Cuando el centralismo se impuso en el siglo XIX bajo Antonio López de Santa Anna con las Siete Leyes, Yucatán respondió afirmando su autonomía y constituyéndose como la República de Yucatán. Fue una defensa del pacto federal frente a la concentración del poder.
La incorporación de Yucatán al modelo centralista del IMSS-Bienestar ha sido presentada como el inicio de una “nueva etapa” para la salud pública, sin duda una decisión de trascendencia institucional. No es solo un convenio administrativo. Es la transferencia de infraestructura, personal, presupuesto y control operativo del sistema estatal de salud al gobierno federal. Sin embargo, más allá de la narrativa oficial, la decisión implica un cambio profundo.
Significa concretamente: Yucatán dejaría de decidir sobre uno de los pilares fundamentales de sus políticas públicas.
El sistema federal no es una formalidad constitucional; es un equilibrio real de poder.
El pensador James Madison, figura clave del federalismo estadounidense, propuso una república extensa con separación de poderes y contrapesos y advertía que la libertad se protege fragmentando el poder, no concentrándolo, buscando el equilibrio entre la autonomía estatal con la unión nacional.
Cuando funciones esenciales como educación y salud se trasladan progresivamente al centro, el estado pierde capacidad sustantiva y el federalismo se convierte en etiqueta sin contenido. El federalismo no es un obstáculo administrativo; es un sistema de contrapesos que impide el abuso del poder. La cuestión en sí, al trasladar la rectoría operativa y presupuestal, es que se reduce la capacidad de decisión local sobre una infraestructura construida y sostenida históricamente con esfuerzos propios.
Además, Yucatán no parte de una situación de colapso sanitario, ni mucho menos de desprotección hacia los usuarios.
De acuerdo con indicadores federales de desempeño en salud pública y mediciones nacionales de pobreza multidimensional, el estado ha mantenido históricamente niveles de cobertura médica, control epidemiológico y acceso a servicios por encima del promedio nacional en distintos rubros, particularmente en atención primaria y vacunación ya que cuenta con más de 140 centros de atención directa, una amplia red hospitalaria y estructura especializada de primer nivel.
No surgieron de la improvisación federal, sino del esfuerzo institucional local. Además, durante décadas las instituciones de salud en el estado han sido referente médico del sureste mexicano. No solo atiende a su población; recibe pacientes de toda la Península y de estados aledaños incluso hasta de Belice. Esa posición es el resultado de infraestructura especializada por el esfuerzo y vocación médica y capital institucional acumulado históricamente desde la independencia de Yucatán. Presentar la transición como respuesta a un rezago, desatiende a una realidad verificable: La Secretaría de Salud del estado de Yucatán (SSY) no partía del abandono, sino de una estructura perfectible pero funcional.
El debate, entonces, no es técnico. Es constitucional. La Federación se plasma en nuestra Constitución y se garantiza en los artículos 40o. y 73o. en los cuales se establece la concurrencia y cooperación entre poderes; pero cooperación no significa sustitución, tampoco coordinar significa absorber. Se clarifica que los estados conservan recursos, capacidad de decisión, es decir: Poder propio como una condición inequívoca para la estabilidad democrática.
Renunciar a la rectoría de salud del estado no es modernizarse.
No se trata de afirmar perfección. Se trata de reconocer que existe una base funcional que ha dado resultados comparativamente sólidos. Centralizar no garantiza mejora. Sí garantiza pérdida de autonomía.
La uniformidad puede invocarse en nombre de la igualdad, pero cuando elimina la capacidad local de decisión, debilita el pacto federal que sostiene la República.
La pregunta no es si el programa tiene buenas intenciones.
La pregunta es si Yucatán debe ceder permanentemente una facultad esencial que forma parte de su responsabilidad constitucional.
Cada cesión reduce un espacio de autonomía.
Cada concentración fortalece al centro.
Es alterar el equilibrio que garantiza libertad, responsabilidad y pluralidad institucional.
Cada competencia que se traslada sin debate profundo modifica el equilibrio del pacto federal.
La historia yucateca enseña que el federalismo no se defiende cuando ya está debilitado; se defiende antes y sabemos que el equilibrio no se rompe de golpe: Se diluye gradualmente cuando las competencias se trasladan sin un debate profundo.
El debate está abierto y vale la pena darlo antes de que las decisiones sean irreversibles.
Yucatán tiene memoria histórica.
¿Tu cómo lo ves?— Mérida, Yucatán
Exdiputada