El feminicidio fue incorporado a la legislación mexicana en 2007 a partir de la iniciativa impulsada por la entonces diputada Marcela Lagarde. Apenas había sido aprobada la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Y ninguna violencia es más extrema que la privación de la vida. El nuevo tipo penal reconoció que la violencia extrema contra las mujeres no podía seguir siendo tratada como un homicidio más, sino como un fenómeno con raíces específicas.
Sin embargo, casi dos décadas después, el feminicidio no es un tipo penal uniforme en el país. Cada entidad federativa lo ha definido con matices distintos, con requisitos probatorios desiguales y, en algunos casos, con obstáculos que dificultan su acreditación. El resultado ha sido una fragmentación que debilita la procuración de justicia.
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