La presidenta Claudia Sheinbaum declaró que enviaría este martes 24 de febrero su iniciativa de reforma electoral. Si lo hizo, encontrará un contexto político distinto al de hace apenas unos días. El abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, no clausura la violencia que impera en el país ni resuelve el problema estructural de la seguridad, pero sí produce un efecto político inmediato: refuerza la imagen de autoridad del Estado y empodera, aunque sea de manera transitoria, a la titular del Ejecutivo. En política parlamentaria, ese momento importa. No por su duración, sino porque es el clima bajo el cual se toman decisiones.
Más allá del contenido de la reforma —que merece un análisis específico— lo relevante ahora es entender cómo puede aprobarse. No qué dice la iniciativa, sino cómo se ejecuta una decisión política cuando existe la fuerza para hacerlo. Porque en esta ocasión el debate central no está en el diseño normativo, sino en los procedimientos parlamentarios que permiten imponer una mayoría.
Desde 2019, todos los intentos de reforma electoral impulsados desde el poder han compartido un mismo eje discursivo: la austeridad. Reducir el costo de las elecciones, disminuir el financiamiento público a los partidos, “aligerar” la estructura —mal llamada burocrática— del INE y abaratar la organización de los comicios. Asociada a esa lógica aparece, casi de manera automática, la reducción del número de legisladores de representación proporcional, hasta su virtual desaparición. No se trata de una novedad técnica, sino de una reiteración política que convierte a los llamados plurinominales en símbolo de exceso y no en mecanismo de inclusión.
El primer intento serio de reforma, en 2019, reveló una tensión que sigue vigente. El Partido del Trabajo votó junto con la oposición en contra de la reducción del financiamiento público a los partidos. No fue una abstención ni una duda técnica: fue un voto en contra. La reforma electoral mostró desde entonces su capacidad para fracturar al bloque gobernante antes incluso de enfrentar a la oposición. Para los partidos aliados, la austeridad tiene un límite: su propia sobrevivencia política.
En 2022 el escenario era todavía más claro. No había mayoría calificada para reformar la Constitución y el presidente de la República lo sabía. Por eso se gestó el llamado Plan B: intentar modificar por la vía legal lo que no podía cambiarse constitucionalmente. No fue una improvisación, sino una admisión tácita de límites. La Suprema Corte de Justicia declaró procedente la acción de inconstitucionalidad promovida por los partidos de oposición y frenó la intentona. La Constitución no se podía tocar… todavía.
El 5 de febrero de 2024, López Obrador presentó 20 iniciativas de reforma constitucional. No aspiraba a que prosperaran legislativamente; buscaba imponer agenda, fijar el marco de la campaña y comprometer políticamente a quien habría de sucederlo. Claudia Sheinbaum hizo suyas todas las iniciativas. Con el nuevo Congreso, dominado constitucionalmente por Morena, las reformas comenzaron a aprobarse una tras otra, incluida la más polémica: la del Poder Judicial. Solo quedó pendiente la reforma político-electoral.
Desde 1977, año de la primera y más profunda reforma político-electoral, nunca el partido en el gobierno había decidido reformar el sistema solo, sin la oposición. Las reformas de 1989-1990, 1996 y 2014 fueron resultado de presiones opositoras y concesiones del poder. El ciclo democrático se construyó cediendo. Hoy, el rasgo distintivo es otro: imponer.
Sin unidad no hay táctica
Antes de entrar al terreno de la táctica parlamentaria conviene hacer explícita una premisa básica: Morena debe conservar la unidad efectiva de su grupo parlamentario. No basta con tener mayoría constitucional en el papel; se requiere control político sobre expectativas de reelección, candidaturas futuras y trayectorias personales. Sin esa unidad, el análisis sería un ejercicio aritmético. Con ella, se convierte en política aplicada.
Escenario 1. No ceder: ruptura administrada.
Bajo esa condición se abre un menú realista de decisiones, cada una asociada a una táctica legislativa distinta. La presidenta puede optar por no ceder nada sustantivo a sus aliados y administrar una ruptura. En ese escenario, la táctica es clara: unidad total de Morena en el pleno y ausencia acordada del PT y el Verde. Morena hace quórum por sí sola y aprueba con dos terceras partes de los presentes. Los aliados no votan en contra, simplemente no están. “Salvan la cara”, pasa la reforma y no hay ruptura formal. El pago político puede diferirse, con un “abono” inmediato: la elección de tres consejeros del INE antes del 4 de abril ofrece margen para compensaciones sin ceder el control.
Escenario 2. Ceder poco: reforma diferida.
Este escenario supone una cesión acotada. Los aliados acompañan la reforma a cambio de diferir su aplicación hasta después de la elección de 2030. La ley se aprueba, pero sus efectos estructurales se postergan. La táctica aquí cambia: presencia plena del bloque gobernante, votación abierta y narrativa de consenso interno. Es el camino institucionalmente más ordenado, pero también el más vulnerable al paso del tiempo.
Escenario 3. Comprar cohesión: el gran trueque.
El tercero es el más clásico y el más costoso: un gran intercambio político. Candidaturas aseguradas, blindaje del piso del financiamiento público y una reducción drástica de recursos a los partidos grandes, comenzando por Morena, para sostener la narrativa de austeridad. La táctica legislativa es la más cómoda: bloque cohesionado, mayoría holgada y capacidad de administrar disidencias sin riesgo para el resultado. El precio es alto y se continuará pagando durante todo el sexenio.
De la decisión a la táctica
Los tres escenarios son distintos, pero comparten una constante: la táctica parlamentaria no precede a la decisión política; la ejecuta. Quórum, dos terceras partes de los presentes y ausencias estratégicas no son trucos aislados, sino instrumentos que solo funcionan cuando existe conducción política. La reforma electoral no depende solamente de cuántos votos hay, sino de quién controla a quienes los emiten.
A partir de este punto, la discusión sobre el INE se vuelve inevitable. El próximo 4 de abril concluye el mandato de Dania Ravel, Claudia Zavala y Jaime Rivera como consejeros electorales. La Cámara de Diputados tiene mayoría constitucional para nombrar a sus sustitutos… o para no hacerlo. Con reforma o sin ella, el árbitro electoral enfrenta una total “colonización” que ya no depende del texto legal, sino del control de los nombramientos —o de su omisión deliberada—.
Al final, la reforma electoral puede aprobarse sin consenso, sin aliados convencidos y sin una oposición con capacidad de veto. No por una anomalía del sistema, sino porque así lo permiten las reglas del procedimiento parlamentario. La política, reducida a técnica; el acuerdo, sustituido por el quórum; el consenso, reemplazado por la disciplina. Quizá no sea el espíritu de las reformas que abrieron el sistema desde 1977, pero sí es el método de una época y un régimen que ya no se siente obligado a disimular.
En un segundo artículo abordaré el contenido de la iniciativa presidencial y su contraste con una iniciativa ciudadana de reforma electoral que, paradójicamente, sí cumplió con todos los requisitos constitucionales. Porque si este primer texto trata sobre cómo se decide, el siguiente tendrá que preguntar qué se decide… y a quién se escucha.— Mérida, Yucatán
dulcesauri@gmail.com
Licenciada en Sociología con doctorado en Historia. Exgobernadora de Yucatán