sufragantes, pero, aunque todas las casillas estuvieran en el mismo lugar, a nadie se le oculta el alto número de boletas que recibiría el ciudadano. En esas condiciones, el votante tendría que elegir entre candidatos judiciales a quienes no solamente desconoce, ni siquiera ha oído nombrar.
Entre las muchas propuestas recabadas y recibidas sobre la próxima reforma electoral, figura el diferimiento de los comicios judiciales. Es un imperativo que cabe esperar sea acordado por unanimidad en el Congreso de la Unión. Por lo pronto, en la mencionada mañanera, la Presidenta señaló la conveniencia de analizar la postergación y hasta el mediodía del miércoles 14 no se había anunciado sí habrá cambio de fecha.
A propósito de la elección judicial, el Instituto Nacional Electoral (INE) ha planteado -además de su diferimiento- una serie de propuestas de diferente índole, la mayoría atendibles, de cara al fortalecimiento de los polémicos procesos para designar a juzgadores.
Presupuestos del INE
El lunes 12 de enero, el Consejo General del INE entregó formalmente sus propuestas institucionales a la Comisión Presidencial de la Reforma Electoral, presidida por Pablo Gómez.
Al hacer la entrega, los consejeros, encabezados por Guadalupe Taddei, propusieron crear una fórmula para evitar recortes presupuestales, en consonancia con la autonomía del instituto. Prontamente, Pablo Gómez rechazó la solicitud.
En realidad, el procedimiento previsto en la Constitución es correcto: el INE envía su proyecto de presupuesto al Ejecutivo y éste, sin tocarlo, lo integra al proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) que se envía a la Cámara de Diputados, la cual aprueba integralmente el presupuesto del INE o lo recorta (también podría aumentarlo en teoría).
Es importante que todos respeten el procedimiento y esto viene a cuento porque, pese a no tener atribuciones para ello, la Secretaría de Hacienda hizo en 2025 un recorte al proyecto presupuestal del INE para este año y, aunque era obvio el recorte, es importante que se respeten las formas legales.
Durante largo tiempo, el INE se acostumbró a nadar en la abundancia, pues la Cámara aprobaba integralmente o con algunas pequeñas reducciones el proyecto presentado por el órgano electoral. La situación dio lugar a excesos, particularmente porque el INE proyectaba su presupuesto con “colchones” previstos por las áreas, los cuales al final formaban un “king size” tan grande que en el último trimestre del año, el órgano electoral se dedicaba a gastar sin ton ni son porque le sobraba dinero. La situación cambió, sobre todo con la llegada de la 4T y su austeridad.
En resumen, el procedimiento presupuestal previsto para el INE es correcto, pero si bien es necesario racionalizar su gasto, también es cierto que no debe aplicársele recortes arbitrarios en la Cámara y menos aún en la Secretaría de Hacienda.
Periodista